Juristas, alumnos y sindicatos critican las reformas universitarias de Castells

El estrafalario ministro recibe críticas por muchos frentes y aplaza la reunión que tenía previsto celebrar este miércoles con los rectores de CRUE.

Alumnos y sindicatos acusan al ministro de querer cargarse la democracia interna de las universidades. Varios juristas y abogados afirman que su intención de priorizar la contratación de mujeres cuando estas tengan condiciones similares a las de los hombres, es inconstitucional.

El Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) este martes y las críticas de algunos sectores de la comunidad universitaria no se han hecho esperar. Incluso sectores vinculados a la izquierda política han criticado ciertas medidas como la nueva forma de elección de rector o los requisitos para ocupar el cargo.

Rectores y expertos advierten de la inconstitucionalidad de dar preferencia a contratar a mujeres en las universidades. Los críticos piden que se hable únicamente de méritos y valía, no del sexo de los candidatos.

Juristas abogados y rectores consideran que el borrador de la ley, que ayer pasó por la primera lectura del Consejo de Ministros, muestra «indicios de inconstitucionalidad».

El concepto de dos candidatos en pie de igualdad en los concursos es imposible, siempre hay un candidato mejor y otro peor. Plantean una hipótesis de laboratorio.

Esto opinaba para El Mundo Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. En su opinión, la norma es inconstitucional y supone una violación del principio de igualdad de oportunidades.

Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, ha recordado: «Una regla absoluta de preferencia de las mujeres frente a los hombres fue declarada contraria al derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia Kalanke.

Enésima ley educativa desprovista de consenso.

Castells ha insistido en que, para la redacción de las leyes, su departamento había consultado «a múltiples actores, todos los órganos colegiados competentes en el sector universitario, rectores, estudiantes, agentes sociales y todos los grupos parlamentarios». Sin embargo, sus detractores le acusan de todo lo contrario.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciase no haber sido consultada para abordar el borrador que irá al Congreso de los Diputados tras el ‘sí’ del Gobierno. Algo parecido han esgrimido otros sindicatos como Comisiones Obreras e, incluso, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

La Federación de Enseñanza de CCOO es muy tajante:

El Ministerio de Universidades presenta una nueva ley que reduce la democracia interna y empeora la Educación Superior. El anteproyecto no ha sido consultado, y mucho menos negociado, con los agentes sociales.

La reforma del Gobierno contempla la posibilidad de que la elección del rector se realice por un comité de 20 personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la universidad.

La reforma de Castells ha recibido críticas por parte del estudiantado universitario integrado en CREUP. Esta considera que la LOSU supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades.

Castells aseguró que los estudiantes eran «la razón de ser de la universidad». Los de la CREUP sin embargo, consideran que su ley supone una merma de derechos estudiantiles, viéndose significativamente reducida a su vez su participación en la democracia interna universitaria.

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