Juez de Oviedo anula la multa a una mujer por salir durante el estado de alarma e impone costas al Gobierno

Un juez de Oviedo ha anulado la multa impuesta por la Delegación del Gobierno en Asturias a una mujer por haber salido de casa durante el primer estado de alarma.

También ha condenado a la Delegación a pagar las costas

Ha recordado el fallo del Tribunal Constitucional y declarado que los derechos fundamentales de los ciudadanos fueron:

«Ilegítimamente cercenados».

HECHOS

Según la información encontrada en la multa, la mujer estaba incumpliendo la prohibición de transitar por la vía pública el 17 de marzo de 2020 en el Parque de Invierno de Oviedo.

Agentes de policía aseguraron que la mujer ignoró sus indicaciones y les contestó que:

«A mí nadie me dice lo que tengo que hacer ni dónde ir. Voy donde me da la gana. No sois autoridad ninguna».

En un principio, se le impuso una multa por desobediencia de la ley de Seguridad Ciudadana de 1.200 euros

Recurrió por vía administrativa y se la rebajaron a 100 euros, pasando de desobediencia a falta de respeto.

No obstante, la mujer volvió a recurrir

Representada por el abogado del despacho Legis Abogados, Daniel Prieto, señaló que no era cierto que hubiese dicho eso y en todo caso, tampoco habría sido constitutivo de una falta de respeto.

El magistrado le ha dado la razón y apoyado sus argumentos en jurisprudencia nacional e internacional y además señalado que los agentes no pueden interpretar subjetivamente lo que constituye una falta de respeto.

Contra la sentencia no cabe recurso

El juez ha concluido afirmando que:

«No puede considerarse que la actitud de la mujer que recibió la multa merezca reproche alguno».

«Si bien sus expresiones pueden considerarse como poco afortunadas, hay que tener en cuenta el momento temporal en el que se produce, y frente a unos agentes que le impedían dirigirse a realizar la compra de alimentos donde la recurrente tenía por conveniente».

Así pues, ha anulado la multa e impuesto costas a la Delegación del Gobierno con un máximo de 500 euros.

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