Cristina Díaz, titular del Juzgado de instrucción número 29 de Madrid, ha imputado a Pilar Benito, jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional por intentar expoliar bienes del Pazo de Meirás a los Franco.
Benito va a ser investigada por los posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad en documento público, estafa procesar y falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial.
Hace tan solo una semana, la Audiencia Provincial de La Coruña dejaba sin efecto la medida cautelar acordada a petición de la Administración y sentenciaba al Estado a devolver todos los bienes del Pazo de Meirás a los Franco e indemnizarles por los daños y perjuicios que les hubiera causado la incautación. La querella se ha presentado a raíz de ésta sentencia judicial.
QUERELLA
La querella presentada por los Franco dice así que se debe investigar «hechos que pudieran ser constitutivos de delito, debiendo incoarse diligencias previas para la averiguación de la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento».
Según su testimonio, el 27 de noviembre de 2020, Benito, «extralimitándose en sus funciones y sin que mediara orden o resolución judicial habilitante, elaboró el ‘Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás’. Dicho informe afirmaba «indubitadamente, que los bienes muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás proceden, sin género de dudas, de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público».
«Aquella indubitada afirmación choca frontalmente con la realidad, en tanto en cuanto aquellos muebles no pertenecen a Patrimonio Nacional«.
En el informe, Benito sostiene que una serie de bienes entre los que se encuentran muebles, vajillas o tapices «claramente fueron creados para su adorno en los primeros años de uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del entonces Jefe del Estado. Todos ellos fueron realizados por la ya mencionada Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas Agrupadas, a excepción de una alfombra tejida en la Real Fábrica de Madrid».
A raíz de esto, insistía que la producción de la Fundación Generalísimo Franco sería Patrimonio Nacional «implícitamente». Sin embargo, los Franco señalan que omitió «conscientemente, que mediante la Ley 23/1982 de 16 de junio, reguladora de Patrimonio Nacional la citada Fundación Generalísimo Franco de Industrias Artísticas Agrupadas quedó excluida del ámbito de aplicación de dicha ley y de su paraguas regulador y del precitado ente público».
Han hecho hincapié también, en el hecho de que el Juzgado sólo ordenó la realización de un inventario de la totalidad de los bienes existentes en el Pazo de Meirás, tanto los interiores, como los exteriores.
Por lo tanto, continúan afirmando que «las funciones de la querellada, en aquella diligencia de inventario, eran las de auxilio a los técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia. No existe resolución judicial que ampare la actuación de la querellada fuera de las funciones de auxilio dispuestas, por lo que la elaboración de un dictamen pericial o anejo al mismo, distinto de lo ordenado, supone una extralimitación de la actuación encomendada».
«La querellada no formó parte del meritado grupo de especialistas a instancias de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de los de este partido, sino que su intervención en aquellos autos fue a instancias de la Abogacía del Estado, en labor de auxilio a los peritos judicialmente nombrados y su nombre fue propuesto sorpresivamente en el propio acto de inventario de bienes muebles del Pazo de Meirás, por lo que dicha afirmación es incompatible con la verdad«,