Hacienda lleva a cabo unas tasaciones absurdamente elevadas

Distintos críticos y asociaciones critican que algunas tasaciones de los servicios tributarios duplican el precio de compra y tienen, por tanto, un claro afán recaudatorio

La ley antifraude de este gobierno formalizó estas valoraciones catastrales y sería culpable de esta subida generaliza de las tasaciones. Al parecer, algunos peritos ni siquiera visitan las haciendas o viviendas, sino que les echan un ojo por medio de programas como Google Earth y Google Street View.

Las Haciendas autonómicas exigen impuestos con base en tasaciones de los inmuebles mucho más elevadas que el precio real de compra, lo cual supone una medida altamente confiscatoria.

Los cambios introducidos en la ley antifraude causa notables efectos en la valoración de las viviendas que perjudican a un gran número de ciudadanos. En algunos casos,  la tasación de Hacienda supera en más de un 68% el valor de compra. Se han dado casos concretos en los que Hacienda casi duplica el valor de una compraventa de inmueble.

La nueva ley contra el fraude fiscal está teniendo este tipo de consecuencias. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas.

En contra del criterio del Tribunal Supremo, se normaliza que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia, calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y excede el verdadero precio de mercado del inmueble.

Inversión de la carga de la prueba

Como ocurre en el caso de la «violencia de género», en lo relativo a Hacienda también se invierte la carga de la prueba. Si el valor de referencia es superior al precio o valor escriturado el contribuyente primero tiene que pagar sobre aquel valor, y luego impugnarlo.

De este modo, el ciudadano se ve obligado a gastar dinero en tasadores y asesores, para tratar de probar que el valor de mercado es inferior y recuperar lo pagado de más.

«Antes pagabas los impuestos sobre el precio por el que comprabas, el precio escriturado, y si Hacienda consideraba que habías comprado barato o muy barato, y que el valor real era superior, ellos tenían que demostrar que era así. Y tenían que comprobar el valor bien. El Tribunal Supremo fue muy estricto, rechazando sistemas de aplicar coeficientes sobre valores catastrales, exigiendo la visita de un perito al inmueble», explica Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence.

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar.

Antes de la entrada en juego del valor de referencia del Catastro como base imponible mínima de los impuestos patrimoniales, uno de los argumentos de los contribuyentes a la hora de reclamar es que nadie ha visitado el inmueble, como exige el Supremo, para hacer una pericial. Y en muchos casos, cuando los tribunales anulan esas comprobaciones, algunas Haciendas responden que la visita se realizó «por medios telemáticos», adjuntando una foto de ‘Google Maps’ en la que aparece la vivienda.

Aunque la ley prohíbe expresamente que el valor de referencia pueda superar el valor de mercado, para no vulnerar el principio de capacidad económica, el Valor de Referencia catastral permite a las Haciendas autonómicas exigir más impuestos sobre valores de los inmuebles superiores a los reales o de mercado, ignorando los escriturados.

«Esto invierte la carga de la prueba. Aunque compres por 300, si el valor de referencia del catastro son 400, tienes que pagar primero sobre ese valor de referencia, y luego ya pruebas tu que el valor de mercado era inferior. Primero paga», afirmaba Alejandro del Campo para un artículo de El Economista.

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