Facturas revelan que el PSOE valenciano se benefició de una trama de corrupción, aceptando sobornos y posible financiación ilegal

Facturas revelan que el PSOE valenciano se benefició de una trama de corrupción, aceptando sobornos y posible financiación ilegal

La Fiscalía cree que las facturas desveladas en el sumario del caso son falsas y encubren sobornos a cargos socialistas a cambio de adjudicaciones urbanísticas y una posible financiación ilegal del partido.

IMPLICADOS

La llamada operación Azud ha salpicado a Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno en Valencia, y a José María Cataluña, ex responsable de las finanzas del PSOE de Valencia. También involucrado y como persona clave, está el abogado José Luis Vera, vinculado históricamente con el socialismo valenciano.

Vera habría ejercido durante años como intermediario entre la trama de corrupción y los cargos del PSOE

Las facturas que han sido descubiertas llegan a los 1,3 millones de euros, presuntamente cobrados por Vera entre 2007 y 2012. El sujeto que habría pagado tales cifras es el empresario Jaime Febrer, principal investigado en el caso, quien además habría sobornado durante años a cargos socialistas para conseguir desarrollos urbanísticos.

Su abogado es Manolo Mata, hasta hace dos semanas número dos de Ximo Puig como vicesecretario general y portavoz en las Cortes autonómicas del PSOE valenciano. Tras salir a la luz que visitó en la cárcel a Febrer y verse obligado a anunciar que le defendería, sufrió meses de presiones internas que finalmente le forzaron a dimitir de sus cargos y dejar su escaño.

La documentación incautada en los registros domiciliarios, según indican las fuentes, revela las:

«Supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias» (entre empresario y abogado) 

Según indica la misma juez, todo para dar apariencia de legalidad a lo que realmente eran «servicios inexistentes»

Cabe recordar también que en la primera fase de la operación Azud el PP también estuvo implicado puesto que Febrer utilizó la misma operativa con el cuñado de la ex alcaldesa Rita Barberá, José María Corbín, a fin de introducirse en Valencia en la última etapa del mandato del PP.

EL INTERMEDIARIO Y LAS FACTURAS «FICTICIAS»

Según el fiscal, Vera:

«Aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero».

Febrer firmaba con Vera:

«Contratos de servicios en los que se especificaba de forma muy laxa los trabajos a realizar».

Posteriormente, Vera creaba una factura «ficticia» con el concepto de «minuta de honorarios por trabajos realizados».

Así, los investigadores han logrado incautar numerosas facturas emitidas por Vera mensualmente por 3.000 euros más IVA, en las que el cliente era una de las empresas de Febrer.

El Mundo revela además que hay facturas de 2.726 euros libradas mensuales en 2008 en pago por la participación de Vera en el «consejo asesor» de la mencionada empresa.

Paralelamente, Vera cobraba trimestralmente del PSPV:

«En virtud de contrato suscrito de fecha 1 de enero de 2009» por los «servicios jurídicos prestados».

El despacho de Vera compartía domicilio con el de Virgilio Latorre, otro abogado con relaciones históricas con el socialismo valenciano. Joan Ignasi Pla, ex líder del PSPV, firmó un contrato en 2004 -que también es parte de la documentación- con su empresa Na Jordana Luris.

Pla, que no está imputado, era el secretario general del PSPV en 2007.

Latorre fue además cliente de Vera, tal y como muestran las facturas de 2008 a 2011 y también letrado del socialista Rafael Rubio.

La Fiscalía cree que pudo llegar a haber cobrado 750.000 euros en metálico por guardar silencio sobre la trama durante su etapa como portavoz socialista y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia.

La juez concluye:

«Teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el Grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE».

REAPERTURA DEL CASO DE PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Así, el caso de presunta financiación irregular -supuesto delito electoral junto con el del Bloc- del PSPV en los comicios de 2007, archivado pese a los indicios tras ser investigado en 2018 por varios juzgados porque estaba prescrito, vuelve a la palestra.

En estos momentos, Pla es directivo de una empresa dedicada a la gestión de residencias llamada Gesmed, que salió en los medios cuando su centro de Moncada sufrió un terrible incendio que se saldó con nueve víctimas mortales.

El director general de Gesmed actual es Emèrit Bono, hijo del consejero socialista en la época de Joan Lerma. Esta firma también tuvo contactos con Febrer.

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