Escuela de Todos denuncia ante Europa el pacto entre el Gobierno socialista y la Generalidad para exterminar el español

La plataforma Escuela de Todos, que agrupa entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano, S’ha Acabat o Sociedad Civil Catalana, entre otras, ha remitido un escrito a Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, denunciando el pacto entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la Generalidad catalana perpetrado a fin de impedir que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de la enseñanza en español.

Reynders se reunirá con Pere Aragonès, presidente de la Generalidad, este jueves.

Es por lo que Escuela de Todos ha querido que el comisario tenga en su poder toda la información sobre la vulneración de las resoluciones judiciales sobre educación practicadas con la Generalidad con el beneplácito del Gobierno.

CARTA AL COMISARIO

Ana Losada, portavoz de Escuela de Todos, ha utilizado la misiva para poner en antecedentes al comisario.

La carta reza así:

“Pese a que el español es lengua oficial en toda Cataluña y materna de la mayoría de la población, las escuelas catalanas, controladas por el gobierno regional, excluyen al español de la vida escolar: las materias no lingüísticas se imparten todas en catalán, la comunicación institucional es únicamente en catalán, la rotulación de los espacios es solo en catalán. Está mal visto expresarse en español por la presión nacionalista«.

Y continúa:

“Si el Gobierno de España hubiera interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra las citadas normas (en alusión al decreto y a la ley autonómica que prohíben la aplicación de porcentajes de enseñanza de español) y se hubiera solicitado su suspensión, la ejecución de la sentencia habría sido posible. Sin embargo, los Gobiernos de España y de Cataluña pactaron secretamente que no se interpondría recurso de inconstitucionalidad contra las citadas normas. Ese acuerdo es el que ha sido desvelado por el presidente de la Generalidad Pere Aragonès, en su intervención en la televisión pública de Cataluña y el que ha hecho imposible la ejecución de la sentencia».

También explica que las actuaciones de los poderes ejecutivo o legislativo:

“Con el fin expreso de impedir la eficacia de una decisión judicial y para privar a los ciudadanos de los derechos reconocidos por dicha sentencia judicial es una quiebra grave de la separación de poderes y vulnera el derecho a un proceso debido, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

Finalmente han solicitado al comisario Reynders una investigación independiente sobre la inejecución de la sentencia del 25% y que:

“Visiten las escuelas y hablen con unos y otros profesores, que se hagan una imagen cabal de la situación que se vive en Cataluña como consecuencia de la exclusión del español como lengua vehicular en el sistema educativo».

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