ERC persigue la discriminación a los no nacionalistas; buscan controlar ahora también las becas concedidas por el Gobierno

ERC ya maneja la concesión de las becas catalanas apero ahora buscan también conseguir el control de las concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, consumando su poder absoluto sobre esta materia.

De esta manera, los criterios y exigencias que los estudiantes deberán cumplir para poder recibirlas, estarán centradas en la inmersión nacionalista y bloquearán toda posibilidad de acceder a a ellas a los alumnos no separatistas.

Una forma muy eficaz de multiplicar la expansión nacionalista a través del aliciente económico

LAS EXIGENCIAS DE ERC

ERC ha incluido el control total de las becas en un documento registrado en el Congreso con el ambiguo objetivo de apoyar a la juventud, en el que indican que:

«La Generalidad ya ha asumido como propias tales resoluciones y ha empezado a planificar las políticas aprobadas para mejorar las condiciones de la juventud. Ahora, el Gobierno español debe asumir también las reivindicaciones como propias y asegurar su aprobación».

Así, exige que se ceda:

«A la Generalidad las 6.000 viviendas vacías que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en Cataluña para poder destinarlas a alquiler social para hacer frente a la emergencia habitacional juvenil».

Y también:

«Recuperar la deducción estatal de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para alquiler de vivienda habitual por parte de los menores de 30 años».

Además piden:

«Dotar de un nuevo enfoque a la Garantía Juvenil, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y sociales de la gente joven y garantizando una continuidad una vez finalizado el programa».

Asimismo solicitan:

«Transferir la gestión y los recursos de las becas universitarias a la Generalidad».

Y:

«Derogar la actual Ley de Extranjería».

» Y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones (conocido como la Mordaza Digital)».

Por último exige:

«Reconocer el derecho de voto a los mayores de 16 años».

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