Las maniobras independentistas para aplazar las elecciones de Cataluña hasta mayo con el fin de minimizar el impacto electoral que la tercera ola de la pandemia y el nombramiento de Illa como candidato por el Gobierno pudieran causarles, han fracasado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido su decreto y por ahora se mantiene la fecha de 14 de febrero para las elecciones.
El gobierno de Cataluña presentó tres informes justificando su decreto de aplazamiento electoral; el primero firmado por los abogados de la Generalidad, el segundo por el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y el último, por la dirección general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales. En estos documentos alegan que el gobierno de Cataluña dispone de la «competencia para dejar sin efecto las elecciones», que el pico de la tercera ola va a tener lugar pocos días antes de las elecciones, y cuestionando su legitimad por el impacto de la pandemia sobre «las garantías democráticas» respectivamente.
Cargos políticos independentistas como Pere Aragonés o Meritxell Budó han acusado a los jueces de «poner en riesgo» la salud de los catalanes irresponsablemente.