El TSJ del País Vasco estima el recurso de VOX contra la ley vasca discriminatoria del español y lo eleva al Constitucional

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha considerado, a raíz del recurso presentado por VOX, que la capacidad de los ayuntamientos vascos para realizar sus trámites más relevantes sólo en euskera es ilegal y ha pedido al Tribunal Constitucional que intervenga.

Esta cuestión de inconstitucionalidad permitirá a dicho tribunal examinar la Ley de Entidades Locales del País Vasco aprobada en 2016 por PNV y EH Bildu y paralizada inicialmente por el Gobierno de Mariano Rajoy.

VOX ha conseguido así cinco años después, la intervención del Constitucional que Rajoy y Andoni Ortuzar (PNV) evitaron con un pacto

Pacto político por el que Rajoy se aseguraba el respaldo presupuestario del PNV a cambio, entre otras cosas, de retirar el recurso de anticonstitucionalidad contra la norma vasca.

El TSJ vasco, ha solicitado la intervención del TC al considerar que al menos uno de los artículos de la ley vulnera la Carta Magna.

Concretamente, el apartado:

«Las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos de las entidades locales podrán ser redactados en euskera«.

Esta ley añade una excepción que indica que:

«Siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera».

Y la supuesta garantía para no discriminar a los que hablan español alimenta, según afirma el TSJ vasco, «la inseguridad jurídica y el riesgo arbitrariedad» de los ayuntamientos que quieran imponer el euskera.

Además, el TSJ vasco presidido por Luis Garrido, presidente de lo Contencioso-Administrativo, ha cuestionado también la legalidad de que lo único que permita acceder a los trámites en español a un funcionario o concejal sea el desconocimiento acreditado del euskera.

También ha advertido de que la ley contradice artículos de la Constitución como el 1 y el 23 que garantizan la «actividad representativa» y el «pluralismo político».

Los argumentos del gobierno de Urkullu para evitar llegar al Constitucional han sido rechazados

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