El Tribunal Supremo critica el plan de Sánchez tras el estado de alarma: «La norma es confusa, ambigua y equívoca»

El Tribunal Supremo ha emitido un primer informe sobre el decreto-ley aprobado por el Gobierno de Sánchez esta semana, cuyo objetivo es poder recurrir las restricciones que adopten las diferentes Comunidades Autónomas una vez finalice el estado de alarma, este 9 de mayo.

El documento señala un gran número de problemas y advierte de que existe un:

«Problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales».

También declara que «no se va a examinar» algunos temas puesto que «requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse», ya que se trata de «una nota de urgencia».

«El problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas».

Sí que afirma tajantemente que este decreto-ley:

«Se presenta, de forma implícita pero evidente, como una reacción legislativa contra la interpretación jurisprudencial del marco legal anterior«.

Y a raíz de esto, ha recordado que el 24 de marzo, el Supremo sentenció que contra las decisiones tomadas por los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, rechazaran o no las medidas sanitarias «no cabía recurso de casación».

Asimismo, ha avisado de que aunque el mismo decreto-ley declara que será el Supremo el que «fijará doctrina», «ha de tenerse en cuenta que eso puede no ocurrir».

 Han criticado que hayan suprimido la fase de preparación del recurso de casación ante la Audiencia Nacional o el TSJ, permitiendo que vayan directamente ante el Supremo, lo que «plantea numerosos interrogantes y problemas prácticos«.

«Si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo».

Dudan además de que se puedan cumplir los plazos que establece el decreto-ley, al ser más cortos de lo normal.

Se plantean como ocho días para que resuelva el Supremo, tres de traslado a las partes que alegan y cinco después para que dictamine el TS.

Este decreto-ley también habilita a la Administración General del Estado a recurrir, «si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal, en cumplimiento de actuaciones coordinadas en salud pública declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

«La sección encargada de tramitar y resolver estos recursos necesitará con alta probabilidad de la asistencia del Gabinete Técnico, para poder cumplir los plazos», por lo que es «urgente» que se le dote de «medios personales y materiales». El personal, añaden, ya está «saturado de trabajo».

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