El Tribunal de Justicia Europeo no se opone a la persecución al P2P

Su última sentencia, favorable a las empresas de telecomunicaciones que registran la IP de los usuarios para luego denunciarles por haber descargado contenido, es un palo para el intercambio de archivos P2P.

El Tribunal no se opone ni al «registro sistemático de direcciones IP» ni tampoco a la «comunicación de los nombres y de las direcciones postales de esos usuarios».

De esta forma, el Tribunal de Justicia Europeo se pone totalmente de parte de la industria del copyright, permitiendo que las compañías puedan registrar la IP de quienes descargan, para luego solicitar información sobre estos usuarios y poder presentarles una demanda.

Este tipo de prácticas ocurren ya desde hace muchos años en países como Alemania, donde el intercambio de todo tipo de archivos a través de redes P2P es muy peligroso.

Esta resolución marca el devenir del famoso caso Euskaltel. Del mismo modo, supone la base para los futuros casos relacionados con las descargas P2P.

Puerta a todo tipo de abusos.

La industria del copyright ha conseguido que los jueces vean bien tanto registrar la IP de los usuarios que comparten archivos a través de BitTorrent, como pedir datos a las operadoras del tipo nombres o direcciones postales.

Este tipo de datos, que hasta ahora se consideraban confidenciales en la mayoría de países, en España se utilizaron para enviar amenazadoras cartas de demanda solicitando hasta 1.300 euros por haber descargado un capítulo de una serie.

Un antes y un después.

A partir de ahora, compartir archivos a través de redes P2P no entra dentro del ámbito privado de las personas. Los estados, las compañías y las empresas con derechos de copyright podrán saber quién comparte qué archivos.

Pese a que el P2P se trate de redes con ordenadores enlazados, la Justicia establece que compartir archivos por P2P va más allá de una intranet o pasarle un USB a un amigo. Es decir, tiene sus implicaciones legales en tanto que se están «exponiendo al público» estos archivos.

Por otra parte, el TJE establece que las penas y reclamaciones de las compañías deben ser proporcionales y ajustarse a la legislación de cada país.

El caso Euskaltel.

Es difícil saber como acabará el juicio por el caso Euskaltel. Existen leyes tanto de conservación de datos como otras que protegen a los ciudadanos de la pérdida de privacidad en internet.

Paradójicamente, en 2014 el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la directiva que obligaba a la conservación de los datos de los usuarios por «inmiscuirse de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal».

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