El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales da la razón a una empresa que denunció al Ministerio de Igualdad porque discriminaba negativamente al hombre (como viene siendo inevitable cuando se discrimina positivamente a la mujer).
De esta forma, el tribunal y la empresa denunciante, impugnan aquella oferta de empleo y ponen contra la pared al recién creado Ministerio, cuyo criterio pasa a estar en entredicho por vulnerar el artículo 14 de la Constitución española.
El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero se ve obligado a cancelar su contrato de empleo público para el número público y gratuito de atención a las víctimas del maltrato (016), puesto que viola el principio de igualdad de género.
Una de las empresas concurrentes al concurso, Innova, denunció el pasado mes de mayo en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en la oferta de empleo existía una discriminación por razón de género, ya que se exigía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones.
¿Es igualitario que las encargadas de llevar el número de atención a las víctimas tengan que ser mujeres?
Desde el Ministerio, alegan que los propios expertos «de género» sostienen que lo más recomendable es que sea una mujer quien atienda a las víctimas de maltrato, lo cual no deja de ser paradójico.
En base al fallo del Tribunal, «los pliegos de la contratación son nulos de pleno derecho».
El Ministerio de Igualdad ya ha vuelto a sacar a concurso el contrato rectificado y tuvo que anular la primera adjudicación.