El Tribunal Supremo ha decidido retirar el tercer grado a los golpistas declarando que «es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.»
Esto implica que los criminales continuarán en segundo grado y no disfrutarán de un régimen de semilibertad. El Tribunal ha coincidido con los argumentos de la Fiscalía que consideraba los permisos como un «tercer grado encubierto» y denunciaba que: «el internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley. La situación contraria, en tercer grado, en el presente caso en que el interno está plenamente integrado en la sociedad, supondría que la imposición del castigo a los culpables de este tipo de delitos quedaría impune y se produciría una desigualdad en la aplicación de la Ley Penal” y que “no puede obviarse la gravedad del delito cometido, delito de sedición».
Los condenados por sedición afectados son Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidente de ANC Jordi Sànchez; los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn; Carme Forcadell y Dolors Bassa.
La Sala ha añadido que: “ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña (…) nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas”