El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite 20 querellas y 30 denuncias presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su mala gestión durante la pandemia. Considera que no está justificada la autoría de los hechos punibles que han sido atribuidos a los miembros del Gobierno.
Estas denuncias y querellas fueron presentadas por un amplio número de grupos: organizaciones sanitarias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sindicatos, asociaciones, organizaciones de víctimas del Covid y también por el partido político Vox.
El Supremo va a remitirlas al Juzgado decano de Madrid y ha declarado que tras las investigaciones que deberán hacer los Juzgados ordinarios sobre las muertes en residencias, la carencia de medidas de seguridad y apoyo a sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la supuesta malversación de fondos públicos en las contrataciones de material del Gobierno y de existir pruebas de responsabilidad contra éste, entonces podrán ser elevadas al Supremo.
En el auto expuesto por Marchena e integrado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Vicente Magropara, Pablo Llarena y Antonio del Moral ha afirmado que: «para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran disponibles por el Gobierno. (…) En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad.»
Ahora serán los juzgados ordinarios los que tendrán que hacerse cargo de la investigación.