El socialista Carlos Rodríguez investigado por prevaricación al ordenar el derribo de cruces, a raíz de una querella de Abogados Cristianos

El socialista Carlos Carlos Rodríguez, presidente de la Diputación de Cáceres, está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación tras haber ordenado el derribo de cruces bajo la supuesta amenaza de no conceder subvenciones a los ayuntamientos que no lo hicieran.

«El querellado, como responsable máximo de la Diputación de Cáceres está emitiendo resoluciones injustas y arbitrariaslo que junto a un delito de odio estaría cometiendo un delito de prevaricación que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

El Juzgado  de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cáceres ha acordado en un auto investigar a Rodríguez a raíz de una querella presentada por Abogados Cristianos.

La abogada de esta asociación, Polonia Castellanos, declaró que:

«Por parte de la Diputación de Cáceres se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada».

Los ayuntamientos presionados según Castellanos son:  Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, El Casar, Barrado y Jaraíz de la Vera.  Entre ellos Gargüera de la Vera ya ha retirado la cruz (26 de enero de 2021) y el alcalde de Casar de Cáceres ya ha confirmado que en los «próximos días» hará lo mismo.

Abogados Cristianos también ha denunciado que «en fecha 18 de junio de 2018 se constituyó el Comité de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres. El día 29 de septiembre de 2018 se aprobó una partida de 100.000 euros para que este comité elaborara un catálogo de vestigios franquistas en la provincia de Cáceres. Contraviniendo así la sentencia del TSJ de Extremadura 1133/2019, que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un catálogo de vestigios; estableciendo, además, que la competencia la debía ostentar el mismo municipio donde estuviesen dichos vestigios a través de su ayuntamiento».

La juez ha solicitado a raíz de esto, que la Diputación de Cáceres aporte «a las presentes diligencias previas las actuaciones promovidas por el Comité de Expertos de Memoria Histórica de dicho organismo»

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