El renovado Tribunal de Cuentas se retracta, desactiva la causa contra los golpistas y admite los avales

El Tribunal de Cuentas renovado tras el pacto PP-PSOE, se ha retractado de sus decisiones previas a dicha renovación, desactivando la causa del 1-O y admitiendo los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para cubrir las responsabilidades económicas de los golpistas consecuencia del referéndum ilegal y la acción exterior, un total de 5,4 millones de euros.

ERC exigió al Gobierno de Pedro Sánchez la desmantelación del Tribunal de Cuentas a cambio de su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Algo que finalmente ha conseguido como tras pactar la renovación con el PP

Este fallos va en contra del criterio seguido por la delegada instructora Esperanza García Moreno en octubre de 2021cuando rechazó los 28 avales del ICF presentados por la Generalidad para cubrir la fianza de los golpistas. Hay un voto particular contrario a la decisión tomada hoy.

Entre los ex cargos afectados que evitan así el embargo de sus bienes ya acordado por la instructora que nunca se ejecutó, se encuentran:
  • Carles Puigdemont, ex presidente catalán.
  • Artur Mas, ex presidente de Cataluña.
  • Oriol Junqueras, ex vicepresidente.
Es importante señalar que la garantía que suponen los avales puede extenderse legalmente hasta que la sentencia que se dicte sea firme

Esta resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y la justicia europea.

LA SENTENCIA PREVIA TUMBADA POR EL NUEVO TRIBUNAL

García Moreno sentenció en octubre que:

«Atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público», y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado».

También citaba en su argumento el Régimen Jurídico del Sector Público que:

«No contempla que se pueda proceder, en ningún caso, a dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».

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