El renovado Tribunal de Cuentas se niega a investigar el bloqueo causado por el Gobierno al centralizar la compra de material sanitario durante la pandemia

El renovado Tribunal de Cuentas no investigará el bloqueo causado por el Gobierno de Pedro Sánchez al centralizar la compra de material sanitario al inicio de la pandemia.

El jueves, el tribunal aprobó un informe de Fiscalización sobre la contratación de emergencia del ejercicio 2020 por parte del Gobierno y tras analizar los 73 contratos por un valor de 551 millones de euros, no apreciaba irregularidad alguna.

La mayoría de estos contratos fueron suscritos por INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), cuyo ex director está imputado junto a otros dos altos cargos responsables de las compras, por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

El Gobierno de Sánchez prohibió a las Comunidades Autónomas que compraran material al comienzo de la pandemia aprovechando así las oportunidades otorgadas por el estado de alarma y eliminando las competencias de éstas a favor de la centralización de las compras.

Llegó incluso a incautarse material adquirido por las comunidades antes del 10 de marzo, como respiradores o mascarillas

LA CENTRALIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Dos días después de las concentraciones del 8-M, se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2020 en el Consejo de Ministros, a través del cual se frenó la llegada de material sanitario ya contratado por las comunidades lo que llevó al desbordamiento del sistema de salud.

Sanidad comenzó a comprar productos a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y del Organismo autónomo INGESA con cargo a un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, cuya gestión estaba a cargo de dicha Dirección. No obstante, ésta dejó de realizar contrataciones subsiguiente y fue INGESA la que se ocupó pese a que no era la que podía gestionar dicho crédito.

Así pues, el personal a cargo de las compras desconocía completamente la situación del mercado de los productos sanitarios, al no haber realizado este tipo de compras nunca puesto que siempre se habían encargado de ello las Comunidades Autónomas.

La actuación negligente del Ejecutivo durante la gestión de la pandemia llevó a bloquear la llegada de material sanitario, ralentizar las compras, dejó sin medios suficientes a las Comunidades Autónomas y provocó que no hubiera forma de atender a todos los enfermos.

Finalmente, Sanidad publicó una nota interpretativa sobre la incautación de materiales el 18 de marzo y ante las quejas de las comunidades indicó que podían comprar libremente pero actuando con lealtad.

A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas renovado tras el pacto PP-PSOE se ha negado a valorar la cuestión en su informe de fiscalización

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