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El renovado Tribunal de Cuentas aprueba por unanimidad sancionar con 50.000 euros al PP por financiación ilegal de 900

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad imponer una sanción de 50.000 euros al PP por financiación ilegal en las cuentas del partido con unos 900 euros aproximadamente provenientes de personas jurídicas o no identificadas durante el ejercicio 2017.

Dicha irregularidad consiste en la:

«Aceptación de donaciones o aportaciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos».

Estas irregularidades fueron recogidas en un informe de fiscalización de partidos políticos cuyas ponentes han sido la ex presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez -propuesta por el PP como sustituta de Margarita Mariscal de Gante, y Dolores Genaro, mano derecha de la presidenta del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano y consejera propuesta por el PSOE.

EL PP DE CASADO ENTREGÓ EL TRIBUNAL AL PSOE Y LO DESACTIVÓ

Importante recordar, que fue Pablo Casado, el entonces líder del PP, quien «desactivó» al Tribunal de Cuentas y lo entregó al PSOE a fin de conseguir información sobre el hermano de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Información que además fue desmentida por Anticorrupción que archivó la investigación sobre el contrato de éste asegurando no haber apreciado «elemento indiciario alguno» de que Tomás Díaz Ayuso hiciera nada para conseguir un trato de favor para la empresa PRIVIET.

POR UNANIMIDAD

Según indican fuentes a Libertad Digital, el pleno no sólo votó unánimemente, sino que Chicano no se abstuvo durante esta votación a pesar de que en 2019 aprovechó su cargo de presidenta de la Comisión de Igualdad de la institución para enviar un correo electrónico a todo el personal del tribunal con un documento pidiendo iniciar una cruzada contra VOX y PP por las leyes de género, llamándoles:

«La bestia parda que anida en cada rincón de la patria quiere liquidar la Ley contra la Violencia de Género, y sustituirla, claro, por una Ley de Defensa de la Familia».

Cabe recordar que según la normativa del tribunal, aquellos que participen en los procedimientos deben actuar con independencia de la entidad fiscalizada y aún es más:

«No podrán participar en la fiscalización de una entidad quienes tengan algún interés personal en la misma».

Esto es:

«Cuando una persona designada para participar en una fiscalización o, en su caso, en el curso de la misma, apreciase la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiese afectar a su independencia, imparcialidad u objetividad, lo podrá en conocimiento de la superiora o superior jerárquico, quién decidirá sobre su permanencia o sustitución en el equipo fiscalizador».

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