El PSOE se opone en Europa a que los crímenes de ETA sean considerados como de lesa humanidad

El partido izquierdista cuestiona el borrador de la delegación que acudió a España por los asesinatos aún sin resolver

De esta forma, el PSOE trata de maniobrar para evitar que se aprueben las recomendaciones de la comisión europea que viajó a España para investigar por qué hay 376 crímenes de ETA sin resolver. Esto deja entrever que hay un acuerdo tácito entre el Gobierno y ciertos partidos independentistas de no remover innecesariamente ciertos asuntos que dichas formaciones pretenden dejar atrás.

Objeciones a las propuestas europeas

Durante la jornada de debate en el Parlamento Europeo de ayer, los representantes del PSOE han opuesto varias objeciones a las propuestas europeas. La primera y más importante es que se muestran en contra de que los crímenes de ETA puedan ser considerados de «lesa humanidad».

Esta posibilidad permitiría volver a juzgar todos los sumarios de los asesinatos de la banda terrorista, algo que piden las víctimas del terrorismo.

Además, también han cuestionado la recomendación de que los etarras colaboren con la Justicia en los casos sin resolver antes de acceder a beneficios penitenciarios y a la reclamación al Gobierno para que legisle contra los ongi etorri.

Durante la jornada se analizó el documento/borrador que elaboró la delegación que visitó España a requerimiento de Dignidad y Justicia. El PSOE, en el caso de la lesa humanidad que se aplicaría a ETA, entiende que ese delito no está recogido en la legislación hasta 2004, por lo que considera que no procede.

Sobre la necesidad de que los etarras colaboren en los casos sin resolver, los representantes del PSOE defienden que «la administración penitenciaria aplique la legislación vigente, por lo tanto, debe ser el legislador la institución encargada de cambiar la ley vigente».

EL PSOE pretende quitar también el párrafo de la recomendación 9 en el que se habla de:

Instar a las Cortes Generales y al Senado de España a modificar la legislación para, en el marco de la Constitución Española, imponer a los condenados por terrorismo la obligación de colaborar en las investigaciones y esclarecimientos de los atentados terroristas de los que tengan conocimiento.

La posición del PSOE ha tenido que ser explicada por representantes de las legaciones en las que están el PP y Vox, formaciones que han recordado en la Eurocámara los vínculos que el Ejecutivo socialista tiene con formaciones de la izquierda abertzale.

Una de las grandes sorpresas que se llevó la delegación europea en su viaje a España fue el hecho de que se estuviera cambiando diametralmente la política penitenciaria sin que ninguno de los presos de ETA hubiera colaborado en la resolución de los crímenes pendientes.

Los europarlamentarios han querido recoger este hecho en sus recomendaciones, lo que se interpreta como una enmienda a la totalidad de la política penitenciaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y lugarteniente en Prisiones, Ángel Luis Ortiz.

La delegación europea buscaba un texto consensuado por unanimidad entre todos los representantes. La posición del PSOE rompe una posible unidad. En las próximas semanas se tendrá que llevar a cabo una votación sobre dos textos. Y según explican fuentes cercanas a la comisión, el texto propuesto por la comisión saldrá adelante.

La comisión de eurodiputados sugiere:

La posibilidad de considerar los crímenes terroristas de ETA como delitos de lesa humanidad, incluso con anterioridad a 2004, considerándolos imprescriptibles y no amnistiables.

Además, en sus recomendaciones, insta a las instituciones competentes «a agotar las posibilidades» del Derecho Penal en el caso de «la teoría del autor mediato por dominio, como autores intelectuales a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los distintos atentados no resueltos». Se trata de las actuaciones contra los jefes de ETA en los atentados. Ya hay tres causas en la Audiencia Nacional que investigan a dirigentes etarras por atentados contra Miguel Ángel Blanco, el de la T-4, el de Gregorio Ordóñez y el del magistrado Querol Lombardero.

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