El número tres de Podemos se sienta ante el Supremo por atentado contra la autoridad y delito de lesiones
El número tres de Podemos, el diputado Alberto Rodríguez, se sentará en el banquillo ante el Tribunal Supremo acusado de un delito de lesiones y otro de atentado contra la autoridad.
El sujeto presuntamente pateó a un Policía Nacional durante las protestas contra la ley Wert ocurridas hace 7 años en Canarias.
La decisión de no archivar y abrir juicio oral, se ha tomado tras la declaración de Rodríguez ante el instructor en la que negó no solo haber pateado al policía sino también haber estado en el lugar de los hechos.
El caso ha sido elevado al Tribunal Supremo por su condición de aforado al ser diputado, tras una lucha intensa por su parte por evitarlo. De hablar de «privilegio medieval» antes de catar el poder, a forzar la situación hasta el punto de obligar a que se realizara una votación en el Congreso de los Diputados para que pudiera ser citado.
Con esto, una vez más, un integrante del partido de Iglesias sigue los pasos de su líder y se salta uno de los artículos del supuesto «código ético de Podemos» a saber: «No tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes, para lo que se evitará, desde la responsabilidad del cargo público, el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial».
Cabe recordar que cuando sucedieron los hechos, Rodríguez no estaba aforado y fue el juzgado de Canarias el que instruyó la causa. Cuando obtuvo el acta ya tenía el auto de apertura de juicio oral y estaba esperando la fecha del juicio, pero acogiéndose al «privilegio medieval» de «la casta» ha conseguido que se vuelva a comenzar la instrucción.
El juzgado tiene vídeos de la protesta en los que aparece, el parte de lesiones del policía agredido y una serie de declaraciones, entre ellas la de la víctima.
Rodríguez ya tiene un historial con la Justicia que acabó favorablemente para él al prescribir el delito gracias al tiempo que ganó al conseguir su condición de aforado.
El diputado, tras su declaración, ha intentado politizar la razón por la que está siendo acusado ante los medios de comunicación afirmando que es «un montaje policial contra el contra su partido« y que «evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió. Desgraciadamente, es un intento más de criminalizar la protesta, de criminalización de la disidencia, de amedrentar a la gente que lucha en la calle por los derechos«.
