El juez mantiene que miembros de Podemos realizaron trabajo por encargo a Neurona

El magistrado Juan José Escalonilla ha ordenado un peritaje ante las sospechas de que Neurona no prestó el servicio encargado por Podemos para las elecciones generales de abril de 2019.

El titular del Juzgado de Instrucción número 52 adopta esta diligencias tras concluir que «cabe tener por indiciariamente acreditado que por parte de Neurona no se prestó dicho servicio». De este modo, esos trabajos los habrían realizado miembros de Podemos.

En un auto del pasado 12 de noviembre, el instructor de esta causa en la que se investiga un presunto delito electoral, precisa que el trabajo de asesoramiento y producción audiovisual encargado a la filial de esta consultora en España lo llevaron a cabo los propios miembros de Podemos; o bien «terceras empresas «contratadas para tal fin».

El auto es muy claro al respecto:

Únicamente realizaron la cobertura de actos de dicha campaña electoral cuando por falta de medios personales del partido político Podemos resultó necesario que algunos de los trabajadores contratados por Neurona se desplazaran a dichos actos.

Ahora se ordena una pericial sobre el precio y los costes del servicio que prestaron los empleados de Neurona Consulting (sociedad mercantil radicada en México). Por un lado encarga a un diseñador gráfico que estudie los 48 diseños realizados por Waldemar Aguado (uno de los testigos clave de la causa a los que el juez rechaza citar a declarar) y, por otro, un segundo trabajo para acreditar el valor del coste de cobertura de los siete actos electorales en los que participó Neurona. En este caso encarga la tarea a un técnico o empresa que experto en edición de vídeos y que haya participado en campañas electorales.

Desde la formación de ultraizquierda insisten en que el trabajo contratado fue real y que vinieron empleados de México (sede de Neurona) para realizarlo. Los querellantes sospechan que los pagos de Unidas Podemos a esta consultora (cercanos a los 400.000 euros) no se efectuaron por servicios reales y vendrían a encubrir un presunto desvío de fondos del dinero electoral. 

El juez explica ahora que a partir de las diligencias practicadas en este procedimiento que arrancó en julio de 2020, se acredita la realización de trabajos para la campaña. Sin embargo, no así que los mismos los llevaran a cabo la empresa contratada para ello.

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