El infierno fiscal de Ximo Puig estrena un nuevo sangrado recaudatorio para los valencianos con una batería de impuestos «verdes»

El gobierno de coalición de PSOE, Podemos y Compromís de la Comunidad Valenciana, aprobó el primero de abril uno de los planes estrella -y de los últimos que podrá implementar antes de las elecciones de 2023- de Ximo Puig, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

Según insiste la Generalidad, el objetivo principal de este proyecto pasa por trazar:

«Una hoja de ruta para reducir las emisiones y fijar los instrumentos necesarios para asegurar una transición justa».

Por lo que la nueva ley busca alcanzar un 40% menos de emisiones para 2030 y declarar la neutralidad climática en 2050.

Entre las medidas aprobadas, que entrarán en vigor a partir de 2025, podemos ver la obligación de reemplazar las flotas de vehículos con motor de combustión interna por turismos libres de emisiones, tanto en el sector público como en empresa privadas y compañías de alquiler de vehículos.

MÁS IMPUESTOS CON LA EXCUSA DEL ECOLOGISMO

Pero el peso del proyecto consiste en una batería de recargas impositivas y nuevos impuestos verdes que con la excusa del ecologismo aumentarán la terrible presión fiscal que ya sufren los valencianos.

Así Puig ha creado tres nuevos impuestos que afectarán directamente a los ciudadanos:

  • El tributo a las emisiones de dióxido de carbono de motos, coches y furgonetas de más de 3,5 toneladas. Es el impuesto que mayor impactó tendrá y fijará para los afectados una cuota de entre 70 céntimos y 1,40 euros por gramo de CO2/km.
  • El impuesto sobre las emisiones de las empresas. Se situará en 200 euros por cada kilotonelada de CO2 emitida. Por supuesto, las Administraciones públicas quedarán exentas del recargo.
  • Tasa a los establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados que tengan aparcamiento. Para fijar el importe, se considerará el tipo de actividad del centro, la superficie y la localización geográfica.

La política recaudatoria de Puig se encuentra en contraste directo con la Comunidad de Madrid, territorio que ataca constantemente por ser el único en toda España que ha eliminado todos sus impuestos propios.

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