De esta forma, el PSOE pretende sortear el bloqueo del PP y conseguir reformar el CGPJ para consolidar en él una mayoría de jueces izquierdistas.
Como estamos viendo que ocurre en EEUU con el Tribunal Supremo, en España, el poder Judicial a nivel superior está en gran medida controlado por por el Ejecutivo-Legislativo cuyos representantes han salido de las urnas.
Cada vez que el Gobierno cambia de color político, se produce un nuevo intento de reforma o repartición de cargos.
Reformar el CGPJ es tan sencillo como sacar adelante una ley específica para ello.
La reforma, que debe ser presentada en forma de proposición de ley y aprobada por el parlamento, es sin duda alguna la vía más rápida para lograr el «control» efectivo del poder Judicial.
De esta forma, se consigue evitar posibles sabotajes de leyes firmadas por el Ejecutivo o aprobadas por el Legislativo (con el consiguiente desgaste político y retraso en la aprobación de nuevas leyes).
Si el Gobierno consigue los apoyos necesarios, en 2 meses podría producirse ya la tan ansiada reforma.
Sin embargo, el PP ya ha dicho que, del mismo modo que ha neutralizado el nuevo reparto de jueces, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación.
En cualquier caso, el recurso solo puede ser presentado una vez aprobada la ley.
La propuesta ha suscitado más entusiasmo en UP que en PSOE, donde incluso algunos ministros como Margarita Robles han llegado a manifestar reticencias.
Más allá del nivel de agrado, parece que la iniciativa tiene asegurados en torno a 180 diputados, por lo que saldría adelante sin mayor problema.