El Gobierno planea eliminar la reducción por tributación conjunta en el IRPF de la que se benefician ahora mismo-según la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal – alrededor de 4,2 millones de personas.
Es una medida que afecta enormemente a los ciudadanos y a su capacidad para hacer frente a sus gastos, pero no ha sido anunciada públicamente. Sólo está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas. Así pues el documento recoge:
«Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)»
Diferentes medios se han hecho eco de la noticia y tanto Economía como Hacienda lo han confirmado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha recalcado que no será un proceso rápido: «En absoluto se va a suprimir el incentivo de un día para otro».
Han añadido que no se tomará una decisión final hasta que las recomendaciones del comité de expertos no estén preparadas, algo que no ocurrirá hasta febrero de 2022.
Esto se suma a la larga lista de impuestos que se han incrementado o creado, y es una nueva carga fiscal para una ciudadanía que sufre una crisis demoledora. Se une pues a la tasa Google, al incremento del IVA en bebidas azucaradas, al incremento en las primas de seguros etc.
La medida que van a eliminar supone un beneficio fiscal de 3.400 euros para matrimonios que integren las rentas de la pareja en una única declaración. En caso de que no exista un matrimonio o estén separados legalmente, la unidad familiar formada por uno de los padres y todos los hijos menores tendría una reducción de 2.150 euros.
Ese beneficio a las personas, supone una pérdida de recaudación al Estado, tal y como ha afirmado desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con el fin de justificar la eliminación de la reducción:
«El beneficio supone una pérdida de recaudación de 2.393 millones de euros y los beneficiarios son 4,2 millones de personas, lo que se corresponde con 2,1 millones de hogares«.
«El beneficio fiscal genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta principalmente (mujeres de rentas bajas) lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española«.
«Desde el punto de vista de la comparativa internacional la figura de la tributación conjunta es minoritaria entre los principales países de la OCDE, aunque aún está presente en forma de sistema de división de ingresos o por la escala diferenciada en países como Francia, Portugal o Alemania».