Quedan menos de 15 días para que el Gobierno obligue a las empresas a pagar la polémica Tasa Google
Esta y la Tasa Tobin son nuevos impuestos a los servicios digitales aprobados por PSOE y Podemos.
Aunque entró en vigor en enero y debía comenzar en abril, al Ministerio de María Jesús Montero fue incapaz de prepararlo a tiempo y pospuso su pago hasta el 1 de julio.
Sin embargo, las compañías tendrán que abonar las cuantías correspondientes a los trimestres anteriores
Significará un gravamen del 3% los ingresos que se obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos.
Serán gravadas en caso si facturan al menos 750 millones de euros en todo el mundo y 3 millones de euros en España
Amazon o Google serán algunas de las compañías afectadas.
El Gobierno espera ganar 968 millones de euros al año con esta Tasa, según los Presupuestos
INCERTIDUMBRE; LAS EMPRESAS NO SABEN CÓMO PAGAR
Además del obvio problema que supone una subida de impuestos para cualquier empresa hay que añadir que hasta el viernes 11 de junio no sabían cómo realizar la operación con Hacienda.
Concretamente Marta Becerra, directora de asuntos públicos de Adigital, una patronal tecnológica que engloba todo tipo de empresas como Uber, BlablaCar, Facebook, Amazon o Google ha declarado que:
«Nos han dado menos de un mes para saber cómo se paga y cómo tenemos que adaptar nuestros sistemas contables. Es terrible».
Y es que han esperado hasta ese día para presentar el Modelo de declaración necesario para proceder al abono de la tasa:
«Me consta que las empresas llevan meses trabajando para cumplir con Hacienda, pero esto no es sencillo. No se hace apretando una tecla y no puede ser que hayan estado ultimando los detalles cuando queda menos de un mes de la obligación. Cumpliremos como podamos, pero el tiempo es insuficiente».
Como consecuencia Becerrra ha solicitado que Montero:
«Posponga el pago a octubre cuando estén completamente claros los criterios. No nos han dado tiempo».
OBLIGARÁ A QUE LAS COMPAÑÍAS GEOLOCALICEN A SUS USUARIOS
El BOE que regula la tasa Google no fue publicado hasta el miércoles 9 de junio:
«Son unos criterios que no son fáciles de aplicar y vemos que las obligaciones de información son excesivas y rozan la extraterritorialidad».
Esta tasa va a obligar a compañías a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que tributan en España
«Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización».
Hacienda busca que las empresas calculen sus clientes españoles con geolocalización y con esa información determinen cuánto deben pagar por el impuesto
Tendrán además que guardar los datos por si la Agencia Tributaria los requiere.
Y es que Hacienda asegura que no puede geolocalizar a clientes o contribuyentes sin judicializar el caso
EEUU AMENAZA CON ARANCELES
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aprobar esta tasa sin esperar al consenso internacional, de forma unilateral, lo que ha enfadado enormemente al Gobierno de EEUU.
Tanto Trump como Biden han amenazado a España con aranceles si proceden con el impuesto, puesto que la mayoría de las empresas afectadas son estadounidenses
De hecho la Administración Biden este mes ha hecho hincapié en que la tasa sobre servicios digitales aprobada por España es discriminatoria y perjudica los intereses comerciales estadounidenses.
Por lo tanto, ha decidido imponer un arancel adicional del 25% a una serie de productos españoles
No obstante, la aplicación de este arancel ha sido suspendida durante 180 días con el objetivo de llevar a cabo primero negociaciones sobre fiscalidad internacional. La Oficina de la Representante Comercial de EEUU, Katherine Tai, ha afirmado que:
«El impuesto a los servicios digitales de España no es razonable, es discriminatorio y grava o restringe el comercio de EEUU».
HASTA LOS SINDICATOS SE OPONEN
Hasta los sindicatos, muy dados a cargar contra las multinacionales y usualmente a favor todo tipo de impuestos sobre empresas alertan sobre el efecto perjudicial que esto supondría a productos españoles.
A finales de abril CCOO avisaba de que:
«Ya se han paralizado compras y se han cancelado pedidos. Es muy preocupante la posibilidad de que EEUU aumente un 25% los aranceles al calzado español, porque es el principal destino de las ventas extracomunitarias».
El impuesto podría suponer también deslocalizaciones en el calzado y pérdida de empleo:
«Si los aranceles del 25% llegaran a aplicarse, España padecería un proceso importante de deslocalización de la producción hacia países de su entorno».
«Comarcas enteras viven del calzado en nuestro país. De los centros productivos de Elda (Alicante), Arnedo (La Rioja), Almansa (Albacete), Fuensalida (Toledo), Caravaca de la Cruz (Murcia), Menorca y Mallorca salen a diario miles de pares que, en su mayoría, se destinan al mercado exterior».
TRASLADO DEL COSTE
La consecuencia más clara será el traslado del coste de esta Tasa a sus clientes, que a su vez lo repercutirán al consumidor final
Amazon ya ha comunicado por escrito a sus vendedores, de los que una cantidad nada desdeñable son pymes, que les repercutirá el precio. Google también va a hacer esto con las facturas de sus anuncios publicitario. Becerra añade:
«Cada compañía tiene una política comercial, pero, como ya sabemos, los impuestos que pagan las empresas y cualquier coste extra se distribuye a lo largo de toda la cadena de valor y eso va hasta el público final».