El Constitucional anula la plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la plusvalía municipal

Ha sido su respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Este impuesto grava el incremento de valor de los terrenos que se refleja en el momento de la transmisión de los mismos, como en el caso de una venta o una herencia.

Hasta hoy, el Constitucional había declarado nulo este impuesto sólo en el caso de que el contribuyente hubiera sufrido pérdidas en la transmisión.

EL FALLO

El fallo considera inconstitucionales distintos apartados del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aunque los detalles se conocerán en los siguientes días, el fallo sentencia que el sistema de cálculo utilizado hasta ahora no se corresponde con la realidad.

Esto es, que los cálculos siempre consideran que se han revalorizado los terrenos durante el periodo impositivo, no importa si ha ocurrido o no, ni su cuantía real.

La sentencia cuenta con un voto particular concurrente del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas y los votos discrepantes de los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Por otro lado el magistrado Juan Antonio Xiol se ha abstenido de formar parte de la deliberación y Alfredo Montoya estaba de baja médica.

ARTÍCULOS INCONSTITUCIONALES

ARTÍCULO 107.1

El artículo 107.1 dice que la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

Su segundo párrafo, que indica que para determinar dicha base hay que tener en cuenta los valores de los terrenos en el momento del devengo de acuerdo a unas normas y el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, ha sido anulado.

ARTÍCULO 107.2

Ha sido declarado inconstitucional también el artículo 107.2.a) que fijaba que el valor en las transmisiones de terrenos se determinará a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Es decir, de acuerdo al valor catastral fijado por las Administraciones

También ha sido anulado el apartado 4, que prevé la aplicación de un porcentaje anual, determinado por cada ayuntamiento, sobre el valor del terreno.

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