PSOE, UP y ERC negocian cambios dentro de la ley Celaá (enmiendas transaccionales) que eliminarían definitivamente el castellano como lengua vehicular en toda España, permitiendo a los centros elegir la lengua en la que imparten cada asignatura.
La negociación tiene como objetivos terminar de dejar atrás la reforma de la LOMCE y contentar a ERC para ganarse su apoyo de cara a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del próximo año.
En ERC confirman que el objetivo de la enmienda no es otro blindar el catalán como lengua vehicular.
De esta forma se esquiva también el último laudo del Tribunal Constitucional, que imponía que al menos el 25% de las horas lectivas en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, tienen que ser impartidas en castellano.
El proyecto de ley de la reforma del Gobierno a la ley de educación anterior, recogía en marzo los principios de la LOMCE en materia lingüística.
Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable
-LOMCE.
Ahora, la última frase del párrafo arriba citado se suprimiría.
En la práctica, esto terminaría de condenar al castellano en infinidad de centros educativos de Cataluña y otras regiones españolas.
Regiones donde, de hecho, el castellano es cada vez más testimonial fuera de la propia asignatura de lengua castellana y literatura.
Lo cierto es que en la práctica estos cambios podrían ser más cosméticos que otra cosa, ya que muchos consideran que la ley actual no se ha llegado a cumplir en ningún momento.
Por otra parte y según adelanta El País, la nueva ley sustituiría dicho párrafo por una referencia a la obligación de las Comunidades a garantizar el derecho y el deber de todos alumnos a conocer el castellano y las lenguas cooficiales de cada autonomía.
En definitiva, con estos cambios el Gobierno de España asumiría los postulados de los partidos nacionalistas y separatistas en materia lingüística.