El imputado en la causa del caso Acuamed, un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE, Arcadio Mateo del Puerto, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por «omisión del deber de perseguir» los posibles delitos cometidos por el PSOE en dicho caso dirigida contra la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Abogacía del Estado.
Ya que, según su declaración, decidieron no investigar «según consta» y todo el material aportado como pruebas fue obviado por el abogado del Estado Edmundo Bal y la fiscal Inmaculada Violán.
El denunciante afirma que “las actuaciones irregulares, que indiciariamente podrían consistir en la omisión del deber de perseguirlas comienzan, como se podrá comprobar en la relación de hechos descritos a continuación, desde prácticamente el inicio de las DPA 24/2015” no son, hechos aislados, sino comportamientos extendidos en el tiempo:
«La reiteración de las mencionadas actuaciones denota que no se trata de una situación concreta, puntual o incluso fruto de un error. De hecho, en los más de cinco años que dura la instrucción de las DPA 24/2015, puede comprobarse que los hechos descritos a continuación abarcan los años 2016, 2018, y 2020. La amplitud de este horizonte temporal refuerza los indicios de estar ante comportamientos objetivamente intencionados”
El jefe de la Abogacía del Estado en ese momento es el actual candidato a las elecciones de Madrid del 4 de mayo por Ciudadanos, Edmundo Bal. A pesar de que no fue el responsable directo del caso, sí que intervino en alguno de los interrogatorios. Aun es más, el escrito de personación lleva su firma como jefe de la Abogacía del Estado.
Mateo del Puerto ha recalcado que tanto la Fiscalía, como la Abogacía y por lo tanto, Edmundo Bal, habían cometido presuntamente este delito de «omisión de persecución» al respecto de los delitos cometidos por el PSOE, al haber decidido no investigar.
“Se reitera que la única intencionalidad de la presente denuncia es favorecer que se investiguen los hechos relatados, sin realizar imputación de actividad delictiva a ninguna persona concreta, partiendo de la presunción de inocencia y dejando a la consideración de quien corresponde la valoración jurídica de los hechos expuestos” afirmó el ex director general.
EL CASO
El caso Acuamed es un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE, por una suma superior a 21 millones de euros, durante las elecciones generales del año 2008.
Acuamed era una empresa pública que dependía del Ministerio de Medio Ambiente y cuya responsable en esos momentos era Cristina Narbona, la actual presidenta nacional del PSOE. Se firmaron 47 contratos de adjudicaciones en las meses anteriores a las elecciones generales de 2008. Las que ganó José Luis Rodríguez Zapatero.
En un principio, el caso se enfocó contra Arcadio Mateo del Puerto, el director de Acuamed tras la llegada del PP al poder en 2011.
La investigación sin embargo, ha hecho emerger una serie de apruebas que apuntan al uso de la compañía (impulsora de las desaladoras) para financiar campañas de publicidad que anularan el impacto electoral negativo sufrido por el PSOE por causa de la sustitución del Plan Hidrológico Nacional por las desaladoras anteriormente mencionadas.
Fue el mismo ex director general de Acuamed quien denunció en primer lugar el caso de financiación ilegal del PSOE a través de esta empresa pública durante 2007 y 2008.
La cifra denunciada es de al menos 7,45 millones de euros en 2007 y un total de 13,96 millones entre 2007 y 2009, dinero con el que se había impulsado al PSOE en las elecciones generales.