El Gobierno socialista de Pedro Sánchez está preparando una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que afectará gravemente a los ciudadanos y a derechos fundamentales tan básicos como la libertad.
El Ejecutivo podrá, siempre que se declare un estado de crisis de cualquier tipo, ya sea sanitaria, financiera, económica, medioambiental, etc., obligar a todo el país a cumplir una serie de medidas.
La reforma explica que un estado de crisis es una «situación de interés para la Seguridad Nacional»
Cabe recordar que la Ley de Seguridad Nacional es ordinaria y no orgánica.
Eso significa que puede haber problemas jurídicos ya que sólo las leyes orgánicas pueden afectar a derechos fundamentales
Además, el presidente del Gobierno es el único que puede declarar «estado de crisis» mediante real decreto y no el Congreso, aunque las Cortes deberán ser informadas inmediatamente de las medidas adoptadas.
OBLIGACIÓN DE REALIZAR «PRESTACIONES PERSONALES», REQUISAMIENTO DE BIENES Y OTRAS LIMITACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El País ha publicado que entre otras medidas, toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las «prestaciones personales» que exijan las autoridades.
Una obligación que marcará la ley siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional que no ha establecido excepciones
El Gobierno podrá también requisar temporalmente todo tipo de bienes, hasta intervenir u ocupar provisionalmente los que sean necesarios y llegando a suspender cualquier tipo de actividades.
Según el diario, los damnificados económicamente por la expropiación de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados.
Sin embargo las personas que sean obligadas a realizar prestaciones personales no recibirán ninguna compensación
Supuestamente porque estarán relacionadas con el tipo de crisis que se esté viviendo y el Gobierno podrá exigirles que trabajen tal y como decida durante todo el tiempo que dure la crisis.
Han añadido que las medidas adoptadas serán graduales y supuestamente proporcionales a la situación, limitadas en el tiempo necesario para superar la crisis.
EMPRESAS Y ENTIDADES JURÍDICAS
Empresas y entidades jurídicas estarán obligadas a colaborar con las autoridades para superar la crisis mediante una prestación de carácter personal o material.
Se basan en el artículo 30 de la Constitución que indica «los españoles tienen el deber y derecho de defender a España» y el apartado 30.4 que añade que «mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública».
Algo que jamás había ocurrido, ni durante la dictadura
MEDIOS
Los medios de comunicación estarán obligados a colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones consideradas por el Gobierno de carácter preventivo u operativo.
PRIMERA LECTURA DEL CONSEJO DE MINISTROS
El 22 de junio el anteproyecto de ley fue visto en primera lectura por el Consejo de Ministros.
Ahora está pendiente de aprobación definitiva, tras la cual se remitiría al Congreso, aunque ya se ha informado de su contenido a las comunidades autónomas y a algunos grupos parlamentarios.
Afirman que están respondiendo a la obligación derivada de la disposición de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que daba al Gobierno un plazo de un año para enviar a las Cortes un «proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de recursos a la Seguridad Nacional».
Han preferido reformar la actual
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RECURSOS MEDIANTE EL AUTOABASTECIMIENTO
Buscan garantizar el suministro de recursos de primera necesidad y carácter estratégico mediante el autoabastecimiento bajo condiciones excepcionales.
Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nacional elaborará y actualizará un catálogo de recursos humanos y materiales, de propiedad pública o privada, que puedan ser útiles en caso de crisis.
Este catálogo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y contará con las aportaciones de comunidades autónomas y entes locales. Se aprobarán también planes de preparación y disposición de los recursos y se realizarán ejercicios para comprobar su disponibilidad, aunque sin despliegue real de medios.
Supuestamente incorporará medidas para evitar la catástrofe de desabastecimiento a la que la incompetencia gubernamental durante la pandemia ha sometido a la población.