Columna de La Reconquista | “Defender la vida desde su concepción (y II)”

En continuidad, estimado lector, con la columna publicada el día de ayer en esta misma sección y medio, he de proseguir la defensa del derecho a la vida desde el momento de su concepción, tema relevante para todos –salvo para los que se consideren «extinguicionistas», aunque no conozco aún alguno–.

En relación al nonato, la legislación nos obliga a analizar dos instrumentos jurídicos: el documento que contiene la Declaración de los Derechos del Niño (DDN), y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). En ambos se  fundamenta a nivel internacional la obligación y responsabilidad que tienen los padres y el mismo Estado para con los hijos y, en general, para con los niños, documentos ya superados en cierto modo –tanto por el «neolenguaje inclusivo» de «niño, niña y adolescente», y lo referido a las mal denominadas «opciones de identidad sexual y género»–.

De la lectura de la Declaración, se puede deducir claramente la obligación y responsabilidad de todos en relación con quienes se encuentran en esa especial etapa de desarrollo. Y no sólo eso, sino que las personas, el Estado y todo ordenamiento jurídico deben preferir y colocar en primer lugar los derechos que el niño tenga, debiendo figurar en primer término en todas las circunstancias de asistencia y socorro.

En el marco legal surge ontológica y epistemológicamente siempre la incógnita: ¿cuándo comenzamos a ser niños o dejamos de serlo? Claramente señala la Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 1° que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años”. En tal precepto, puede apreciarse que hace referencia al nacimiento, pero en numerales posteriores abarca también la etapa previa del nacimiento. Dentro del artículo 24, hace precisiones a los derechos a la salud del niño, y en el punto 2 inciso d), resalta la salud prenatal tanto del niño como para la madre. 

Es, entonces, claro para todos que si el niño no es protegido ni considerado bajo esa premisa antes de nacer, se está interpretando en un solo sentido los instrumentos internacionales. El ser humano en proceso de desarrollo intrauterino es merecedor de protección solamente en el futuro, pero no en su presente ya que las legislaciones de cada país bajo la mala interpretación han ido manifestando su apoyo al aborto. 

Los tratados internacionales suscritos por el Reino de España ubican en especial importancia al niño, puesto que es la base misma de una futura sociedad, como así también se ubica en la Constitución bajo la protección del derecho a la familia que tienen los nacionales. De ahí que se pretenda su eficaz formación y desarrollo. Pero, si de lo que se trata es propiciar y promover el desarrollo eficaz del ser humano en esa particular etapa que caracteriza a un niño, tal desarrollo no tiene ninguna razón ni sentido si no se protege todo su proceso previo al nacimiento. 

La procuración de protección y desarrollo no es potestativa ni de los padres ni del Estado, sino que se trata de una obligación. Debe existir congruencia en la injerencia de las personas y del Estado en la protección de la vida humana en todos los niveles evolutivos. Por ello es preciso indicar que la citada Convención, en su artículo 29.1, señala como obligación del Estado y los padres procurar que la educación del niño deba «encaminarse al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, a sus valores, a asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos…». Lo anterior no se cumple si no procura el Estado algún tipo de intervención en la protección del no nacido a partir de que éste es concebido. No puede dejarse tal labor únicamente a órganos de control social informal y abandonarlo en terrenos donde sólo pudiere participar –y tengo mis dudas– la moral –que ya hoy es «moralina»–, sin influencia alguna de forma coercitiva, además de ser de observancia general. 

Podemos darnos cuenta que, si aún reprimida penalmente con sanción privativa de libertad, la conducta abortiva ha alcanzado índices alarmantes –siendo solo la moral en algunos casos la limitante como barrera para impedir su práctica–, la exclusión de protección estatal del producto concebido en sus primeras manifestaciones de vida, lo excluye también de la valoración de los derechos humanos o fundamentales o de los valores sociales reconocidos por el Estado.

Así, la vida del no nacido en sus primeras semanas de vida y desarrollo, ya no quedaría como un interés de la humanidad que deba de promoverse y enseñarse a los niños –pues ni siquiera el propio Estado procura de alguna manera formal su protección en una etapa anterior al nacimiento–.

Por citar un texto jurídico mexicano, reseñaré que el artículo 14 constitucional dispone que «nadie podrá ser privado de la vida». Como claramente se desprende de la doctrina nacional, tal precepto fundamental es clasificado dentro de las garantías de seguridad jurídica; así puede advertirse en la obra del insigne jurista Burgoa. En igual sentido otros preceptos constitucionales utilizan la palabra «nadie» al referirse a los individuos. Por tal motivo, se ubican más tales preceptos como derechos públicos subjetivos y no como jurídico-objetivos. Así, se percibe claramente por el aspecto limitativo que le corresponde, esto es, como barrera infranqueable del poder público para con los individuos en sus derechos elementales.  

En cuanto a su interpretación, de igual forma se ha sostenido que los derechos humanos como imperativos éticos emanados de la propia naturaleza del hombre, asumen su positividad y vigencia en las plasmaciones constitucionales. Esto les confiere obligatoriedad jurídica al convertirlos en el contenido de los derechos subjetivos públicos –que son un elemento esencial integrante de las garantías del gobernado–.

De esta forma puede inferirse la relación existente entre los derechos humanos, los derechos subjetivos públicos y las garantías individuales. Los primeros condicionan a los segundos, que a su vez constituyen las garantías del gobernado. Pero, a pesar de tal cause a través del cual se pretenden abordar los derechos constitucionales, queda sin respuesta la cuestión que nos planteamos respecto a que si el enunciado “nadie puede ser privado de la vida”, alcanza también al nasciturus. Más aún, en una exposición posterior que el jurista  mencionado hace en su obra, pareciera  ser que lo relaciona más con la persona humana, esto es, con los ya nacidos, pero no con la vida del no nacido.

Ello es una muestra de la contaminación interpretativa provocada por legislaciones consentidoras de otros países –así como de criterios y declaraciones de orden internacional que, en el ánimo de enaltecer derechos humanos y libertades de la mujer, dan la pauta para que legislaciones internas se inclinen en favorecer el derecho de autodeterminación de la mujer por sobre la vida del producto de la concepción–.

De lo expuesto, concluimos que de la política criminal como disciplina (conjuntamente con un desarrollo dogmático penal acorde con la protección penal que merece la vida intrauterina), sí es posible el hecho de llegar a la creación de una normativa que armonice con la reprobación social del aborto. Y es precisamente ése el propósito de este texto.

Para llegar a nuestra posición en cuanto al por qué y cómo despenalizar, es necesario en principio, el enfocarnos y partir, de todo aquello en que puedan ser compatibles ambas posturas contrapuestas, y esto se encuentra constituido –al menos por ahora, porque tempus irreparabile mutat– con la reprobación del aborto. Este hecho criminal, desde mi óptica, no se incardina solamente en lo moral, sino, que trasciende lesivamente al ser humano más vulnerable en nuestro mundo, y este es el nasciturus

De todo lo anterior, se constata imprescindible la necesidad de desarrollar una reforma integral en la que el aborto se encuentre abarcado formalmente desde varias disciplinas jurídicas. Estas tendrán que influir desde sus respectivos ámbitos en la sociedad de una forma preventiva y, a la vez, reprobadora de aborto. Y esto no creemos que se logre con una despenalización, que ubica el aborto como un derecho de la mujer. Esto lograría que se asiente valorativamente la libre disposición del vientre materno, pues los medios informales de control social no podrían contender contra la aprobación del ordenamiento jurídico y tendería asentarse hasta en los medios informales tal aprobación jurídica. 

En forma diversa ocurriría si, en vez de ubicarlo como un derecho de la mujer, se refleja su prohibición en todo el ordenamiento jurídico. El retiro punitivo estaría sostenido solamente por la idoneidad del medio de control social formal en su actual forma de intervención, lo que no significa la legalización del aborto, sino un tratamiento formalizado diferente. 

Pero… de nada servirán las leyes escritas o promulgadas si nuestras conciencias ya se acostumbraron a llamar «bueno» a lo que es «malo», y a considerar «justo» lo que es «aberrante», «injusto», «incorrecto» y «vergonzoso». Si por una excepción –como pudiere ser una malformación fetal o una violación– exigen un reconocimiento de derecho, ¡cuando llega a regla termina por imponerse a todos, ahí sí que sin excepción!

Sigan permitiendo el asesinato de inocentes nonatos… Las señoras madres de ustedes hubiesen preferido dar su vida antes que perderles a ustedes… ¡Poca gratitud a tan valiente ejemplo (y sin epidurales ni zarandajas)! ¿O les propondrían ustedes que mejor les hubiesen abortado?

El balón está en su cancha… 

@LaReconquistaD

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