Con el indulto en los talones

Desde que se empezó a oír que el gobierno podría indultar a los secesionistas condenados por sedición (aunque cometieron rebelión, digan los que digan Marchena y los “unánimes”), a millones de españoles nos recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Desde ese mismo momento sabíamos que este gobierno llegaría hasta el final con tal de seguir en el poder. De hecho, de haber sido condenados a rebelión, como pedían los cuatro fiscales valientes de la sala segunda del Tribunal Supremo, el juez instructor y el resto de jueces que intervinieron en el “procés”, hoy día no estaríamos hablando de indultos.

Ahora ha llegado el momento que el gobierno pague a sus socios lo que les prometió cuando pactó con ellos el gobierno de España, los que apoyaron a Sánchez a asaltar el poder, a proclamarse presidente del gobierno de forma ilegitima y yo diría hasta presuntamente ilegal, pues Sánchez se aprovechó de una frase falsaria, de un juez de “las cloacas”, Juez de Prada, en un juicio donde Mariano Rajoy estaba de testigo, que más tarde le obligaron a rectificar. Para después “montar” su circo mediático y político y alcanzar el poder con los apoyos de todos los criminales de la extrema izquierda comunista. Se podría decir que Sánchez siempre paga sus deudas, aunque solo si son a criminales, separatistas, comunistas, asesinos terroristas, o como en este caso, devuelve el favor a sus socios los criminales golpistas catalanes que apoyaron su investidura.

El indulto no es una potestad del gobierno, no puede ser una iniciativa del gobierno de forma arbitraria y caprichosa, sino cumpliendo escrupulosamente la ley. Siendo los propios interesados los que lo soliciten, siempre a título individual, o a petición del tribunal sentenciador, de los familiares de los condenados o cualquier otra representación de los mismos.

La ley que regula los indultos

Capítulo II de la Ley del Indulto
Art. 11.
El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado.

Capítulo III de la Ley del Indulto
Del procedimiento para solicitar y conceder la gracia del indulto

Art. 19.
Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación.
En todo caso, según la ley, el solicitante del indulto debe de haberse arrepentido y demostrar fehacientemente su arrepentimiento. Demostrar que ese arrepentimiento es real, que encauzará su vida en el estricto cumplimiento de la ley y se compromete en no volver a delinquir.

Art. 20.
Puede también proponer el indulto el Tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo a lo que se dispone en el párrafo tercero, art. 2.º del Código Penal, y se disponga además en las Leyes de procedimientos y casación criminal.

El informe del TS niega la posibilidad del indulto

El informe que ha expuesto el Tribunal Supremo no deja lugar a dudas, negándose la posibilidad de solicitar el indulto y menos que sea favorable, en este caso. Todo lo contrario, el TS deja claro que es inviable la concesión del indulto debido a que los condenados no cumplen ninguno de los requisitos para tal concesión. Pero, además, lo dice también la fiscalía del TS, que niega esa posibilidad y que lo considera ilegal.

El TS, llega a calificar el indulto como «una solución inaceptable» que conduciría a convertir en ineficaces las resoluciones judiciales.

O, dicho de otra manera, el gobierno usurparía la facultad de un tribunal de justicia, inmiscuyéndose de forma gravísima en la separación de poderes. Se apropiarían de todos los poderes del estado, el legislativo, donde tienen mayoría absoluta, el judicial, donde con este indulto dejan nulo al Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial española, y el ejecutivo, que es el que ellos ostentan con el gobierno de España.

El informe que respaldan los seis magistrados que impusieron a los acusados penas de hasta 13 años por delitos de sedición y malversación, la sala penal del supremo destaca que, “no existen motivos de justicia, equidad ni utilidad pública en la medida de gracia. incide, además, no solo en la falta de arrepentimiento de los penados, sino también en su intención de reincidir, que han manifestado en distintas ocasiones. «No hay la más mínima prueba de arrepentimiento»

La presunta responsabilidad penal del gobierno

¿Qué pasaría si el gobierno de España facilitara el indulto de forma flagrante e ilegal a los condenados por sedición?
Pues lo que debería de pasar de inmediato, no a través de querellas o interponiendo recursos contra el gobierno, pues ya sabemos los plazos de la justicia, es que La F.G.E. debería de ordenar la detención o procesamiento inmediato de todo el gobierno en pleno. Como sabemos que la F.G.E. no dará esa orden, también incurriría en los mismos presuntos delitos, añadiendo el de prevaricación. De ahí, hasta que una autoridad de la fiscalía, de la judicatura, o cualquier otra autoridad, incluso, de la jefatura del estado diera la orden de suspender de sus funciones a este gobierno y posterior procesamiento. De no hacerse así, el gobierno habrá tomado los tres poderes del estado, todo el poder, poder omnímodo consustancial al totalitarismo.

SM el Rey tiene que ratificar con su firma el decreto

SM el Rey puede negarse a firmar el decreto de indulto que elaborase el gobierno por considerar que es ilegal, o de dudosa legalidad, al haber expuesto el TS y la fiscalía del mismo lo inconveniente de ese indulto. Aunque también comprendo que de hacer eso, negarse a firmar tal decreto, aun siendo ilegal, se abriría una crisis nacional entre la jefatura del estado y el gobierno de consecuencias muy peligrosas, pues recordemos que el gobierno lo conforman los comunistas, y que la extrema izquierda se moviliza de forma violenta cuando son convocados para ejecutar altercados extremadamente violentos contra el orden público. Lo vemos frecuentemente en Cataluña, en Madrid o en cualquier lugar donde les ordenan actuar.

Muchos desearíamos que el Rey tuviera más potestad, más poder como Jefe del Estado, pero nuestra Constitución le deja muy poco margen de actuación, aunque la más principal es la de mantener el orden Constitucional, la integridad territorial y la unidad de España, así como velar porque se cumpla y hacer cumplir las leyes del estado. Por supuesto, el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Título II. De la Corona

  1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

En tal caso, si SM el Rey D. Felipe no firmara el decreto de indulto infame que le presente el gobierno, se debería de producir ipso facto una gigantesca manifestación de apoyo a su valiente decisión, aun sabiendo del riesgo que conlleva la misma. Es una encrucijada para su Majestad y para los ciudadanos de bien que asumimos la responsabilidad de apoyarle, cualquiera que sea su decisión, pues siempre actuaría por el bien de los españoles y de España. Como ya lo hiciera en aquel discurso histórico y memorable, donde detuvo el golpe de estado de 2017 en el parlamento de Cataluña.

En estos momentos cruciales para la integridad de la nación española, es cuando hay que demostrar la frialdad, la serenidad, el valor y el patriotismo de anteponer los más altos intereses de España y de los españoles como nación libre y democrática a cualquier otra consideración, venga de donde venga, incluso si emana de forma injustificada y torticera del gobierno.

Todo está ya casi listo

Según fuentes del ministerio de justicia, el indulto estaría ya redactado, sería inminente, tan sólo faltaría encajar en la redacción del mismo la facultad del gobierno para poder hacer una “reversibilidad” del mismo. Así, en el caso que los indultados volviesen a delinquir, el gobierno tendría la facultad de hacer reversible esa medida de gracia y volver a procesar y condenar de nuevo a los mismos, con la salvedad que, se les acumularía las penas que les faltase por cumplir más las nuevas penas por los nuevos delitos. Pero lo que no dice el gobierno, es que quieren rebajar en el código penal a la mitad la pena de sedición, por lo que, aunque volvieran a cometer delito de sedición (pues seguramente este gobierno hará desaparecer la rebelión), con el nuevo marco jurídico del delito de sedición, se quedaría en «agua de borrajas», que es la última pretensión de este gobierno infame. De esta forma, Junqueras podría estar en la nueva «mesa de dialogo» que el gobierno quiere abrir para satisfacer, encajar y contentar a sus socios de gobierno, los secesionistas, golpistas y criminales catalanes del «procés».

Aquí no valen equidistancias, o se cumple la ley y gana la democracia, o gana el poder totalitario del gobierno, sustituyendo al resto de poderes del estado, extinguiendo la ley y destruyendo todos los pilares que sustentan nuestro estado de derecho Constitucional.

Estamos ante una encrucijada donde el poder, es decir, el gobierno, quiere indultar en grupo a los criminales condenados secesionistas del golpe de estado del 1 octubre de 2017, de forma ilegal, aberrante y dictatorial, sin respetar lo más mínimo los principios fundamentales de la ley del indulto que es la que rige para la concesión del mismo y no como quiere hacerlo el gobierno, de forma unilateral, arbitraria, sectaria e ilegal de todo punto.

La concesión del indulto de forma unilateral, en grupo y desoyendo el informe que ha elaborado el tribunal sentenciador, imprescindible para tal concesión y que el mismo ha sido negativo sin ningún género de dudas, sería uno de los delitos más graves que un gobierno puede cometer en una democracia.
Pero como no podemos esperar nada de las autoridades judiciales y de la fiscalía (ojalá me equivoque), es obligado más que nunca que millones de ciudadanos nos movilicemos: ¡¡¡todos a Colón!!! El día 13 de junio a las 12:00 horas en la Plaza de Colón de Madrid

Pocas veces se dan las circunstancias tan especiales como ahora, para que todos salgamos a salvar la dignidad de España, incluso a la propia España como nación libre. Tenemos la obligación moral, legal y como patriotas para salvar la ley y la libertad, que es la salvaguarda de la propia existencia de la nación española.

Es imprescindible, con todas las precauciones sanitarias, de organización y con responsabilidad, el que salgamos de forma masiva a decir basta a tanta ignominia y destrucción de los valores de nuestro estado de derecho, de nuestra democracia, de nuestra convivencia y lo fundamental, hay que ir a Colón a salvar nuestra libertad, pues en definitiva es lo que nos jugamos, pues de concederse el indulto, la Constitución se partirá en dos, la democracia se quebrará y ya no habrá libertad, pues habrá ganado la impunidad de los criminales sobre el imperio de la ley.
Les dejo el BOE donde está publicada la ley que regulan los indultos en España

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1870-4759

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