Columna de La Reconquista | Un Estado, dos Estados, tres Estados… (Parte III)

Continuando, amable lector, la exposición sobre algunos de los elementos conformantes de los Estados, he de reiterar, en esta tercera parte, que toda población, por el hecho de serlo, ha de estar asentada en un territorio (y que éste ha de estar también correctamente delimitado). A nivel internacional no es un problema en sí (las fronteras son realidades jurídicas, legales y políticas, con efectos económicos, sociales, legales y a veces culturales), pero sí lo es en referencia a las demarcaciones internas del país –no me permita aún, por favor, referirme a «provincias», «comunidades autónomas», «comunidades forales» o «países históricos», ya que sería baladí hacerlo, toda vez que meramente son regímenes de organización interior del Estado–; también pudiere darse el supuesto de que habitantes unidos por un factor cultural pueden estar separados por el espacio físico –como ocurre con algunos territorios muy dispersos pero íntimamente entrelazados por creencias religiosas, ideologías o procedencia histórica–.

En definitiva, el territorio es un elemento esencial: sin él no hay Estado. Hay territorios grandes (Brasil, China, Federación Rusa, USA) y hay territorios pequeños (El Salvador, Belice, Luxemburgo, Mónaco, Vaticano, Malta). Grandes o pequeños, sin territorio no pueden ser «Estado». Es por esto que los países protegen su territorio –o deben protegerlo, porque si para muestra sirve un botón, las fronteras españolas están en la ruina, y la inmigración ilegal ataca, permea, cruza y delinque a su libre (o no tanto) albedrío, poniendo en absoluta debilidad e indefensión el poder estatal–. Por poner algún otro ejemplo, consideremos la actualidad internacional: el Estado de Palestina se encuentra peleando con Israel por su territorio; Chechenia: se quiere independizar de Rusia; Guatemala no ha establecido aún sus límites fronterizos con Belice…

El territorio no es solo concepto físico sino también jurídico, porque para el Estado no es solo necesario que sea un territorio continuo. Por ejemplo, EEUU tiene islas en Hawái, en el Pacífico y por Alaska (que se encuentran a miles de kilómetros). No importa que físicamente el territorio esté separado porque jurídicamente conforman un mismo Estado, como los Estados isleños (islas separadas por agua que conforman un Estado, como Japón, Filipinas, Grecia, Micronesia, etcétera).

Ciertamente, ya Platón en sus obras hablaba de la importancia del territorio, al igual que posteriormente lo hizo Aristóteles, si bien en la antigüedad no fue un tema de capital importancia (porque si necesitaban más territorio conquistaban el territorio vecino y se acabó; este teoría, llamada “del origen violento del Estado”, tiene a Oppenheimer y Gumplovitz como iniciadores, y a todos los comunistas como herederos). Ahora es algo diferente, puesto que existe un derecho internacional que contempla el reconocimiento de los límites fronterizos –aunque sigue siendo cierto que no los respeta ante presuntas “intervenciones pacíficas”, violando su soberanía–.

Algunos autores insisten en una definición cualitativamente distinta: el territorio es el asiento permanente de la población o de la nación que forma un Estado, y forma el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal (lo llamamos también «ámbito territorial» o «ámbito espacial»). Por ello la legislación es interna –salvo los convenios pactados internacionalmente, que son jurídicamente vinculantes–.

El Estado no es noción puramente física, sino también un factor de influencia, porque el territorio tiende a moldear de alguna forma a la población, influye en el carácter, en lo que trabaja la población. Por ello los estudios antropológicos y etnológicos demuestran que según la climatología se desarrolla una cultura u otra, etcétera. El territorio a un Estado le sirve para mucho. Las razones son múltiples, pero coinciden en que dentro del territorio se llevan transacciones económicas que fortalecen su régimen y autofinanciamiento interno (explotación minera, agricultura, pesca). Por eso otras ciencias también estudian al Estado por sus relaciones con el territorio (la Economía, la Sociología, el Derecho, la Antropología, etcétera).

Desde luego, en estos movimientos territoriales de influencia se propugna por parte de la población una vía que no es del todo grata, ante lo que considera «legítimas razones de independencia»: la desobediencia civil, pacífica o armada. La creatividad de los políticos radicales y sus seguidores fanatizados no parece tener límites. En su versión completa, profunda y radical, este camino desemboca en la creación de territorios “liberados”, espacios que no se oponen al sistema de manera frontal, sino a sus valores, prácticas y visiones del mundo, y simplemente les dan la espalda, para mantener o construir en el aquí y el ahora una sociedad diferente, no importa que ese acto de creación y construcción se realice en pequeños territorios de escala local, municipal o micro-regional.

Esta vía (que, en esencia, es un ejercicio del poder social o ciudadano) se ha alcanzado por diversos caminos: la insurrección armada, el consenso ciudadano articulado y validado jurídicamente, un impulso independentista, la autodefensa ante la inseguridad, defensa de los recursos forestales, o una simple tradición histórica. Desde luego, plantea problemas serios a la interpretación de la soberanía popular y la soberanía de la Nación, así como al bloque de constitucionalidad en el sistema jurídico positivo. Pero fríamente visto, sí podríamos ver parte de razón en todo aquello que se propugna como un derecho propio a la tierra, en base al trabajo y las necesidades económicas. La población, entonces, se convierte en propietaria y detentadora de la soberanía, al margen de los ordenamientos jurídicos.

Un punto de vista interesante lo proporciona el Convenio 169 de la OIT, que concede la diferenciación entre «autonomía» y «soberanía» para la administración del territorio por parte de la población (si bien no de una manera tan extremosa como pretenden movimientos independentistas). En efecto, desde el margen de los Derechos Humanos y su interpretación (máxime en el control difuso de convencionalidad establecido), realiza el estudio de la «semi-soberanía» (si podemos decirlo así) como un punto intermedio de régimen de gestión administrativa y política interna propia de la población de un determinado territorio que, por el motivo que fuere, exige un respeto y práctica de la idiosincrasia de su pluriculturalidad. Hermosa teoría, pero que resulta un caos estilo “co-gobernanza”, “comunidades autónomas” o “países” dentro del Estado, puesto que dibuja horizontes románticos de gobierno (sin fijarse en la administración) y no estipula responsabilidades y actores punibles (excepto para el beneficio de su ideología). Recordemos qué ha sucedido con el COVID-19, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de cada Comunidad Autónoma en España, por ejemplo: directrices genéricas no obligatorias para echarse la culpa unos a otros de los aumentos de contagios de o que fuere (llegando a la ridiculez de achacar a un presunto virus hasta inteligencia propia, puesto que fue capaz de distinguir franjas horarias, demarcaciones y delimitaciones territoriales hasta por calles, diferenciando edades y casi clases socio-económicas). Negligencia en estado puro.

Ahora bien, esta relativa autonomía e individualidad justifica la necesidad de una gestión a partir de la agregación individual de las opiniones, de las elecciones; en otras palabras, la libertad se vuelve ícono sagrado de las relaciones humanas y su resguardo parece ser posible a partir de la adquisición de una tecnología que registre y condense los deseos de libertad y prácticas múltiples de elección. He ahí la sempiterna pregunta: ¿es viable la democracia en convivencia con la desigualdad?

Dicho de otra forma: ¿qué papel juegan las relaciones de poder, entonces, en la redefinición de las identidades en los contextos de democracia y globalización? El poder es un co-actor, forma parte de la acción, en donde la identidad es un ejercicio del mismo poder incluso en las asimetrías (¿no diría Weber que «el poder es amor»?), como es el ejemplo de las ya mencionadas «Comunidades Autónomas» cuya mal denominada y peor estructurada “autonomía” se ha concebido como “co-soberanía”, dando pie a una concatenación de dislates en los órganos y poderes del Estado, subdividiéndose y contradiciéndose unos con otros, a falta de un sistema central fuerte (que en teoría es la Constitución y los Códigos sustantivos, aun cuando en la práctica son sistemáticamente atacados y demolidos como “opresores”, tan grande es el conocimiento que anega las mentes intestinales de los defensores autonómicos)

Es importante insistir en el manejo del discurso de los independentistas, no tanto porque en él se puede dar cuenta de sus contradicciones como grupo étnico de corte comunista, sino porque ha sido el arma que les ha “permitido” obtener legitimación frente a los grupos sociales, la sociedad civil, el mundo académico y particularmente los movimientos y actores civiles del mundo occidental. Lo anterior ha llevado, como sucede con gran frecuencia, a que el ámbito académico y las ong, particularmente de corte europeo, se vean obnubiladas y seducidas, aún hoy, por dicho discurso. Así, estos símbolos inscritos en discursos metafóricos han hecho de los «independentismos» unos movimientos, que al menos en sus inicios, han sido bien recibidos por la comunidad militante, civil y académica internacional y algunos sectores abducidos de la población. Todo ello alcanzó mayor auge con el agregado de que en la actualidad no es «políticamente correcto» rechazar las demandas de los pueblos “originarios” por temor a ser catalogado de “racista” o “xenófobo”, según una muy subjetiva y peculiar interpretación de los derechos humanos.

Valdría la pena preguntarse lo que significa el tan cacaraqueado «multiculturalismo» para nuestras sociedades, sobre todo para contextos histórico-geográficos como el de España, donde la diferenciación cultural ha estado presente en el marco histórico de asimetrías de poder entre etnias dominantes y etnias sometidas desde los tiempos más antañones de los cuales guardamos memoria (ya los propios romanos lo decían de los habitantes de la península ibérica). 

Al respecto, se puede notar que dicho vocablo representa la manera cómo en la actualidad se pretende gestionar y armonizar la mezcla e interdependencia de todas estas actividades e interacciones socioculturales multidiversas. Ciertamente, el multiculturalismo es un movimiento de pensamiento que aboga por la pluralidad de discursos, y valoriza a la vez las identidades diferenciadas a partir de la noción de «tolerancia» de las diferencias, donde la cuestión significa tolerar a aquellos «diferentes», nos guste o no, pues comparten el mismo espacio y son también miembros del clan nacional (noción de reconocimiento).

Ahora bien, junto con este espíritu político de reconocimiento se generan programas políticos con el objetivo de “conciliar” y hacer “cohabitar” las diferencias y las diversidades; incluso se podría hablar de la potenciación de estas diferencias (al menos en su intención política) a través de una cohabitación entre ellas en las formas de intercambio permitidas en el espacio público. Lo anterior puede llevar efectivamente a efectos políticos (como el comunitarismo a ultranza del que tantos políticos se quejan), y al repliegue identitario, a la enemistad y odio entre los pueblos.

Pero de la integración y el «multiculturalismo» les hablaré en la siguiente entrega, si su paciencia me concede tal gracia.

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