Columna de La Reconquista | Un Estado, dos Estados, tres Estados… (Parte I)

Ganas tenía, señor lector, de reflexionar juntamente con usted acerca de un tema muy interesante –desde las ciencias sociales y humanísticas, tan desprestigiadas hoy–, como lo es el concepto, existencia, elementos y finalidad del Estado. De todo Estado, para comenzar, y de nuestro Estado español –que ya ubicaremos si «nación», «pueblo», «sociedad» en lo concreto, en caso de que me conceda usted su paciencia y benevolencia en esta entrega y las subsiguientes–. Porque… ¿necesitamos al Estado? ¿Necesitamos un Estado? Afirmaré taxativamente y sin ambages que sí.

Pero sentemos los cimientos de la reflexión. Lo primero, indubitable, es que el Estado es una sociedad humana –o agrupación humana, o colectividad humana, o asociación humana, si tal lo prefirieren– compuesta por personas –ya que los ni los animales ni otros entes vivientes o no vivientes pueden conformar un “Estado”, aun cuando se invoque la teoría de la ficción de Savigny, tan utilizada en el mundo jurídico para dotar de personalidad jurídica al propio Estado y toda asociación, sea civil, mercantil o fiscal–. Sin embargo, dilecto lector, insisto en que el Estado, entre sus elementos constitutivos principales, cuenta con la población, las personas humanas que lo habitan e integran (y no el número de perritos que pudiere tener ese territorio, ni los huevos de tortuga que hubiere en el mismo, ni siquiera los cardúmenes que se alimenten en sus costas, en caso de poseerlas).

Ahora bien, es necesario aclarar que filosóficamente entendemos por «persona» los seres humanos, racionales, con cuerpo y parte espiritual, seres sociales por naturaleza que nos unimos para satisfacer necesidades, teniendo dimensiones psicológicas, jurídicas, culturales y morales. No le engañaré, puesto que teorías y doctrinas las hay para todos los gustos: algunos pensadores dicen que el hombre es básicamente una “conciencia” o “una participación de la conciencia universal” (de lo cual dudo en verdad, pese a toda la entropía que quieran justificar); para los positivistas (Comte, Darwin, Marx), la persona es pura materia; los seguidores de las teorías nietzscheanas afirman que el ser humano es un “súper hombre”; los naturalistas que defendemos (aún) a Aristóteles y Tomás de Aquino, el hombre también es espíritu, la conjunción de cuerpo y alma –siguiendo el primero la razón natural y el segundo la tradición de Boecio y Agustín de Hipona–, además de las últimas aberraciones que extienden la personalidad a la llamada «inteligencia artificial». 

La población es la suma de personas, sin importar las circunstancias particulares y características (en este sentido, «población» abarca a todos los habitantes, sean o no ciudadanos, nacionales, extranjeros o turistas), y la concepción de «persona» influye en la concepción del Estado, desde lo más básico (considerar el Estado como el espacio o porción geográfica en el que se realiza la actividad estatal) hasta lo más elaborado (como considerar que el Estado no es una noción puramente física sino también un factor de influencia, porque el territorio tiende a moldear a la población e influye en el carácter, la actividad y recursos internos de la población).

El ser humano tiene también una finalidad, una teleología, una “tarea propia”, siempre con un afán individual “personal” para lograr sus fines. Muchas veces ese fin está sobre la parte social (y así se pide a la sociedad que ayude a realizar tales fines, siendo papel del Estado ayudar a conseguir esos fines; por ello garantiza los derechos: la vida (seguridad física), de los bienes (propiedad), la libertad, igualdad, etcétera).

Es por esto por lo que existe una relación triple entre el hombre (persona) y el Estado, para que surjan los derechos del ciudadano (no sólo como premisa de la Revolución Francesa, con el lema «Derechos del hombre y del ciudadano», en 1793). Esta teoría, consecuencia del contractualismo promovido por los autores ingleses John Locke y Thomas Hobbes, así como por los franceses Charles Louis de Secondat (más conocido por el patronímico de su título nobiliario, Barón de Montesquieu), Voltaire, Diderot y D’Alembert, pero especialmente desarrollado por Jean Jacques Rousseau, en su obra El contrato social o Principios de derecho político.

Esta relación es la que justifica la existencia del Estado como persona moral o jurídica, efectiviza la consecución de las necesidades de la población (individual y colectiva) y permite planear y mejorar las herramientas o instrumentos por medio de las cuales se ha de lograr esa consecución. Por ello, en otras palabras, hemos de decir que:

  1. El ser humano crea el Estado. La relación de la población (que es soberana) con respecto al Estado es, en primer lugar, causal, puesto que el ser humano es creador del Estado. Ya sea siguiendo la teoría contractualista ya mencionada, ya sea adoptando algunas de las teorías organicistas (como la de Claude Bernard), positivistas (Comte o Kelsen) o históricas (como sostienen Serra Rojas y Porrúa), el hecho es que el ser humano, habitante del planeta y consecuentemente poblador del mismo, es el creador del Estado. Sea éste considerado como “defensa” (Hobbes), como “organizador” (Locke) o como sociedad que busca un fin último (Rousseau y Montesquieu), es un factor ineludible.
  • El ser humano crea el Estado para conseguir sus fines propios. En segundo lugar, la relación del ser humano con el Estado es teleológica. Dado que el hombre es el único animal capaz de proponerse fines a conseguir (ya que la naturaleza del ser humano es teleológica y que debe indicar los fines que le convienen), necesariamente de ello se ha de deducir que debería ser posible ordenar estos fines con los de la vida social, por lo que la creación del Estado era contingente de la propia naturaleza del ser humano. Ahora bien, siempre hay una razón ordenada, una recta ratio, por la cual esta naturaleza racional, social y temporal del ser humano actúa. Así, la creación del Estado obedece a que el ser humano es a favor de quien se realizan los fines del Estado. El Estado en sí no es una persona (excepto por la mencionada ficción jurídica de Savigny, para poder mantener una relación de igualdad contractual). El Estado es creado; pero esto no quita que, por la voluntad del mismo creador (el ser humano que puebla un determinado territorio), el Estado tenga la capacidad de ser también co-creador, en el sentido de que no crea independientemente del ser humano. Por ello hemos distinguido como actuación propia del Estado la del poder estatal, no ceñido únicamente a la política (que sería, según la tradicional definición de Serra Rojas, el gobierno y la administración de los asuntos internos y externos del país gobernado), una capacidad jurídica y real, por la soberanía de la población que lo integra, que le dota de los medios efectivos (e incluso coactivos) para poder lograr los bienes superiores (teleológicos) a los que el ser humano como persona y como sociedad (aspecto cualitativo de la población) aspira: la felicidad en aspecto universal, y en aspecto particular su seguridad jurídica (un estado jurídico que defiende la vida de modo imparcial y justo, que cuenta con las instituciones necesarias para dicha protección y goza de confianza en quienes buscan el Derecho de que éste será aplicado de manera justa), la libertad, el bien común, la igualdad, la paz social, el interés público, el interés general, etcétera.
  • El ser humano crea el Estado para conseguir sus fines propios mediante las leyes justas. En tercer y último lugar, si bien ya ha sido esbozada anteriormente, la relación entre el ser humano y el Estado es jurídica. Entendemos por ello que la población es el ámbito humano en que se ejercita el poder del Estado (y por lo mismo, entendemos también que el poder del Estado debe estar limitado por el propio ser humano a través de la legislación justa, no meramente la legislación positiva). Esta relación implica coordinación, y no subordinación o supraordenación del ser humano (contradiciendo en cierto modo la teoría de Jellinek sobre la naturaleza del Estado, puesto que sólo sería válida para entender las clasificaciones del Derecho, en vía efectiva al Derecho Público). Es de capital importancia resaltar que, siguiendo fielmente el pensamiento de Rousseau, es la población del Estado quien debe legislar, encargar la aplicación de la ley y la tutela de lo legislado, a través de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial (a tenor de la teoría clásica de la división de poderes que también propugnan Alexis de Tocqueville y Montesquieu), en forma directa o indirecta.

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