Columna de La Reconquista | Seamos objetivos: abortar es asesinar (Parte V)

Aun corriendo el riesgo de cansar a usted, señor lector, con esta pormenorizada presentación de las perspectivas jurídicas, legales y éticas del aborrecible crimen del aborto –ahora, eufemísticamente, «interrupción voluntaria del embarazo», ya ve cómo pintan las cosas con esa pretendida ambición de confundir lo malo con lo bueno bajo apariencias de algo inocuo cuando en verdad es inicuo– no puedo ni debo sino continuar con la serie de columnas abocadas a exponer que las realidades innegables: que el aborto es un asesinato; que este asesinato está despenalizado –por lo que no se debe reparar el daño causado al más inocente de los seres, el no nacido–, que esta despenalización es parte de un plan más amplio para prostituir y adormecer las conciencias, preparándolas para cualquier aberración subsiguiente –como lo ha sido, de hecho, con la promulgación de leyes ideológicas sobre eutanasia, «género», objeción de conciencia y restricción de libertades, etcétera– y que, en definitiva, las contradicciones en las que quieren sustentar una supuesta “legitimidad” de la “libertad” del comitente (o sea, de la madre que decide asesinar a su hijo concebido) bajo la pretensión de ser un «derecho» –e incluso un «derecho humano», en la tendencia de la ONU–, es una total y absoluta irracionalidad, carente de toda ética, valor, defensa y coherencia, puesto que el fárrago legal de los ámbitos internacionales y nacionales presentan lagunas como océanos, contradicciones del tamaño del planeta Júpiter y conclusiones que desvirtúan toda humana naturaleza.

Centrándonos, como le previne en la anterior columna, la cuarta de esta serie, en la legislación española –¡pobre, pobre España!–, he de poner en consideración de usted muchos datos que ya tiene en su mente y ha conocido, pero que son del todo necesarios para la correcta comprensión de la finalidad perseguida, por lo que le rogaré su paciencia…

En fecha 25 de mayo del 2009 –fecha de condenada memoria para la vida humana en el territorio patrio– fue recibido por el Consejo General del Poder Judicial el texto del anteproyecto de ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, remitido por el Ministerio de Justicia para efectos de la emisión del preceptivo informe. En reunión de fecha 15 de julio de ese mismo año, la Comisión de Estudios e Informes acordó su remisión al Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El 26 de septiembre de 2009 –también condenada sea la misma–el Consejo de Ministros aprobó, con algunas modificaciones, el Proyecto de Ley mencionado, mismo que fue aprobado por el parlamento español el 03 de marzo de 2010. Así, la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, indica de entre los motivos de tal propuesta –según una estupidez ingente, una conculcación de la ley natural como pocas veces se ha dado en la historia y un absurdum jurídico de involución al australopiteco–, la relevancia de los derechos de libertad, dignidad, intimidad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad de la mujer, que desembocan en decidir libremente sobre la continuación o no de su embarazo, así como proteger su salud sexual y reproductiva. Otro de los motivos lo sitúa en las diversas recomendaciones internacionales, que si bien es cierto, no tienen fuerza obligatoria porque no emanan de un Tratado Internacional válidamente suscrito, sí reflejan una posición importante del derecho en el ámbito internacional –olvidando mencionar el resto de Convenios Internacionales que protegen la vida desde el momento de su concepción, claro está–. Las orientaciones de diversos textos internacionales surgidos de Convenciones, Conferencias y Resoluciones Internacionales, contienen un conjunto de recomendaciones en el sentido proponer el proteger y reconocer en las legislaciones de los Estados participantes los derechos de la mujer en materia de discriminación, de acceso a las instituciones de salud, de atención en los aspectos de salud sexual y reproductiva que enmarca los rubros de elección libre sobre el número de hijos, la anticoncepción, los embarazos no deseados y educación sexual, entre otros. Este reconocimiento que proponen las citadas recomendaciones, señalan que se encuentra basado en la clara “diferencia y desigualdad de la mujer”, por ocurrir en ella la concepción (en esa fecha todavía reconocían que existía concepción) y el embarazo –aunque ahora, al parecer, también los hombres y los «trans» podrán embarazarse, como hipocampos, aunque éstos es de manera natural y los anteriores de forma asquerosa vía rectal–.

En lo que en este tema interesa, la política aconsejada por las comisiones internacionales, es aquella que tiene que ver con la promoción de información y educación sexual, la prevención de embarazos no deseados para no tener que acudir al aborto, la práctica legal de abortos una vez que se cumplan ciertas condiciones y requisitos y, que se ofrezcan las condiciones de igualdad para la mujer en la atención de su salud sexual y reproductiva. Haciendo un paréntesis, ante esto es preciso destacar que el derecho sustantivo de los diversos Tratados Internacionales en ningún momento ha aconsejado el aborto, ni menos que la IVE se trate de un derecho de la mujer. Como ya lo expuse, en los pactos internacionales se han enaltecido los derechos humanos, enfatizando la protección de la vida humana. Y esto se contrapone con las reelaboradas recomendaciones de las comisiones internacionales que cita el proyecto de ley español.

Es así como para ajustarse a la realidad actual –osan decir los estúpidos leguleyos de aquel entonces, igual que ahora lo mantienen– y dar una respuesta político criminal al conflicto del aborto y en el afán de adecuar su marco normativo a las sugerencias y posiciones de la comunidad internacional, sobre todo europea, innova en la proyección de políticas públicas de atención en los rubros indicados.  De esta manera surge la propuesta de ley recién aprobada por el parlamento, que específicamente trata sobre la salud sexual y reproductiva, y permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En uso de otras palabras y en términos que no permiten confusión, legaliza el hecho de privar de la vida o matar al nasciturus voluntariamente dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Cabe señalar que en relación con la denominación de IVE, la Fiscalía General en su respectivo informe, se inconforma en el sentido de indicar, entre varias cosas más, que el título no se adapta a lo que regula su contenido, indicando que debe ser sustituido por el de “terminación voluntaria del embarazo”,por ofrecerse este término con dosis de más realismo y seguridad jurídica; y de esta manera se estaría ajustando a la terminología utilizada por otras legislaciones europeas, que incluso, algunas, utilizan directamente el término de «aborto».

La ley sobre el aborto aprobada puede verse sostenida por los intereses que se circunscriben en una presunta “libertad” de la mujer más que en la vida del nasciturus. Si ciertamente se le reconoce a la vida del nasciturus un valor constitucional con carácter de bien jurídico (aunque no le reconoce al nasciturus la condición de ser titular de derechos fundamentales), como así lo plasma la Sentencia 53/1985 de fecha 11 de abril –pues su vida es sometida a un ejercicio ponderativo donde va adquiriendo un valor gradual conforme avanza su desarrollo–. Pero en la Ley aprobada puede verse que la vida del nasciturus se ubica en un plano muy inferior con respecto a los “intereses” de la mujer; y tampoco se sitúa en la base o sirve de algún sustento a la reciente ley aprobada. Como puede percibirse del propio texto de la mencionada ley, efectivamente, se trata de un planteamiento integral dirigida a reconocerle y hacerle efectivos a la mujer derechos “elementales” –aun cuando sean inventados o sacados de contexto– que apuntan a su desarrollo como persona, y, dentro de estos derechos, le reconoce el de abortar.

De los motivos de la cuestionada ley, se puede deducir cierta intención de llevar a cabo una tutela del bien jurídico constituido por la vida prenatal en una forma algo «más efectiva», porque de alguna manera, aunque inoficiosa, pretenden restringir la decisión abortiva mediante un seguimiento administrativo instituido en aras de protección, siguiendo así la línea marcada por la sentencia de Mayo de 2003 del Tribunal Federal Alemán en el sentido de despenalizar sin desatender el fin protector que merece la vida intrauterina. Pero, reitero, puede desprenderse de la exposición de motivos del proyecto mencionado, que lo que ha detonado o impulsado el mismo, no tanto lo es la preocupación de cómo proteger la vida del nasciturus, sino el cómo hacer prevalecer los “intereses” –por espurios, ilegítimos, egoístas y pervertidos que sean– de la mujer por sobre la vida intrauterina. De esta forma, de cara al texto de tal normativa, a mi parecer, se traduce en una desprotección del nasciturus dentro las primeras catorce semanas de gestación y una legalización del aborto, lo que es contrario con la interpretación del artículo 10.1 de la Constitución Española que hace el STCE en la sentencia  53/1985 de 11 de abril, cuyo criterio sustentado es en el sentido que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva, y esto ha sido afirmado por las Sentencias 116/1999 de 17 de julio; 75/1994 de 27 de junio; y 212/1996 de 19 de diciembre. Estos pronunciamientos sostienen en síntesis que, el legislador se encuentra vinculado a establecer un sistema legal que brinde una protección que pueda mostrarse en la mayor medida posible, como efectiva. Y en el caso del proyecto español, no se desprende que exista prohibición de algún tipo, y la conducta podría ser hasta atípica y no un excluyente personal de penalidad, pues si nos remitimos a la exposición de los motivos que produjeron la ley, así puede interpretarse, rebasándose con esto la naturaleza jurídica emanada del sistema de indicaciones.

En la motivación del mismo, no hemos encontrado basamento alguno que haga referencia exhaustiva a la protección de la vida del ser gestante, aunque sí se extiende en indicar la prevalencia de los “derechos femeninos”. Una parte claramente explicativa de lo anterior, es la cita que hace el proyecto de ley sobre lo dispuesto por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 1607/2008 de fecha 16 de abril, donde declara que “todo ser humano, y en particular las mujeres, tienen derecho al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo, y en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto debe corresponder a la mujer interesada”. Como consecuencia de tal reelaborado pronunciamiento, la mencionada Asamblea invitó a los estados miembros a despenalizar el aborto dentro de ciertos plazos de gestación razonables. Por tal motivo se llega al convencimiento que dentro de las primeras 14 semanas de gestación, la ley española aprobada considera que prevalece el derecho de autodeterminación de las mujeres entre otros, ante la vida del nasciturus, quienes de una manera libre e informada y sin participación de terceros, puedan decidir terminar con su embarazo y, por ende, con la existencia de la vida humana del ser que gestan. ¡Asqueroso, vomitivo y repugnante, le aseguro, es tener que realizar esta relatoría de hechos en la historia legislativa, que presenta el triunfo del egoísmo sobre el amor, la voluntad sobre el deber y la ideología sobre el principio moral, con la invención de derechos, interpretaciones y justificaciones que darían nauseas a cualquier jurista honesto y decente!  

El mencionado proyecto de ley autoriza los abortos voluntarios o libres dentro de las catorce semanas de gestación, siempre que la decisión sea libre, informada y con el consentimiento expreso de la embarazada o su representante legal; que se haya entregado a la mujer embarazada información por escrito y en sobre cerrado relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, mismo que será entregado en un centro sanitario público o privado autorizado; se realice en centros de salud públicos o privados autorizados y por un médico o bajo su dirección. La información previa al consentimiento de la mujer versará sobre los distintos métodos de “interrupción” del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas por la ley y las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente, etcétera. En esto hace énfasis la ley, esto es, en el consentimiento informado, que se trata del proceso que existe entre el médico y el paciente, a través del cual este último expresa su voluntad y ejerce su libertad de aceptar o rechazar un plan de tratamiento, diagnóstico, intervención quirúrgica, terapéutica, investigación, etcétera, propuesto por el médico y para actuar en su persona, tras haber recibido información suficiente sobre los actos médicos, riesgos y alternativas a la propuesta. Pero, cabe advertir que, aun cuando la ley no lo previera, este consentimiento al que nos hemos referido es parte de un procedimiento de la lex artis medica, por lo que con independencia de su imposición, su incumplimiento acarrearía responsabilidad civil y penal. 

La información que deberá detallarse en el sobre cerrado aducido consiste en los apoyos públicos para la maternidad y el cuidado y atención de sus hijos, los derechos laborales y fiscales que le asisten en caso de decidir continuar con la maternidad, datos sobre los centros donde puede ser informada adecuadamente sobre los métodos de anticoncepción y sexo seguro y asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo, entre otros. Previa constancia de la fecha de entrega, en tres días posteriores podrá la gestante acudir a los centros autorizados para que, si así lo ha decidido, se le practique un aborto «seguro». Lo que sigue de la normativa española tiene que ver con la protección de la intimidad y confidencialidad, el tratamiento de datos, el acceso y cesión de datos de carácter personal, la cancelación de datos y las políticas educativas para una educación sexual orientada a la prevención de embarazos.

Ahora bien, en lo referente a las sanciones sobre abortos no justificados, esto es, practicados después de las 14 semanas, indican que solamente debe merecer pena de multa, tanto en la mujer abortista como en los demás participes, equiparando con ello el aborto a sanciones de tráfico vial, nada más que aquellas aplicadas por la vía punitiva y no administrativa. En los facultativos, además, se les señala pena de inhabilitación por haber practicado el aborto sin cumplir con los requisitos justificantes. Si solamente se incumple con los requisitos administrativos previos pero la mujer consiente su aborto dentro de las 14 semanas, se señala el merecimiento de sanción únicamente para los facultativos y demás partícipes, pero no para la mujer, a quien le asiste la libre decisión de su vientre y sobre la vida del nasciturus. Si esto queda así, la prohibición y obligación dentro de las 14 primeras semanas de gestación, sólo recaería directamente en los centros médicos, ya por no cumplir con la autorización sanitaria para interrumpir embarazos voluntarios, o ya por no llevar a cabo el procedimiento establecido. Con ello se ve que se le está reconociendo claramente a la mujer el derecho de aborto, pues en caso de que el legislador hubiera situado la despenalización dentro de las excluyentes personales de pena, el argumento motivacional se presentaría en forma muy distinta en relación con el que originó la normativa.

Continuará…

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