Columna de La Reconquista | Seamos objetivos: abortar es asesinar (Parte II)

Imprescindible es recordar que en la columna de ayer hablábamos de la objetividad y de los argumentos lógicos previos a los argumentos legales para condenar de forma taxativa el nefando crimen del aborto –que, aunque se despenalice, no deja de ser crimen ni delito, por mucho que incluso quieran intentar ahora que se considere un «derecho» de la mujer–. Por ello, es necesario continuar con los argumentos jurídicos, aunque no nos guste demasiado leer sobre “leyes”, puesto que con las mismas armas que usan podemos demoler sus presuntos «argumentos legítimos» –precisamente porque no son ni lo primero (a no ser que solo se consideren ad absurdum) ni lo segundo (puesto que la legitimidad solo defiende el camino de la via naturalis)–.

El ordenamiento jurídico español reconoce la vida como valor o derecho fundamental y merecedor de protección. En igual sentido puede advertirse en las regulaciones internas de la gran mayoría de países del orbe. Y tal protección y tratamiento debe desarrollarse en los ordenamientos secundarios. Así, el artículo 15 de la Constitución indica que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que,  en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la vida en su artículo 1.2 al señalar que “todo ser humano es persona” y en el 4.1 al establecer que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley y en general, a partir del momento de la concepción…”. ¡Si no quieres taza, tómate dos!

Ahora bien, ante tal marco fundamental, lo que sigue es dejar en claro, aunque considero que claro ya está, si tal protección de la vida humana alcanza también a la vida intrauterina y en qué momento. Tomando como ejemplo (y para uso de la analogía en el derecho comparado) el Reglamento de la Ley General de Salud Mexicana en Materia de Investigación para la Salud, establece en su Artículo 40 fracción II, que “el embarazo es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo (evidenciada por cualquier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruación o prueba positiva del embarazo médicamente aceptada) hasta la expulsión o extracción del feto”. ¡Vaya! 

Aunado a la legislación anterior, encontramos las diversas declaraciones, pactos y convenciones internacionales en las que el Reino de España ha participado. Éstas han sido ratificadas y en ocasiones se ha realizado la transposición de ley en el Congreso, lo que les confiere obligatoriedad. Entre las declaraciones, pactos y convenciones suscritas se encuentran: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 1981. La Convención de los Derechos del Niño, adoptada en 1989 y ratificada en 1990. En todos estos instrumentos internacionales se destaca el derecho a la vida humana y que ésta deberá protegerse a partir de la concepción.

Perdóneme usted un párrafo un poco más técnico en el aspecto jurídico (por si a algún asesor o persona supuestamente “prominente” le llegase esta pobre columna). En el marco legal señalado, la antijuridicidad va adquiriendo forma. Desde esa perspectiva alcanza relevancia jurídica la vida intrauterina a partir del momento mismo de la concepción. Pero esta relevancia no puede decirse que alcance totalmente la materia penal, pues en esta última se requiere de una antijuridicidad penal, esto es, se requiere además de la concreción de la tipicidad, cumplir la antijuridicidad tanto formal como material para conformar el injusto penal. Esto indica que se precisa de la reunión de todos los elementos integrantes del tipo penal o cuerpo del delito, así como la antijuridicidad formal y material, esto es, debe justificarse la contravención de la conducta con el ordenamiento jurídico, su lesividad social y la efectiva lesión a un bien jurídico, así como la ausencia de alguna causa de justificación de las enumeradas en la ley punitiva. ¿Entienden ahora por qué tanto empeño en “despenalizar” la conducta criminal antijurídica? Pues eso…

Dándonos otra cara muy distinta, encontramos la aceptación social y jurídica dentro de los márgenes del control de natalidad y planificación familiar, las píldoras anticonceptivas que se usan para la «anticoncepción de emergencia». Éstas han estado disponibles en Europa y en otros países desde hace largo tiempo. Este es el Levonorgestrel de 0.75 gr. que es llamada también «píldora asesina». Con ello se dice que “se permite el acceso de la mujer a todas las opciones y métodos anticonceptivos seguros en beneficio de su salud y de sus libertades constitucionales y humanas”. Y aquí es donde debemos rectificar y corregir la aseveración, puesto que las libertades y derechos devienen no de graciosa concesión estatal, sino de la ley natural. Pero sigamos…

Estas píldoras nefastas se tratan de un método que pueden utilizar las mujeres dentro de los tres días siguientes a un coito no protegido, con el fin de evitar un embarazo no planeado –si gusta le traduzco: puede usted fornicar como perro en celo, que no importa darle gusto al cuerpo, y no va a haber consecuencias, porque solo se trata de placer por placer, cerrado a la vida, a la naturaleza y a la transcendencia–. En la forma de administración del Levonorgestrel se indica que debe de tomarse en dos dosis iguales con lapso de 12 horas cada una, la primera dosis (de 0.75 gr. o de veinticinco tabletas de 0.03 gr.) lo antes posible pero no después de 120 horas después del coito no protegido. Con esto último se está indicando que, tal método puede utilizarse dentro de los cinco días después del coito sin protección. 

El Colegio de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos redefinió el concepto de embarazo al ubicar su comienzo en la anidación, por varios factores. El primero debido a los avances biotecnológicos sobre la fecundación in vitro; el segundo, por el alto porcentaje existente en el sentido de que en forma natural el cigoto no llegue anidarse; y, en tercer lugar, por el modo de funcionamiento de ciertos anticonceptivos (puesto que en altas dosis pueden provocar cierta alteración en el ciclo natural de la mujer e influir en la no anidación del cigoto). Todas estas causas dieron lugar a una nueva concepción del embarazo, y condujeron a ubicar su inicio en la etapa de anidación o implantación y no en la fecundación. La OMS (¡no podía faltar, claro, tan ampliamente subvencionada por la masonería estadounidense) posteriormente adoptó tal definición. Esto tuvo como consecuencia el hecho de autorizar médicamente la Anticoncepción de Emergencia, que actúa impidiendo la anidación del cigoto en el útero provocando su expulsión. Es así como esta píldora abortiva puede obtenerse en los Centros de Salud o comprarse en cualquier farmacia. Otros países también modificaron sus códigos penales, redefiniendo el concepto de embarazo y ubicando su inicio en el momento de la implantación del embrión en el endometrio. 

Este panorama normativo internacional y nacional nos indica claramente la permisión jurídica de la anticoncepción de emergencia en cualquiera de sus métodos. Estos pueden ser mediante la ingestión de Levonorgestrel en su presentación de dos tabletas exclusivas para el periodo postcoito, o de altas dosis hormonales a base de Levonorgestrel y Estradiol en su presentación anticonceptiva de uso normal o mediante la introducción del dispositivo intrauterino dentro de los tres días siguientes al coito con riesgo de embarazo. Con el difundido y permitido acceso a tales métodos, se conduce directamente a que en un futuro, sino es que ya, sea usual su requerimiento. Lo anterior nos muestra claramente la aceptación legal y social de la “píldora de emergencia”, aunque tal aceptación no sea general. Se apela en estos casos a la responsabilidad, libertad, dignidad y moral de cada persona que hace uso de los mismos. De esta forma dicen que se pretende el respeto de la diversidad cultural existente y los derechos de la mujer. ¡Pamplinas! Recuerde usted, paciente lector, que el diablo siempre se disfraza de ser de luz para confundir, al igual que el ladrón no roba por robar en sí (salvo la cleptomanía) sino por el bien que lo robado le puede proporcionar…

El anterior panorama legal nos indica la relevancia jurídica de la vida intrauterina, con excepción a aquellos primeros momentos que anteceden al comienzo de la anidación. Como así puede constatarse, existe una normativa permisiva de la anticoncepción de emergencia cuya vigencia no se cuestiona. Aunque se diga que tal normativa es de dudosa constitucionalidad al alejarse de aquellos valores que anteceden a la Constitución y también a los pactos internacionales en los que España ha tomado parte, se trata precisamente, de una normativa que evita la protección del cigoto. Es bien sabido que una de las funciones de la conocida “píldora del día después” consiste en no permitir la anidación del cigoto u óvulo fecundado, y éste, como así está demostrado, desde el momento mismo de la concepción, contiene toda la información genética necesaria para desembocar una persona humana.  

Esta permisión normativa ha logrado ubicar y asentar socialmente el uso de tal fármaco, al grado de considerarse actualmente una medida social adecuada. Y tal idea ya se ha ido colando en un considerable número de aquel grupo que rechaza la conducta abortiva o que no se practicaría un aborto en una etapa gestacional algo más avanzada. Esto último ha sido posible por dos razones, la primera, por ignorar su funcionamiento y, la segunda, por la imposibilidad de saber si hubo o no fecundación, ya que posterior a la ingestión de tal fármaco, la menstruación se presenta en forma regular. De esta forma la recriminación moral que pueda existir, queda exenta de fundamento.

De esta forma, lo que hace la píldora de emergencia es, incrementar el porcentaje en claro detrimento del preembrión. Pero claro está que esto no debe significar la desvaloración del preembrión o cigoto ante el embrión. Los defectos naturales, patológicos y hasta sociales que influyen en la no anidación de ninguna manera deben demeritar o relativizar a un grado ínfimo al nasciturus en sus primeros momentos de vida y desarrollo. 

Las suposiciones que existen en cuanto a la viabilidad o no del preembrión por la dificultad que representa el proceso implantatorio, así como aquellos criterios que ubican el inicio del embarazo en la implantación del cigoto en la pared uterina, han permitido flexibilizar el orden jurídico para brindar más posibilidades anticonceptivas y, aunque no se quiera aceptar, también abortivas. Podría decirse que este criterio otorga prevalencia a los “derechos” de la mujer sacrificando la vida intrauterina en sus primeros momentos de desarrollo, por la certeza y cognoscibilidad de aquellos ante las suposiciones e incertidumbre que encierra la última. 

Así las cosas, aunque pareciera ser que sí se le otorga relevancia normativa al nasciturus en la legislación nacional como internacional, nos parece claro que la idea despenalizadora se ha ido colando en el ordenamiento de nuestro país, al permitir jurídicamente la utilización de fármacos cuya forma de funcionamiento encaja también dentro de lo que constituye el aborto, esto es, en la destrucción o muerte del producto de la concepción. Por ello podemos afirmar que la protección de la vida intrauterina en la legislación nacional e internacional no es completa.

Continuará…

@CondestableDe

@LaReconquistaD

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