Columna de La Reconquista | “Presumo inocencia… pero a él jamás”

Presumo, en efecto, estimado lector. Reconózcolo. No en el sentido primario de la palabra –como nos dice la RAE, en lo referente a la «vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades»–, sino en el sentido formal y jurídico del término, atinente a:

«la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello»

El principio de presunción de inocencia es básico e imprescindible para la salvaguarda de los derechos fundamentales del acusado, y fundamento esencial del llamado “debido proceso”, que hace referencia estricta y concreta a la defensa de las garantías individuales, de seguridad jurídica y de los Derechos Humanos del presunto inculpado.

En el sistema penal español, el principio de presunción de inocencia es una herencia recibida de la familia jurídica a la que pertenecemos, a saber, la familia del derecho neo-romano-germánico-canónica, que hace corresponder la carga de la prueba a la parte acusadora.

Ahora bien, en el sistema penal se ha tenido reconocido expresamente este principio, aun cuando de manera implícita necesita las reformas jurídico-legales de los ordenamientos nacionales, puesto que muchas veces no tratan únicamente de conformar una visión que busque la necesaria aplicación de los Derechos Humanos, sino que emana de la lógica derivada del principio general vinculante del debido proceso y de los Tratados Internacionales que en referencia a la materia el Reino de España ha suscrito.

Son muchas las lagunas por llenar para que sea cabalmente aplicado el respeto irrestricto a este principio, pese al reconocimiento expreso que ya tenemos en la legislación sustantiva de nuestra Patria, puesto que es fácilmente constatable que incluso en el auto de vinculación a proceso y en las partes del proceso ya se considera al acusado como «presunto culpable» antes que «presunto inocente» –dado que en el primero se necesitan únicamente las pruebas indiciarias, y en la audiencia inicial del proceso ya corresponde a la parte acusada la descarga de ciertas pruebas que aseveren su declaración (mientras que no sucede así con la actuación del Ministerio Público)–.

De la misma forma, incluso los propios medios de comunicación y la sociedad en general son un factor de presión para que se dé la consideración de «culpabilidad». Sin embargo, también es de remarcar que la tarea del Ministerio Público es muchas veces deficiente, al basarse en criterios subjetivos en base no a una verdad histórica, sino a una presunción con sustento deficientemente probado.

El sistema penal, a todas luces, ha de tomar más en cuenta el principio de presunción de inocencia, puesto que es ineludible saber y demostrar evidentemente que las personas que están sentenciadas y/o detenidas por la comisión o presunta comisión de un delito son verdadera y efectivamente culpables del mismo –independientemente del fuero en el que se juzgue (civil o militar), o del si el presunto comitente tiene o no fuero parlamentario–. En efecto, es la litis que ha de probarse en la compaginación y ponderación de la verdad jurídica y la verdad histórica, sin importar cuán ardua sea esta tarea.

Efectivamente, es necesario reivindicar la tarea del poder judicial, puesto que ante los ojos de la población de nuestro País, muchos inocentes están en reclusión y muchos culpables están libres de toda culpa y responsabilidad (por ejemplo, en casos de enriquecimiento ilícito de los poderosos o ex gobernantes, y casos de delitos, aun tipificados como graves, que no se ven como tales ante gran parte de la sociedad, como pudiera ser el nepotismo, o peor aún, ante la desigualdad en la concesión de beneficios penales a algunos delincuentes).

Por lo anterior, es necesario corroborar que la presunción de inocencia es aquella que ampara, en los enjuiciamientos de tipo liberal, a los acusados, cuya responsabilidad debe probar el acusador para fundar la condena. La presunción es una prohibición de considerar culpable sin mediar condena o un estado determinado a una persona. El principio trata del mantenimiento y la protección de la situación jurídica de inocencia del imputado y del procesado mientras no se produzca prueba concreta capaz de generar la certeza necesaria para establecer la autoría y la culpabilidad propias de una declaración judicial de condena firme.

La presunción de inocencia, primordialmente, significa que:

1) nadie tiene que «construir» ni «comprar» su inocencia;

2) sólo una sentencia declarará esa culpabilidad «jurídicamente construida» que implica la adquisición de un grado de certeza;

3) nadie puede ser tratado como «culpable», mientras no exista esa declaración judicial; y

4) no puede haber ficciones de la culpabilidad: la sentencia absolverá o condenará, no existe otra posibilidad. 

Les recomiendo ver el cortometraje “Presunto Inocente”, realizada en México, de 1:31:00 horas de duración, pero plenamente ilustrativo de la realidad del tema en ese hermano país: https://www.youtube.com/watch?v=jw901iRgSh4

Aterrizando lo dicho anteriormente, es una abominación la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se acaba de reformar en el Congreso de nuestro País, puesto que prescinde de una investigación exhaustiva –claro, según de quién se trate– e incluso permite la posibilidad de la reversión de la carga de la prueba –le recuerdo, señor lector, que se entiende como «carga de la prueba» a la subordinación de uno o más intereses del que sufre la carga, a otro interés suyo impuesto, haciendo de ella una condición para la obtención de dicho interés; así, se entiende como el gravamen que recae sobre las partes consistente en aportar los medios probatorios al órgano jurisdiccional, para buscar su persuasión sobre la verdad de los hechos manifestados por las mismas–.

Eso implica que he de presumir (en el sentido secundario de la palabra, o «sentido formal»): presumo que o bien no tienen inteligencia los ministros, secretarios, asesores y caterva de abogados pululantes por sedes gubernamentales, o bien tienen una dolosa y aborrecible finalidad… quizá mientras permanecen a la espera de que sus «amados jefes» –e incluso hasta ellos mismos– hayan de comparecer ante la Sala pertinente…

Por mi parte, estimado lector, así lo presumo, lo espero y deseo, puesto que si hay algo peor que las atrocidades y negligencias criminales de este gobierno «puzle» es la impunidad de la que podrían querer gozar ante tales actuaciones. Vamos, ¡que no pueden irse “de rositas”, porque están matando España!

El «presumido» que dice representarnos –reputado, además, por algunos medios, como el «guapérrimo» del Gabinete– no puede contar con la presunción en sentido formal, puesto que ya ha rebasado todo límite y roto toda barrera que la decencia, coherencia, principio, ética y dignidad señalan… Por eso, a ese no presunto «presumido» le presumo yo otra tanda de vacaciones pagadas por todos los españoles, sí, pero… ¡en Soto del Real! (con la compañía que elija, claro, porque se han de respetar los derechos, y puede cohabitar con quien guste).

@LaReconquistaD

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