Columna de La Reconquista | “Parece que nos encantan las violaciones…”

¡Qué curioso se me hace, amable lector, que cada día nos acostumbramos más a las violaciones! Me estoy refiriendo, por supuesto, a las violaciones de los derechos fundamentales, derechos humanos y garantías constitucionales, que perpetran contra la persona humana –sea o no ciudadano o nacional de un determinado Estado–, y no solo a las que se encuentran tipificadas en el Código Penal respecto a abusos, agresiones y discriminaciones sexuales (que, generalmente, es lo primero que llega a la mente cuando se escucha el término).

Somos bastante masoquistas, lo confieso. Desconozco, en verdad, si ya el masoquismo pertenecerá a alguno de los supuestos «géneros» inventados para la «descripción» de lo que denominan «opciones legítimas del desarrollo de la libre personalidad» en materia de «identidad de género» (traducido: subjetivismo impuesto a golpe de ley, para intentar legitimar lo antinatural y presentarlo como algo «bueno y correcto». Pero la verdad que pareciera que nos encanta que nos violen una y otra vez, de forma frecuente y reiterada, abusiva e incluso violenta, en forma solitaria o en «manada» –ya que es un auténtico conjunto de derechos el que sistemáticamente se viola diariamente, sin que nos quejemos demasiado, o sin que meramente abramos la boca–.

Sin embargo, mi pretensión hoy no es hablar de todas esas auténticas violaciones –que vamos transigiendo hasta con placer, ¡signos de los tiempos!–, sino de una que está pasando algo más inadvertida a los ojos de la opinión pública, pero que es absolutamente letal para toda la sociedad. Y no, no me refiero ya ni a la libertad de expresión, ni al derecho a la información; ni siquiera a la imposición «educativa» hipersexualizada e ideologizada, a la ilegitimidad de la subida de impuestos por decreto, ni al insulto que es para la inteligencia humana el reiterado «calentamiento» neuronal so pretexto de clima, ecología, sostenibilidad, transversalidad y cuanto término elegante gustaren de ofrecernos como “cortina de humo” para disimular intenciones aviesas y retorcidas.

Pretendo, pues, señor lector, sin tanta perífrasis, referirme a la objeción de conciencia. Sí, ya sabe usted. Me refiero a ese derecho fundamental y humano, reconocido internacionalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos y garantizado en nuestra Constitución, al que ninguna normativa puede regular y mucho menos limitar, como pretende el actual y nefasto gobierno del Reino de España (y de otros países, no crea usted que somos los únicos). De hecho, el Tribunal Constitucional ha declarado que la objeción de conciencia no exige de regulación jurídica específica de cara a poder ser reconocida, ya que es una manifestación de la libertad, de tal manera que tal derecho existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación normativa.

Y quiero centrarlo específicamente en la objeción de conciencia médica y sanitaria, puesto que por ley, el nauseabundo gobierno pretende que los profesionales de la salud no puedan objetar para practicar abortos, aplicar la eutanasia o realizar todo tipo de operaciones de cambio de sexo a gusto del cliente (a costa del erario público, claro está, aunque usted y yo tengamos que pagar todo tratamiento, desde el más nimio hasta el más grave). Los argumentos en pro de la objeción de conciencia de este sector profesional son sólidos y fundamentados, y se encuentran en el documento que sobre la materia aprobó por unanimidad en julio de 2021 el Comité de Bioética de España. El propio Código de Deontología Médica, señala en el artículo 32 que el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. Si vemos que el abominable gobierno tiene la pretensión incluso de “sacar” plazas para no objetores, como han expresado algunos incapaces ministros, estaríamos ante una “dictadura legislativa” que sería ilegal, de facto, in se y per se, por la discriminación total que supone y a lo que considero que todos deberían oponerse decididamente. También el  Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos  (CGCOM) ha declarado que “forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de médicos disponibles en todas las comunidades es, además de inconstitucional, una mala solución, que desde la perspectiva de los médicos profesión sería considerada inaceptable, ilegal e injusta”.

Pero… lo innegable es que el Gobierno está considerando medidas para restringir la objeción de conciencia a los médicos, así de liso, claro y llano. Un editorial del diario El País –para que no se me acuse de tendencioso en contrastar la información– se queja de  que “en los últimos años se han registrado signos crecientes de una reacción contrarreformista en los sectores sociales que anteponen su propia intolerancia a las libertades legalmente protegidas de otras personas, o incluso priorizan su nostalgia por los días en que los individuos e intimidad creencias, como la fe religiosa, afirmaban ejercer una improbable superioridad sobre las creencias de los demás”.

Pero ¿por qué trata este gobierno «anti-vida» de legislar al respecto –aun cuando tal actuación como hemos expresado en párrafos anteriores, sería stricto sensu ilegal–, y con tanta prisa? La respuesta es sencilla: la auténtica realidad es que los médicos que practican abortos y eutanasia son una minoría, pisoteando todo compromiso ético y moral de su profesión. De hecho, habría que preguntarles a ellos por qué lo hacen. Supongo, y con dolor, que tendrán argumentos de todo tipo, incluyendo los económicos y los ideológicos. El Código de Deontología Médica señala en su artículo 36 que “el  médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”, y en el artículo 51 afirma que “el ser  humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción  hasta la muerte. El médico está obligado, en cualquiera de sus actuaciones, a salvaguardar  la dignidad e integridad de las personas bajo sus cuidados”. ¿Entonces?

El ministro de Igualdad ha propuesto la creación de un registro obligatorio de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Esto ya existe para la eutanasia. Sin embargo, a la ministra de «Igualdad» le gustaría despenalizar el aborto, afirmando que “el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir”. ¿Quién es ella para afirmar qué derecho prima sobre otro, máxime cuando en su vida ha dado, coloquialmente, “un palo al agua” en la materia? ¿Quiere “enmendar la plana” a la ley natural y a la conciencia, auténtico sagrario íntimo del ser humano? ¡Vaya “igualdad” que discrimina según un legítimo pensar, sentir y actuar! ¿Nos extraña que España siga “vaciada” –tanto de gente como de inteligencia–, arruinada –en lo económico, en lo moral, en lo social– y harta –en lo personal, lo político y lo cultural–? A mí ya no me extraña, puesto que “el árbol se conoce por sus frutos”

Altamente preocupante es, desde mi óptica lega en la materia, que las nuevas generaciones de profesionales de la salud sean mucho más «acomodaticias» a la «cultura de la muerte» (como la denominaba San Juan Pablo II). Se llaman «pragmáticos», pero yo los llamaría «egoístas» (puesto que no les importa en sí el asunto, sino su desarrollo profesional, económico y social, sin ponderar la moralidad intrínseca de tales actos).Huyendo de generalizaciones –que casi siempre suelen ser injustas–, lo cierto es que me preocupa el futuro, puesto que el muy mentado (mencionado, entiéndame) Gobierno tiene una visión «ideológica» e «ideologizante» de estos temas, y así la transmite a sus ministerios (Educación, Ciencia, Universidades, Sanidad…). Es función de todos insistir a los Colegios de Médicos en su deber de mostrar y enseñar la belleza de la ética y deontología médicas en defensa de la vida y en la pureza y legitimidad de su ejercicio profesional, en particular a los estudiantes y profesionistas más jóvenes.

No se trata de religión, antes de que algún lector pueda objetarme ser tendencioso, puesto que tanto el aborto como la eutanasia se condenan de forma explícita en el juramento hipocrático –e Hipócrates vivió cuatro siglos antes de Cristo–. Su versión actual, la Declaración de Ginebra –a la que ayer la Federación Rusa manifestó su adhesión, afirmando que no existe el derecho al aborto–, sigue insistiendo en la necesidad de velar con el máximo respeto por la vida humana, aunque es innegable que la fe católica (al igual que la mayoría de denominaciones cristianas, así como de las religiones monoteístas) defienden siempre la vida como «sagrada», puesto que no se la da uno a sí mismo ab initio, sino que proviene del Creador, Dios de vida y amor.

Objeto a la prohibición, sanción o imposición que pretenda anular el derecho de decidir en conciencia la objeción ante las leyes antinaturales dominantes. Es lo correcto, lo justo, lo necesario. Si permitimos esta última violación, ya nada quedará para defender en la materia, porque nos convertiremos en máquinas ejecutoras de comandos de destrucción. Pavor me da…

@CondestableDe

@LaReconquistaD

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