Columna de La Reconquista | “Necesitamos otro país, con otros legisladores…”

Si me permite decirlo, estimado señor lector, son deprimentes algunas escenas –por no decir la gran mayoría– que transmiten los medios informativos de las sesiones en las Cámaras de Senadores y Diputados nacionales y locales –e incluso los canales propios de ambas Cámaras, Alta y Baja–. Algunos se ufanan de las vulgaridades que dicen, con un lenguaje no sólo ofensivo, sino lépero, prosaico y vulgar –aunque sea muy «inclusivo», «disfórico», «biodegradable», «ecosostenible» y «monomarental»–.

Ante lo que se escucha, siempre –al menos su servidor– uno se pregunta cómo llegaron a ocupar un cargo tan transcendente e importante. No saben dialogar –es decir, no saben escuchar, atender razones de los contrarios, valorar las opiniones diferentes, sino sólo atropellar, ofender e intentar imponerse a como dé lugar–, no saben distinguir ni ponderar, no saben qué conlleva la técnica legislativa –que ha de tomar en cuenta los principios generales del propio Derecho, además de los instrumentos internacionales vinculantes, el uso y costumbre, la tradición e historia, ¿o es que piensan que ello no forma parte de la ley?–.

Aunado a ello, es también –para mi punto de vista– muy preocupante que la mayoría de los legisladores se confiesan y reconocen como «creyentes» de diferentes opciones cristianas –y muchos de ellos se dicen «católicos»–, y esto no se refleja en ni su vida ni en el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, piden el Bautismo y otros Sacramentos para su familia, pero su fe no se manifiesta en las propuestas que hacen, en su estilo de discutir o argumentar, responder y preguntar, al igual que tampoco se muestra en sus votaciones.

Bien sabemos –¡es algo tan viejo como el planeta Tierra!– que a algunos les importa más seguir los dictados del «gran jefe nacional», que analizar seriamente sus soflamas y diatribas de cada sesión. Son vulgares trepadores que quieren hacer méritos ante el partido de gobierno en turno –generalmente mayoritario, en el caso concreto del Reino de España, una coalición de agua y aceite– para seguir “ascendiendo”, y, según dicen incluso ellos mismos, no exponerse a que los “compañeros” los discriminen por sus creencias. ¡Vaya! Ahora resulta que la discriminación no la realizan esas «malas derechas», sino que proviene de sus propios «siniestros» compañeros… Uhhhh, pues, la verdad, ¡yo no te creo, hermano! Eso se llama, sencilla, lisa y llanamente, «excusa», con la pérfida finalidad de ser incoherente –sin entrar a ponderar la calificación moral del pecado cometido al promover, consentir o callar cualquier ley que rompa la ley natural, que es reflejo de la ley divina positiva–.

En lo particular, conozco muchas personas que han participado en infinidad de reuniones en diferentes niveles –desde eclesiales, académicas, civiles, eventos, conferencias, conversatorios, pláticas, etcétera, en algunas ocasiones con más de 250 participantes–, y me he percatado que muchos agentes pastorales de las diversas confesiones han aprendido a proponer, a defender puntos de vista, pero también a escuchar y valorar opiniones divergentes, a cambiar de opinión, a respetar límites en las intervenciones verbales. A veces se les permitía hablar hasta ocho minutos; otras veces, cinco; y otras, tres o un minuto; y si intentaban seguir hablando, le cortaban el sonido del micrófono y debían regresar a su ubicación asignada.

Desde luego, la verborrea y la terquedad no son signo de «sabiduría», y mucho menos lo son de «prudencia», puesto que bajo el discurso evasivo, elusivo e inútil –por lo ineficaz para la ciudadanía a la que en principio los legisladores representan– subyacen muchas veces indirectas, ataques, insultos o difamaciones… ¡Y todavía queremos que España esté bien…! Eso sí, ha de reconocerse que incluso diputados que no son nadita de mi agrado ni pensamiento –como pudieran ser Iñarritu, Bel o Legarda– son, pese al contenido nefasto de su discurso, epítomes de la oratoria en ocasiones.

Me atrevo –y ruego su disculpa, estimado lector, si no es de su agrado– a transcribir algunos párrafos extraídos de la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Feel 24 de noviembre de 2002 –estando en ese entonces presidida por el Cardenal Joseph Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI, tan extrañado y tan necesario–, que pueden orientar a los legisladores católicos –lo digo porque algunos que se dignan leer estas pobres columnas me han preguntado al respecto–:

No es posible callar sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones… Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural… Los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor”

“La vida democrática tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”. La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas”.

“Se asiste a propuestas legislativas que se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella… Quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral”.

“Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio”.

En conclusión: Si es usted legislador –Diputado o Senador, indiferente es–, analice estos criterios. Si no lo es, compártalos con Senadores y Diputados que conozca. Dialoguemos con ellos, para que sean fieles a su fe y no adoren los ídolos de la perversión ideológica de una cultura que es de muerte –como anticipaba San Juan Pablo II–. O son, o no son. Y déjense de monsergas sobre que si la fe es un asunto de ámbito subjetivo, que las creencias sólo son para el interior de la conciencia, y todos los pretextos que le hayan enseñado: o es coherente o no lo es. Y punto.

Ah, y prepárense mejor sus intervenciones, por caridad… duelen los oídos de todo honrado –o presunto honrado– espectador: muestren su inteligencia –si tienen–, su contención –si la conocen–, su bonhomía –si la entienden– y su respeto –si se lo han enseñado alguna vez– y dedíquense a su laboraquélla por la que cobran sabrosamente del erario del Reino–, que no es otra sino la de facilitar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan a todos los integrantes de la sociedad ser felices en su proyecto de vida, en el bien, la justicia y la concordia social. De su voto, estimado lector, y su conciencia, dependen tanto el bien como el mal: usted elige.

@LaReconquistaD

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