Columna de La Reconquista | “Los orígenes de la masonería (Parte XIV): Las matanzas de frailes»

En el artículo anterior tratamos el tema de la expulsión de los jesuitas de las naciones de Portugal, Francia, España y todos sus territorios de ultramar, mérito y obra de los conspiradores masónicos (operación llevada a cabo con total maestría por la secta) que consiguieron no solo la expulsión en dichos territorios sino que, además, se anotaron el tanto de haber forzado la disolución de la Compañía de Jesús. El Papa Clemente XIII salió en defensa de los jesuitas perseguidos y resistió hasta su muerte las mayores presiones, incluyendo la ocupación de los Estados Pontificios de Aviñón (por parte de Francia) y Benevento (por Nápoles). El nuevo Papa, Clemente XIV, tuvo que sufrir presiones aún mayores, llegando a las amenazas de muerte, hasta que, en agosto de 1773, le arrancaron el ansiado decreto de disolución: la bula Dominus ac Redemptor.

Véase bula Dominus ac Redemptor.

Muchos jesuitas marcharon a Rusia y Prusia, donde se les acogió muy bien. Allí realizaron una obra importante de divulgación. Pero la mayor parte se quedó en Italia. Pío VII había resuelto restaurar la Compañía durante su cautividad en Francia (secuestrado por Napoleón) y tras su vuelta a Roma lo hizo así, con poco retraso, el 7 de agosto de 1814, por la Bula Solicitudo omnium ecclesiarum.

Véase bula Solicitudo omnium ecclesiarum

Dejando atrás el tema jesuítico, daremos un repaso, a la serie de desamortizaciones padecidas por la Iglesia a lo largo del siglo XIX. Estas comenzaron en el siglo anterior (1767), y tras todas ellas se encontraban súbditos de la secta masónica:

– Reforma de Olavide (detrás de la cual estaban los también masones Aranda y Campomanes); ya antes el masón Roda, Ministro de Gracia y Justicia de Carlos III, la noche del 31-III al 1-IV-1767, expulsó a los jesuitas de España y Las Indias y se confiscaron sus tierras, coincidiendo con el aniversario del Edicto de los Reyes Católicos (expulsión de los judíos, de 31-III-1492, dato éste muy curioso y fácil de interpretar).

– En diciembre de 1808, el Emperador de los franceses e invasor de nuestra patria, Napoleón I, ordenó la supresión de algunas órdenes religiosas regulares, lo que las redujo en dos terceras partes, y la desamortización de sus bienes. José I Bonaparte, el primero de nuestros reyes masones, siguiendo la pauta de su hermano, en 1809 ordenó la extinción de las órdenes religiosas y confiscó los bienes eclesiales.

– Las Cortes de Cádiz en 1813 prohibieron la reconstrucción de los conventos destruidos durante la guerra y suprimieron aquellos en los que el número de religiosos no llegaban a 12; en resumen, decretaron la supresión de dos terceras partes de los monasterios y conventos.

– La Regenta María Cristina (1833-1840), ante la necesidad que sentía del apoyo de los liberales, conservadores y progresistas (masones, por supuesto), frente a los partidarios de Don Carlos, se entregó a ellos. En 1834, el Ministro Martínez de la Rosa (masón) ordenó el cierre de los conventos en los que algún fraile se hubiera pasado a los carlistas, o hubieran colaborado de alguna forma con ellos. Prácticamente, las relaciones entre España y la Santa Sede se interrumpieron durante la Primera Guerra Carlista (1833-40).

– El masón Álvarez Mendizábal (cuyo nombre real era Juan Álvarez Méndez, de origen judío, de Niza) fue uno de los militares que encabezaron la masónica sublevación de Riego, que dio paso al Trienio Liberal e impidió la recuperación de los Virreinatos americanos. Fue nombrado nuevo Ministro de Estado y de Hacienda en septiembre de 1835. Un mes después suprimió bajo decreto todas las comunidades de órdenes monacales (colegios, congregaciones, casas de comunidades, las cuatro Órdenes Militares y la de San Juan de Jerusalén, a excepción de algunos monasterios especialmente significados histórica o culturalmente); al año siguiente se pusieron a la venta todos los bienes de los afectados, a la vez que se suprimían definitivamente todas las órdenes religiosas, confiscando todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular (conjunto de sacerdotes y diáconos de la Iglesia católica que ejercen un ministerio en una diócesis o en una parroquia sin pertenecer a una comunidad de religiosos, estando bajo las órdenes del obispo). Aunque algunos monumentos fueron teóricamente “protegidos”, las pérdidas del patrimonio cultural fueron demoledoras, y mucho más lo fueron para el de la Iglesia. Muchos de los bienes fueron malvendidos a la naciente burguesía, siguiendo igual de improductivos, o más, que antes y no sirviendo lo recaudado para apenas nada. La Ley de 29 de Julio de 1837 añadió la prohibición de ostentar en público el hábito y suprimió su fuero. El Arzobispo Monseñor León Meurin, Obispo de Port-Louis, en su obra Filosofía de la Masonería, dice: El judío Mendizábal había prometido, como Ministro, restaurar las precarias finanzas de España, pero, en corto espacio de tiempo, el resultado de sus manipulaciones fue el terrible aumento de la deuda nacional, y una gran disminución de la renta. Mientras tanto, él y sus amigos, amasaban inmensas fortunas. La venta de más de 900 instituciones cristianas, religiosas y de caridad, que las Cortes habían declarado propiedad nacional a instigación de los judíos, les proporcionó magnífica ocasión para el fabuloso aumento de sus fortunas personales. Del mismo modo fueron tratados los bienes eclesiásticos. La burla imprudente de los sentimientos religiosos y nacionales llegó hasta el punto de que la querida de Mendizábal se atrevió a lucir en público un magnífico collar que hasta poco tiempo antes había servido de adorno a una imagen de la Santa Virgen María en una iglesia de Madrid”.

– Durante el periodo de la Regencia del progresista General Espartero (1840-1843), se aplicó la desamortización al clero secular, en 1841. En este año se acabó también el diezmo y la dotación de culto y clero. En el palacete de Espartero apareció una lúcida pintada: “Aquí vive el que manda en España, Espartero, el regente, y el que manda en él, vive en la casa de enfrente” (refiriéndose a la embajada inglesa, cuyo edificio se encontraba al otro lado de la calle).

– Durante el bienio progresista (al frente del que estuvo nuevamente Espartero, junto a O’Donnell) el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, realizó una nueva desamortización (en 1855) que fue ejecutada con mayor control que la de Mendizábal. Se declaraban en venta todas las propiedades, principalmente comunales del ayuntamiento, del Estado, del clero, de las órdenes militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don Carlos, de los propios y comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública. Fue ésta la desamortización que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores.

Hecho este pequeño repaso por las desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX, veremos a continuación algunos episodios que ocurrieron tras la muerte de Fernando VII (episodios que nos darán una visión muy clara de cómo, tras la apariencia de “ilustrados” y de políticos serios que no se dejan llevar por “supersticiones religiosas”, estos masones, hijos de la “Ilustración”, en realidad esconden lo que son: adoradores del diablo, aunque como hemos repetido más de una vez a lo largo de esta serie y hemos copiado de Don Ricardo de la Cierva: “todos los masones no son satánicos, aunque todos los satánicos son masones”).

Con la muerte de Fernando VII se abre el periodo de las Guerras Carlistas. La guerra la planteó Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, por la cuestión sucesoria, ya que había sido el heredero al trono durante el reinado de su hermano Fernando VII, debido a que éste, tras tres matrimonios, carecía de descendencia. Sin embargo, el nuevo matrimonio del rey y el embarazo de la reina abren una nueva posibilidad de sucesión. En marzo de 1830, seis meses antes del nacimiento de la futura Reina Isabel II, el rey publica la Pragmática Sanción de Carlos IV, aprobada por las Cortes de 1789, que dejaba sin efecto el Reglamento de 10 de mayo de 1713 que excluía la sucesión femenina al trono hasta agotar la descendencia masculina. Se restablecía así el derecho sucesorio tradicional castellano recogido en “Las Partidas” (es un cuerpo normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X (1252-1284), con el objetivo de dar uniformidad jurídica al Reino), según el cual podían acceder al trono las hijas del rey difunto en caso de morir el monarca sin hijos varones. No obstante, Carlos María Isidro no reconoció a Isabel como Princesa de Asturias, y cuando Fernando murió el 29 de septiembre de 1833, Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón Dos-Sicilias. Carlos, en el Manifiesto de Abrantes, mantuvo la exigencia de sus derechos dinásticos, llevando al país a la Primera Guerra Carlista. 

Pero… ¿Por qué Don Carlos tuvo tantos partidarios? ¿Les importaba tanto a los españoles que reinase Carlos o reinase Isabel? No, no les importaba NADA. El problema de fondo estaba muy claro: Carlos representaba la Tradición y la Fe, e Isabel representaba el liberalismo masónico que se vendía a poderes extranjeros (y que todo el mundo sabía que su principal interés era la abolición de la Iglesia). Era la defensa de dos conceptos antagónicos. Isabel no tenía en aquel momento edad para gobernar, y su madre, María Cristina, trataba de agarrarse al trono de su hija con uñas y dientes frente a Don Carlos. La única baza que le quedaba para defender el reinado de su hija era echarse, literalmente, en brazos de los liberales, de la masonería. La estructura del estado y del ejército estaba ya plagada de masones. Prueba de esto es que, tan solo transcurrido un año desde la muerte de Fernando VII, se desata una sangrienta persecución religiosa. Javier Paredes (catedrático de historia contemporánea), citando a Manuel Revuelta González (jesuita español e historiador que ejerció de catedrático de Historia contemporánea de España en la Universidad Pontificia de Comillas), en su libro “La Exclaustración” dice lo siguiente: “Madrid y 17 de julio de 1834, a golpe de blasfemia, las turbas asaltan el convento de Santo Tomás y el Colegio Imperial de los jesuitas. Se dividen en dos bandas, una se dirige al convento del Carmen y la otra al de san Francisco. Es de noche y buscan con antorchas a los indefensos franciscanos. Los enfermos y los enfermeros son degollados en la enfermería. Algunos son asesinados en el coro y otros que se esconden no van a correr mejor suerte: al ser descubiertos, tras los insultos y las blasfemias, la voz del jefe se hace escuchar: No hay necesidad de gastar pólvora con esta canalla; a estos los tenemos seguros; cuchillada, bayonetazo, sablazo y ¡firme con ellos! En la noche del 17 al 18 de julio fueron asesinados en Madrid ochenta religiosos. Cualquiera que conozca un poco el plano de Madrid, me dará la razón si digo que a paso ligero los militares del palacio real se hubieran podido presentar en lugar de los acontecimientos en menos de diez minutos. Pero el régimen dejó hacer y las turbas de asesinos, cuando iban de un convento a otro en busca de más sangre, le agradecieron su pasividad con esta copla blasfema: “Muera Carlos, Viva Isabel. Muera Cristo, Viva Luzbel”.

Las matanzas de Madrid, según cuenta Manuel Revuelta, sirvieron de modelo de ejecución en Reus y Barcelona, donde uno de los periódicos liberales, El Catalán, de Pascual Madoz, invitaba al festín asesino con ripios jubilosos unos días antes: “Cortemos el cuello a cercén al fraile mostén” (al que acabaron cortándole el cuello).

Las matanzas de Madrid, perfectamente dirigidas, fueron favorecidas por una sospechosa pasividad de las autoridades liberales y se adornaron de los peores rasgos de inhumanidad. 1834 fue el principio de la persecución religiosa en España, un continuado esfuerzo al que más tarde se unirían los socialistas y los comunistas para eliminar a la Iglesia en España, en un empeño que dura hasta el día de hoy, jalonado por fechas sangrientas: 1909, 1931, 1936. Afirma Revuelta que los liberales al sembrar el terror en los conventos hicieron preferible la exclaustración a una vida regular sin garantías.

Don Alberto Bárcena en su libro “La Perdida de España”, narra lo siguiente: “Martínez de la Rosa (Presidente del Consejo de Ministros), declaró solemnemente, antes de morir, que la matanza de frailes fue preparada y organizada por las logias masónicas. Lo dijo en un apunte autógrafo, entregado por él a don Pedro J. Pidal. Y Martínez de la Rosa sabía lo que estaba hablando, pertenecía al Supremo Consejo del Grado 33, figurando entre los principales masones del moderantismo”.

¿Por qué estos rebeldes ilustrados vitoreaban a Luzbel mientras asesinaban frailes? Está claro: porque lo hacían en nombre de su patrón. Para hacernos una idea del profundo odio que movía a estos asesinos de frailes, citaremos de nuevo a Bárcena, que nos relata un episodio llevado a cabo por uno de estos asesinos: “El padre Ignacio María Lerdo de Tejada y Matute, refiere cómo quedó muerto en la calle el padre José Fernández, “y su cabeza tan desbaratada que, abierto todo el cráneo, dejaba ver casi desprendidos también los sesos; dícese que una vil mujer de las que acompañaban estas barbaries tuvo la villanía de acercarse, en efecto, extraer los sesos de su lugar y, tomándolos con ambas manos gritar allí muy ufana: Ahora sí que voy a hervir sesos de fraile”.

Para terminar, daremos un dato muy importante. Javier Paredes contó los religiosos que había a principios del siglo XIX y volvió a contarlos a partir de los años 60 de ese mismo siglo, el resultado fue que habían desaparecido 80.000 vocaciones. Buena exterminación de religiosos la llevada a cabo por la masonería en tan pocos años. Y, como todos sabemos, la cosa no se quedó ahí. Desde entonces hasta nuestros días han seguido con la misma obsesión: Erradicar a la Iglesia Católica; desde fuera y desde dentro.

@LaReconquistaD

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