Columna de La Reconquista | “La Directiva 2019/1937”

España, al igual que el resto de estados miembros de la Unión Europea, está obligada a trasponer la Directiva 2019/1937 antes del próximo 17 de diciembre. Directiva comúnmente denominada “whistleblower”, que es el término que significa en idioma inglés «al alertador de corrupción». Lo crucial es que la norma permitirá abrir canales de denuncias en esta materia a través de una plataforma de buzones para poder denunciar anónimamente a cargos públicos, políticos o empresariales.

Esta directiva implicará cambios radicales en el Código Penal (CP) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), dada una especie de “filosofía”, por ahora usaremos este término, inmanente en dichas normas que contraviene los principios de la técnica procesal penal. Entre dichos principios podemos citar:

  • Administración de Justicia imparcial.
  • Modalidad acusatoria como forma de inicio de juicio contradictorio entre las partes litigantes. Bien por acusador privado, bien por Ministerio público.
  • Investigación, y en su caso, instrucción de las denuncias.
  • Tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos por los Tribunales.

La realidad es que específicamente en lo que se refiere a personas aforadas en España se dan las circunstancias siguientes:

  • 10.000 personas con fuero particular, por razón de su cargo, ante la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Ventaja o prerrogativa que, por de pronto, imposibilitan segundo juicio ante instancia superior por ser dicho tribunal el vértice del sistema judicial español (y ante el que no cabe recurso alguno).
  • Al contrario de lo que sucede con las denuncias que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSSEE), de las que deriva la correspondiente investigación por parte de estas fuerzas, en este tipo de casos, cuando se trata de personas aforadas, es “potestad” del juez ordenar se abran diligencias a las fuerzas a su disposición o no. Es potestad del magistrado investigar o no.
  • La carga de la prueba que demuestre el ilícito o el delito recae en el denunciante o acusador.
  • La experiencia revela que es un ámbito jurídicamente indeterminado el alcance, el contenido mínimo, las formas de presentación o revelación, etc., de dichas pruebas; de modo que hacen que ciertas acusaciones no se vean seguidas de una diligente investigación, sino más bien de un calvario para los denunciantes que, en numerosas ocasiones, se convierten literalmente en reos de denuncia falsa.

La directiva europea, en sus primeros considerandos, define la situación anteriormente descrita como represalias contra los denunciantes. Es decir, se pervierte la técnica procesal concediendo al juez una exorbitante capacidad para proteger a esta gente. Ahí es nada. Lo cual, además, perjudica la pertinente depuración de responsabilidades legales de los aforados. Se perjudica la acción de la Justicia de manera grave.

Más allá de la introducción y justificación de la norma, esta incorpora un elemento novedoso cual es la posibilidad de canalizar denuncias, anónimas o no, contra aforados a través de buzones de recepción de denuncias contra aforados. De modo que el juez no pueda represaliar a ningún denunciante y le sea mucho más difícil explicar o justificar por qué razón no ordena una determinada investigación.

El denominado “Expediente Royuela” es una colección de documentos incriminatorios de nada menos que un fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con un balance de aproximadamente 1.500 ciudadanos españoles asesinados en numerosos lugares de España; que ha significado no sólo la apertura de diligencias contra este fiscal en dos ocasiones sino que, en el colmo del disparate, la presidente de dicho tribunal, tras hallar más documentos incriminatorios (a resultas del segundo procedimiento iniciado otra vez por Don Alberto Royuela), decide paralizar repentinamente la correspondiente investigación, en tanto que la fiscal de sala procede a la remisión de las diligencias practicadas y de lo actuado al Tribunal Supremo. Desgraciadamente este órgano se inhibió con toda esa carga documental sobre sus finos escritorios –de esa madera tropical, abigarrada y fina al mismo tiempo, que son tan del agrado de nuestros operadores jurídicos–. Sepan los jueces y magistrados que esta especie de “filosofía” –por no llamar «traición a la nación»– tiene los días contados.

Por cierto, antes de finalizar, les recuerdo fue preciso presentar numerosas denuncias en diferentes juzgados de primera instancia en muchísimas localidades de España. Con el penoso resultado de que ninguno de los presidentes de sala decidieron abrir diligencias. Ni uno. Así vamos en esta bendita España que no hay quien la arregle.

@LaReconquistaD

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