Columna de La Reconquista | Jamás la memoria puede ser democrática (Parte I)

Ciertamente, estimado lector, en los últimos años estamos saturados de información, y ello mismo provoca hastío, confusión e ignorancia, puesto que el exceso puede ser tan malo como el defecto. Sin duda, esto último es evidente, y no hace falta acudir a ningún “experto” de los que supuestamente asesoran al Ejecutivo del Gobierno de España (en caso de que existan, porque tras ese “Comité de Expertos” de la crisis sanitaria, albergo serias dudas). A usted puede encantarle comer un plato determinado, como a los niños los caramelos, pero un exceso de tal alimento (para unos y otros) provoca, en el mejor de los casos, empacho y aburrimiento, cuando no una enfermedad severa. Lo mismo sucede con el exceso de “información” poco rigurosa, los chismes y las aseveraciones sin valor. Al igual que en la intoxicación alimenticia, podemos incurrir en una intoxicación informativa (que algunos denominan “infoxicación”, fíjese usted).

De antemano me disculpo con usted, amable lector, puesto que esta columna pretende adentrarse en las entrañas profundas de los conceptos, algo que siempre nos cuesta manejar y digerir. Así, la “intoxicación” a la que me refería es latente en los abundantes debates, sesudas discusiones y proliferantes manifestaciones sobre la últimamente llamada «memoria democrática» (previamente denominada «memoria histórica», algo más acertada en teoría semántica, si bien tan poco sustanciosa en contenido como las leyes y gobiernos que la promovieron). Y, por desgracia, los poco inspirados autores de tal expresión olvidaron (curiosamente, puesto que hablaban de “memoria”) que la democracia, como sistema político, poquísimo o nada puede decir sobre la objetividad de lo acontecido en épocas pasadas, fueren éstas muy pretéritas o más recientes.

Y es que, en efecto, una forma de gobierno que pretenda dictar qué pensar, qué sentir, cómo interpretar o cuánto recordar respecto al pasado está rompiendo su competencia, es decir, no se dedica ya a gobernar sino a adoctrinar, ideologizar o imponer un pensamiento único –que es lo más contrario a la libertad que pregona el teórico ideal democrático–. Sin embargo, henos aquí, usted, yo y todos, inmersos en la discusión sobre una legislación abusiva que incide en el recuerdo de lo pasado. La democracia originaria no era la que actualmente se considera tras la definición de Lincoln (ya sabe, esa que dice que es “el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo”), puesto que en las ciudades-estado griegas donde se originó (principalmente en la Atenas del siglo V antes de Cristo), representaba la participación del ciudadano en la resolución de los asuntos cotidianos de la ciudad (porque para los asuntos extraordinarios se elegían especialmente a ciudadanos con poderes más omnímodos, casi absolutos); incluso esa condición de “ciudadano” no devenía directamente del lugar de nacimiento (como nuestra nacionalidad, previa a la ciudadanía por sangre), ni de la adopción (la ciudadanía por elección tras residir en un determinado lugar y cumplir los requisitos que la ley mandata a tal efecto), sino que era una oligarquía, estrictamente hablando: solo los ciudadanos con un determinado nivel económico podían hablar libremente en el ágora y tomar decisiones por votación (decisiones tan buenas o tan malas como las actuales, puesto que la corrupción, la demagogia –régimen contrario a la democracia, según Aristóteles– y la ignorancia siempre han estado presentes). Yendo más lejos, incluso me atrevería a decir, siguiendo teorías politológicas, que hablar de “democracia indirecta” es una prostitución de los principios de intervención y decisión ciudadana, ya que la “representación política” recuerda mucho al estar bajo tutela (los romanos dirían que estamos alieni manu, bajo otra mano, como los infantes, los incapaces jurídicamente de decidir y los privados de derechos cívicos). El principio de que “un hombre, un voto” (democracia directa) ha involucionado en el aberrante sistema D’Hondt a una representación de listas más votadas (democracia indirecta, donde no decide el ciudadano y no todos los votos valen lo mismo).

Perdón por el exabrupto… Respecto a la memoria, es una facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado (a decir del Diccionario de la RAE), o la capacidad del cerebro de registrar o conservar información y recuperarla voluntariamente (según el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico). Bueno… eso es teoría, aunque sí es cierto que es un ejercicio mental de retentiva, estimativa y cogitativa. Es, en principio, un acto unipersonal, que transciende a la persona cuando lo recordado o registrado afecta a la colectividad (esa «memoria colectiva» o incluso «memoria histórica»).

Lo que no puede ser jamás es la decisión política de qué hay que recordar y qué no. Ni siquiera, siendo estrictos, puede juzgarse como “bueno” o “malo” algo preterido, puesto que dependerá de la experiencia, sensación, sentimiento, aprendizaje y vivencia (personal o adquirida) que cada persona o conjunto de personas puedan decidir. Esta última frase no es óbice ni licencia para que actúe sobre la objetividad de un hecho histórico, ni para que pueda juzgarse con criterios posteriores (que es a lo que llamamos «historicismo», es decir, el error de juzgar con criterios éticos los hechos de edades pasadas, que vivían con una cosmovisión, planteamiento, pensamiento y circunstancias diferentes a las actuales).

Entonces, si sumamos que la memoria no depende de la ideología, y que la democracia no es competente para dictar qué recordar ni cómo hacerlo, ¿por qué insisten tanto en “vendernos” y obligarnos a comprar una «memoria democrática», que es en sí un absurdo? Fácil: por ideología, en pro de construir un presente diferente y un futuro distinto, no por libre decisión y consenso de aprendizaje sino por decreto dictatorial de quien ejerce en grado extremo la capacidad legislativa y ejecutiva (ya creo que Montesquieu ha de estar dando vueltas en su tumba, por la aniquilación y prostitución de la separación de poderes que propugnaba, pero eso es otro asunto). La ideología es nefasta, puesto que pervierte el pensamiento recto, la inteligencia sana, el juicio ponderado, la razón mesurada, para trastocar todo en conveniencia, apariencia y execración.

El recuerdo de los males pasados nos han de servir para evitarlos en lo venidero, y por ello es necesario emitir una condena (una damnatio memoriae, dirían los clásicos), por el mal ocasionado. Así, hemos condenado los totalitarismos que vulneran los derechos de los ciudadanos, sean aquellos llamados «nazismo», «nacional-socialismo», «fascismo», «comunismo», etcétera, sin dejar de lado la condena igualmente plausible a todo acto de terrorismo y a las ideologías perversas que los provocan (curiosamente, España es el único país de Europa que no ha condenado el comunismo, pese a la euro-orden que manda trasponer tal ley a nuestro cuerpo jurídico… ¿por qué será? Yo diré que es «memoria selectiva», plenamente antidemocrática).

Continuará…

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