Columna de La Reconquista | “El Estado, sin la justicia, es una banda de malhechores (I)”

Efectivamente, amable lector, ha acertado usted: la frase no es mía, sino de Agustín de Hipona (o San Agustín), y textualmente dice: “Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?” (“¿Qué son los Estados sin la justicia sino bandas de malhechores a gran escala?”). Por supuesto, cualquier parecido de la cita del siglo V con lo que vivimos actualmente no es una mera coincidencia… simplemente, no hemos entendido qué es la Justicia, y por ello hoy me propongo reflexionar sobre ello –sin pretensión alguna de aburrirle a usted–.

Si bien no es muy común recordarlo, tradicionalmente el término «justicia» designa, desde su más pleno desarrollo histórico, un valor o una virtud moral –así consta en su clasificación como una de las cuatro virtudes cardinales, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, buscando todas ellas la perfección de uno mismo, tanto operativa como entitativa–. La justicia es, además y por ello mismo, una parte de la moral, precisamente aquella parte que suele considerarse más propia de la sociabilidad humana, porque la justicia necesariamente y siempre implica una relación externa entre dos o más personas.

Quizá por ello mismo, la justicia –pese a su carácter distintivamente relacional y social– es de más difícil delimitación que otros conceptos, toda vez que a lo largo de la historia ha detentado diversos significantes y significados, de los que brotan –siendo muy breve en su exposición– cuatro concepciones distintas para su comprensión (señalando mi parecer sobre cuál sirve y cuál no).

Primariamente se presenta la justicia como una «virtud», una cualidad personal, la rectitud moral de un ser humano. Por ello mismo, la persona «justa» es aquélla que obra de manera recta, honesta y decorosa –siendo éste el sentido que damos al término cuando afirmamos, por ejemplo, que un gobernante, o un profesor, o un padre de familia, o cualquier otro individuo, es «justo»–. Este concepto de justicia es probablemente el más antiguo de todos, y se encuentra ex initio en textos religiosos como la Biblia –si bien el mismo libro afirma que al injusto las cosas le van mejor que al justo, cosa que tenemos en el Reino de España ya bien aprendido…–.

También en la antigua Grecia se manejó este concepto como virtud personal o rectitud. «En la justicia se halla contenida toda la virtud», afirma Teognis de Mégara, al que Aristóteles daba la razón, puesto que se practica con respecto a los demás y a uno mismo –de ahí que la justicia sea la virtud más importante–. En pro de sinceridad, he de afirmar que hoy en día este concepto, si bien ideal, resulta insatisfactorio, puesto que es demasiado amplio e impreciso, y como dice la propia lógica, nihil ex particulare

La segunda concepción identifica la justicia con la legalidad (o la conformidad con la ley). «El hombre injusto parece ser que es el que obra contra la ley», afirma el Estagirita en su Gran Moral. Éste es el concepto de justicia que manejamos cuando decimos, por ejemplo, que una sentencia judicial es justa porque se atiene a la ley. La tesis de que lo justo es lo exigido por la ley suele atribuirse al Positivismo jurídico. Así, Thomas Hobbes concibió ya la justicia como una virtud exclusivamente jurídica –o sea, derivada o dependiente del Derecho–. Teniendo en cuenta que esta virtud –siguiendo la definición de Ulpiano–, consiste en suum cuique tribuere (“dar a cada quien lo que le corresponde”), y dado que le corresponde al Derecho decidir qué es de cada uno, Hobbes deduce que una acción será justa cuando cumpla la ley o el Derecho, e injusta cuando lo vulnere. Este concepto de «justicia» como equivalente a «legalidad» es también insatisfactorio, porque, de hecho, las leyes pueden valorarse y juzgarse como «justas» e «injustas».

La afirmación de que una ley es injusta es bastante corriente, y no carece de sentido, como ocurriría si realmente «justicia» equivaliese a «legalidad». No carece de sentido porque las leyes a veces desatienden las exigencias de la moral –y por ello, en consecuencia, no puede ser la ley la medida o el criterio último de la justicia–. No creo necesario citar ejemplos de leyes «injustas», pero… ahí están la LOMLOE o la Ley Trans, o la Ley de Eutanasia, o del Aborto, o las legislaciones sobre políticas públicas, presupuestos… ¡caray, si sigo me aviento todo el proceso legislativo de décadas!

La tercera concepción de justicia es la que la presenta como «una especie de igualdad». Este concepto ya estaba presente en el pensamiento de Pitágoras, y es posteriormente desarrollado por el Estagirita. Así, Aristóteles distingue dos tipos de justicia particular entendida como «igualdad»: la distributiva –la que gobierna el reparto equitativo de cargos, honores, reconocimientos sociales, etcétera, y que rige las transacciones privadas– y la correctiva –que es también punitiva y sancionadora–.

De la misma forma, Aristóteles distingue los vocablos de «justicia» e «injusticia», para establecer después sus definiciones, declarando en qué género de obras se emplean y ejercitan, y aduciendo que: «Todos pretenden llamar “justicia” aquel hábito y costumbre que hace prontos a los hombres en el hacer las cosas justas y por la cual los hombres obran justamente y aman las cosas justas; y de la misma manera, pretenden llamar “injusticia” aquella costumbre que induce a los hombres a hacer agravios y a querer lo que no es justo». De esta manera, pues, la justicia es la virtud perfecta. Y esto implica radicalmente que la justicia no es una sola especie de virtud, sino una suma de todas las virtudes, y por ello su contraria, la injusticia, no es una especie de vicio, sino una suma de todo género de vicios (¡ojalá lo leyesen más de la mitad de las Cortes del Reino de España!).

La razón que anima a Aristóteles a concebir la justicia como igualdad es su tesis de que la virtud consiste en un término medio entre dos extremos viciosos –siendo la valentía, por ejemplo, el término medio entre la cobardía y la temeridad; o siendo la generosidad, el término medio entre la ruindad y la prodigalidad, etcétera–. Así, la igualdad es la esencia de la virtud de la justicia, porque lo igual es el justo medio entre dos desigualdades opuestas. Este concepto de justicia como igualdad es válido, pero insuficiente, porque las exigencias de la justicia van más allá de la simple igualdad.

Finalmente, la cuarta concepción de justicia es la que la entiende como ordenación correcta de la sociedad, conforme a las exigencias de la moral. Ya afirmé anteriormente que la justicia es una virtud social que afecta a la vida pública, y es por ello que la idea de justicia ocupa un espacio central en las teorías políticas –e incluso pasa por ser el principal valor social y político–.

Por ello, no basta con que las leyes sean correctas en lo formal o muy eficientes en lo económico. Si son injustas, deben ser corregidas o reformadas. La justicia social exige una correcta distribución de derechos y deberes entre los miembros de un grupo social. O sea, es el criterio moralmente correcto de ordenación de la competencia entre los ciudadanos por las ventajas de la vida social. Así llegaríamos a la conclusión de que «justicia es felicidad social».

En la mente y experiencia de quien suscribe, estimado lector, es a todas luces de innegable necesidad establecer la relación existente entre el Derecho y las convicciones socialmente compartidas que forman la moral política o pública ordenadora de la vida en sociedad. Sobre todas las teorías iusfilosóficas que se esbozan a lo largo de la historia, destacan dos puntos de vista básicos en esta relación: el iusnaturalismo y el iuspositivismo.

El iusnaturalismo (derecho natural, que ya, desgraciadamente, ni se enseña en universidades católicas siquiera) defiende la existencia de una relación estrecha y necesaria entre el derecho y la justicia, hasta el punto de que concibe la justicia como un rasgo esencial del derecho. El Aquinate afirmó que el derecho es el objeto de la justicia, es aquello de lo que la justicia se ocupa. Si el derecho es lo que concreta las exigencias de la justicia, podrá definirse entonces como «lo justo concreto», la solución justa para cada caso, y todo verdadero derecho tendrá como cualidad esencial la de ser justo.

En continuación con el pensamiento de Tomás de Aquino, hablar de «derecho injusto» equivaldría a incurrir en una contradicción terminológica, en un contrasentido, una auténtica paradoja. Un derecho injusto no sería verdadero derecho, sino meramente fuerza organizada, algo que de «derecho» tendía sólo la apariencia, la envoltura formal, y que nadie tendría el deber moral –obligación, si se prefiere– de obedecer (pero entre “paguitas”, “ayudas”, “prestaciones” y “subvenciones”, pocos se quejarán). Así también lo afirmó casi ocho siglos antes taxativamente Agustín de Hipona, con las palabras que inicié esta columna: ¿Qué son los Estados sin la justicia sino bandas de malhechores a gran escala? Podemos, sin duda, responder que, aparte del tamaño, nada los diferenciaría de una organización criminal que también tiene su estructura organizada y sus reglas de conducta, como lo son los cárteles de delincuencia organizada, de tráfico de personas, además de algunos partidos políticos y varios sistemas de gobierno de países hermanos, de cuyo nombre no quiero ahora acordarme….

CONTINUARÁ…

@LaReconquistaD

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