Columna de La Reconquista | Colonoscopia legislativa

No es broma. De manera enunciativa mas no limitativa, señor lector, propongo que realicemos una iniciativa de ley ciudadana (plenamente sustentada, fundada y motivada) que obligue a la realización de una «colonoscopia legislativa» –con sus ciencias auxiliares, como la «urología legislativa», «ginecología legislativa» y «patología legislativa», sin olvidar la «psiquiatría legislativa», claro está– a todas las Señorías de ambas Cámaras (vaya, las Cortes Generales) que hayan apoyado, promovido, votado o consentido cualquier proyecto de ley, real decreto, iniciativa, declaración, acta, proclama, dictamen o instrumento normativo que tuviere la más mínima apariencia de perjudicar a España, su prestigio y todos sus buenos ciudadanos.

No dude usted que agregaría un clausulado «inclusivo», que estipulare la ampliación del espectro de estudio (con carácter obligatorio) a todo integrante del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas que hubiere favorecido, sancionado y aplicado tales leyes –y desde 1983 hasta la fecha, para que se vea claramente que no hay afanes partidistas tras la propuesta que le sugiero–. Podría efectuarse a una muestra más amplia, no lo dudo, pero sería suficiente para empezar, total la ley podría modificarse posteriormente (ya conocemos precedentes muy amplios).

Por supuesto, en la iniciativa de ley ciudadana que le propongo estaría especificado de manera inequívoca en sus disposiciones generales el nombramiento de un auténtico «comité de expertos» en las áreas precitadas –pudiendo ampliarse con auxiliares en «oncología legislativa ovárica y prostática», nuevamente inclusivo–, nombramiento que sería transparente desde su inicio (un concurso de oposición público, donde cada candidato mostrase la fehaciencia de sus conocimientos en las materias aludidas) hasta la finalización de sus trabajos (que sería previa a la interposición de las correspondientes denuncias ante los saneados Tribunales competentes). Ah, perdón: el trabajo en tan digno comité no tendría remuneración alguna, puesto que servir a la Patria es un honor, no una profesión, y recibe la gloria del deber cumplido, no frívolas cantidades de vil dinero.

Albergo la esperanza de que pueda realizarse en forma ágil, breve y expedita, y cumpliendo todos los principios de legitimidad, universalidad, generalidad, perdurabilidad, transparencia y demás, adaptando mi propuesta incluso a la «digitalidad», «analogía» y «ecosostenibilidad», para la difusión de los descubrimientos colonoscópicos que fueren resultando cada jornada. Confío en que nadie pueda discrepar de ello, porque sería de insania y vesania oponerse a algo tan saludable y justo como la correcta ordenación, estructuración y corrección de cuanto afecta al bien común –o bien público temporal, como desee usted–.

Sin duda alguna, con un Comité de reputación tan acreditada y de tan alta envergadura científica, legal y práctica, creado ex professo para esta «colonoscopia legislativa» no cabría posibilidad de oponerse pruebas en contra ni recursos dilatorios en presuntas apelaciones que pudieren contravenir cuanto los antedichos estudios arrojasen –es decir, comisión, permisión o cooperación en delitos de alta traición, fraude, corrupción, dolo, etcétera–, por lo que el paso subsiguiente no podría ser otro que substanciar el descubrimiento de tales ilícitos colonoscópicos ante los ya saneados Tribunales competentes, para su debido enjuiciamiento –con todas las garantías y derechos humanos, sin duda alguna–. El auxilio de la ciencia jurídica nacional e internacional lograría que ni un solo caso pudiese ser descartado, desechado o sobreseído, ya que las más depuradas técnicas y estrategias de litigación, exhibición de pruebas y testimonios, amén de periciales diversas, tendrían un carácter tan inconcuso que solo podrá haber una sentencia: condenatoria.

¿Le parece excesivo, señor lector? A mí, desde luego, no, y en nada afecta a mi opinión el hecho de que sea promovente de esta actuación. Al contrario, creo que al garantizar y velar por los derechos humanos de todos los imputados, se les está concediendo lo que ellos no han otorgado a las víctimas de sus actuaciones –ni a España, ni a sus territorios, ni a su prestigio, ni a sus ciudadanos–, puesto que han actuado desde la violencia abierta con el “blanqueamiento” de terroristas y traidores (equiparo a la ETA, a la OTA y a la de más allá, a las raleas separatistas, separadoras y sepasumadre) hasta la violencia soterrada del terrorismo social y económico (con degeneradas leyes educativas, asesinas leyes de eutanasia, sexualidad y aborto, nefastas y suicidas leyes impositivas, fiscales y tributarias, etcétera). Añado la ignorancia (que no puede eximir en modo alguno a los demasiado bien ya reputados imputados) como agravante, y solicitaría la aplicación más estricta y rigurosa de la ley, sin beneficio penitenciario alguno hasta el cumplimiento íntegro de las sentencias firmes ejecutoriadas (sin contravenir el Pacto Internacional Contra las Penas Inhumanas, Crueles o Degradantes, puesto que todo sería en cabal justicia), mandatando que tales penas sólo podrían ser la restitución íntegra de todo lo robado, defraudado o malversado, así como el cumplimiento de pena privativa de libertad por novecientos noventa y nueve años y noventa y nueve días, toda vez que no existe cadena perpetua en nuestra benévola Nación, además de la reparación posible de todo daño, patrimonial o extrapatrimonial, causado a todo ciudadano, lugar, patrimonio histórico y artístico e institución (ante los actos de imposible reparación se aumentaría la pena en tres cuartas partes más, como, quizá, ante sacrílegas exhumaciones, blasfemas demoliciones, etcétera)–.

Discúlpeme, señor lector, quizá me emocioné dictando sentencia, cuando no me compete actuar como resolutor, ya sabe usted que no es posible ser juez y parte. Permítame retomar el hilo, que no era otro sino la exhaustiva e íntegra, ecológica, transversal, inclusiva, ecosostenible, digital, analógica y democrática «colonoscopia legislativa». Es de imperiosa necesidad, es de abrumadora lógica, es de beneficiosa salud democrática, es de coherente actuación de una «democracia plena y consolidada» –así dicen las cargas públicas, perdón, los cargos públicos–. Por ello, no he de extenderme más, excepto para aclarar que había olvidado comentar a usted que dicho proyecto de iniciativa de ley ciudadana sería aprobado por referéndum vinculante del pueblo español, sin pasar previamente por las Cámaras, al ser las sindicadas como imputadas o testigos de la imputación.

¿Cuénto con su firma? Solo así lograremos frenar el declive sinfín de un desgobierno tan atroz como el que está asesinando España. Me reitero a sus apreciables órdenes, para que muchos españoles nos pongamos directamente manos a la obra. Todo por España, todo para España.

@CondestableDe

@LaReconquistaD

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