Colau usó más de 5,2 millones de euros de los fondos Covid en publicitar su gestión, fomentar el uso de la bici y fomentar la transición energética

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, destinó más de 5,2 millones de euros de los fondos para hacer frente a la pandemia en publicitar su gestión, fomentar la transición energética y el uso de la bicicleta en 2020.

Así lo indica el informe del Tribunal de Cuentas sobre:

«La fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el covid-19».

CONTRATOS ADJUDICADOS

Colau adjudicó 6 contratos para diversas campañas de comunicación entre marzo y mayo de 2020 por un total de 1.746.546,40 euros, IVA excluido

Usó como justificación para tramitar de emergencia dichos contratos la necesidad de comunicar a la ciudadanía información sobre:

  • Las acciones realizadas vinculadas al covid.
  • La reactivación económica, cultural y social.
  • Cómo la pandemia afecta los servicios habituales prestados por el Ayuntamiento.

No obstante, el Tribunal de Cuentas ha declarado que en la documentación justificativa aportada:

«No se detallan suficientemente las necesidades inmediatas que era preciso atender ni las prestaciones contratadas para ello ni el contenido específico de los mensajes de comunicación, si bien en el trámite de alegaciones el Ayuntamiento ha concretado el contenido de los mensajes de comunicación, todos ellos directamente relacionados con las medidas tendentes a hacer frente a la situación causada por el COVID-19».

Adjudicó otros 5 contratos por importe de 1.910.416 euros, IVA excluido, para la ejecución de «actuaciones del espacio público y movilidad en el marco del COVID-19»

Según el Ayuntamiento de Barcelona:

«Las actuaciones de emergencia tenían como finalidad garantizar la salud pública en el desplazamiento de viajeros por la ciudad, garantizando, a su vez, un desplazamiento eficaz, saludable y sostenible».

Entre dichas actuaciones, concretaban medidas como las siguientes:

  • Fomentar el desplazamiento a pie.
  • Implementar medidas de mejora y espacio seguro en el transporte público.
  • Fomentar los desplazamientos en bicicleta .
  • Favorecer la transición energética y compartida de la movilidad privada.

El Tribunal señala en su informa que:

«No consta suficientemente acreditada la relación de las obras contratadas con las medidas necesarias para hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19, ni que las mismas se limitaran a lo estrictamente indispensable para atender esa necesidad».

Y añade:

«El fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta persigue un cambio en las conductas de los ciudadanos cuya consecución no está demostrado que sea esperable en el corto plazo de la emergencia planteada por la pandemia de COVID-19; la transición energética y el uso compartido de la movilidad privada no guardan relación alguna con la protección de las personas frente al COVID-19, o, incluso, pueden resultar contraproducentes para tal fin».

Colau adjudicó también otros 8 contratos de obras relativos a actuaciones del espacio público y movilidad por un importe de 1.297.257 euros, IVA excluido.

El Tribunal de Cuentas ha indicado también que:

«No consta justificación de que no fuera posible atender a esta necesidad utilizando procedimientos ordinarios o negociados por imperiosa urgencia en lugar de la tramitación de emergencia».

Finalmente, destinaron 286.000 euros en otro contrato para realizar una campaña publicitaria de dinamización del sector hostelero y de restauración

COLAU, IMPUTADA

Cabe recordar que Colau ha sido imputada esta semana por presuntas irregularidades al conceder subvenciones a entidades a las que perteneció antes de llegar al Ayuntamiento.

Ha sido citada para declarar como investigada el 4 de marzo acusada de malversación, prevaricación y tráfico de influencias

Por su parte, Colau se ha negado a dimitir y ha asegurado no haber cometido «ninguna irregularidad» en la concesión de ayudas. A pesar de que el Código Ético de su partido indica que los cargos electos deben renunciar inmediatamente de ser imputados judicialmente por delitos relaciones con la corrupción, prevaricación, tráfico de influencias o malversación.

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