Ciudadanos Logroño propone un censo de los edificios con estructuras de amianto de la ciudad

La concejal del grupo municipal Ciudadanos, Rocío Fernández, ha demandado al equipo de Gobierno del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza «cumplir la Ley y redactar un censo de los edificios públicos y privados que cuentan con la presencia de estructuras de amianto en Logroño»

Fernández ha resaltado que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados -en vigor desde el pasado 10 de abril- contempla una disposición adicional específica referida a las instalaciones que contienen amianto.

Asimismo, la edil ha puntualizado que la UE ha instado a los Estados miembros a erradicar el amianto de los inmuebles.

Rocío Fernández sostiene que “la retirada del amianto de los edificios es una cuestión de salud pública, ya que se trata de un material con una vida útil de entre 20 y 25 años, pero después su descomposición puede generar importantes problemas de salud”.

Los estudios apuntan a que el polvo de fibras de amianto puede ser inhalado por personas y animales y provocar a futuro diferentes tipos de cáncer

Fernández ha recordado que en julio de 2021 presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño solicitando al equipo de Gobierno “que actuara con tiempo y previsión, iniciando el inventario de edificios con presencia de amianto de forma previa a la aprobación definitiva de la Ley”.

Fernández ha precisado que “aquella moción fue rechazada por PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano, lo que implica que, a día de hoy, Logroño haya perdido un año entero en la tarea, ahora obligatoria por Ley, de proceder a la retirada del amianto de los inmuebles”.

La concejala del grupo municipal Ciudadanos adelanta que la moción que presentará en el Pleno de Mayo demanda la elaboración de un inventario de todos los inmuebles públicos y privados de la ciudad de Logroño que contengan amianto, para su catalogación y diagnóstico, en el plazo que establece la Ley 7/2022.

El empleo y utilización del amianto está prohibido en España desde 2021, pero no así su retirada, que desde la aprobación de la nueva Ley debe producirse por parte de los Ayuntamientos en las instalaciones de carácter público antes de 2028, previo inventariado presentado antes del 10 de abril de 2023”.

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