Cifras y verdades de una “pandemia” liberticida

La Asociación de Abogados “Eleutheria” ha realizado una investigación exhaustiva para compilar los principales datos y cifras presentados por el Gobierno, la Administración Pública y las páginas oficiales de diferentes instituciones públicas, con la finalidad de presentarlos en forma escueta y sintetizada a todos ustedes.

Por ello, en primer lugar, se destaca que la supuesta gravedad de la enfermedad, para adoptar las gravosas e intensas medidas limitativas para la población, se basa exclusivamente en contagiados (y no en hospitalizados o fallecidos). Obviamente, la gravedad de una enfermedad no puede medirse exclusivamente por contagiados. Los datos oficiales (omitidos por la Administración) reflejan, sin ninguna duda, una situación carente de gravedad.

A tales efectos, nos limitamos a recoger los datos del Ministerio de Sanidad actualización 529, del 23 de Diciembre de 2021, y del MoMo del Ministerio de Ciencia e Innovación, como pueden consultarlo en las páginas correspondientes cuyo enlace se anexa: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_529_COVID-19.pdf y https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

Es indiscutible, por tales datos, corroborar que se parte exclusivamente de contagiados (independientemente de la ineficacia de las PCR), obviando los fallecidos y hospitalizados, así como los porcentajes de fallecidos por covid en el total de defunciones. Según los datos oficiales, en la semana del 15 al 22 de Diciembre de 2021, murieron por COVID 291 personas; no obstante, en ese mismo período de tiempo, fallecieron 10.674 personas. Ello quiere decir que los fallecidos por COVID-19 representan únicamente un 2,7% del total.

A su vez, en el período entre el 8 de Octubre de 2021 al 12 de Diciembre de 2021 (datos recogidos en la última actualización del Ministerio de Sanidad de 23/12/21), consta que han fallecido por COVID un total de 977 personas (de las cuales 829 estaban vacunadas y 148 no vacunadas); ello supone que el 84,85% de los fallecidos por COVID-19 estarían vacunados y el 15,14% no vacunado. Pese a al dolor que implica cada fallecimiento, objetivamente esas cifras en el total de la población resultan irrelevantes (977 muertos significa, sobre el total de la población, un 0,002%).

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en el periodo del 8 de Octubre al 12 de Diciembre de 2021 se han contagiado un total de 301.634 personas (de las cuales 238.634 estaban vacunadas y 52.435 no vacunadas). De ellos han sido hospitalizados 11.362 personas, lo cual representa un 3,7% del total. Esto quiere decir que de todos los contagiados (único dato contemplado para justificar la gravedad emergencia) sólo se ha hospitalizado un 3,7%, lo cual significa que de todos los contagiados un 97% no han requerido de hospitalización.

Por ello, es inconcuso afirmar que no cabe hablar de situación grave que exija las terribles medidas que se están adoptando (en cuanto a las restricciones de libertades, las imposiciones de reglamentaciones y campañas de “vacunaciones”) cuando sólo se hospitaliza el 3.7%. Y en cuanto al parámetro de los fallecidos (principal criterio para evaluar la emergencia o gravedad), también ocultado por la Administración, de los contagiados por COVID-19, sólo fallece el 0,3%(correspondiendo el 0,2% de los mismos a personas no vacunados y 0,3% a las personas vacunadas).

En segundo lugar, se ha de decir clara e inequívocamente que las medidas adoptadas carecen de todo sustento probatorio, ya que no resulta acreditado que las personas computadas como “positivos” estén realmente infectadas del virus del SARS CoV-2. Bien sabemos que todas las decisiones de esta pandemia, se basan exclusivamente en las PCR, las cuales resultan manifiestamente insuficientes para acreditar estar infectado del SARS CoV2. El propio Ministerio de Sanidad ha tenido que reconocer la ineficacia de las PCR para acreditar el hecho de estar infectado del SARS CoV-2.

De la misma forma, es gravísimo que la Administración no ha podido demostrar que ninguna persona de las computadas como “positivas” están realmente infectadas del SARS-CoV-2 (enfermedad que supuestamente ha generado una pandemia).

Finalmente, ha de decirse que el Certificado Covid carece de cualquier utilidad como medida tendente a evitar el contagio, así como que el objeto de estos “medicamentos” inoculados no es evitar el contagio o transmisión, tal y como resulta de la información que consta en la Agencia Europea del Medicamento, y que es también la opinión de los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas, en informe emitido en el seno del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo dicho, no se puede perder de vista el que en realidad no se trata de una “vacuna”, sino de un “medicamento génico en fase experimental”, de efectos adversos desconocidos.

Hemos de concluir, lastimosamente, que repugna al sentido común forzar la libertad individual para administrar un medicamento en fase experimental, como lo están haciendo la Administración Central y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, poniendo en grave riesgo a toda la población que, de buena fe, y muchas veces manipulada por los medios de comunicación social, cree los mensajes erróneos de la Autoridad que promueve estas nefastas políticas sanitarias.

@LaReconquistaD

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.