Cayetana Álvarez de Toledo recurre por inconstitucional la sanción que le impuso el PP al no apoyar la renovación del TC pactada con PSOE-Podemos

Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz del PP en el Congreso, ha recurrido por inconstitucional la sanción de 500 euros impuesta por su propio partido por no haber apoyado a los candidatos elegidos para renovar el Tribunal Constitucional por el pacto PP-PSOE-Podemos, desmarcándose así de las directrices del partido.

Este recurso fue presentado el día de Reyes.

Según indica Europa Press, en el documento Álvarez de Toledo señala que la multa infringe dos artículos de la Constitución.

Por una parte el 67.2 que indica:

«Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».

Y por otra el 79.3, que a su vez dice:

«Que lo ratifica cuando advierte que el voto de los diputados y senadores es personal e indelegable».

Finalmente declara que:

«La jibarización del diputado, la supresión de su libertad y su total sometimiento a la disciplina partidista es constitucionalmente inadmisible y deletérea para la salud parlamentaria porque termina por reducir la democracia representativa, que la propia Constitución ampara y organiza, a un conjunto de muecas».

Argumenta que esto es lo que ha dado por hecho el Consejo de Dirección del PP al sancionarla:

«Que los diputados estamos sujetos a mandato imperativo siempre y en toda circunstancia, incluidas las votaciones secretas, que no tenemos criterio ni margen de autonomía o libertad y que sólo estamos para expresar con la voz o el gesto -apretar un botón verde, rojo o amarillo- las consignas de la dirección del partido». «Que somos un ejército de clones sin conciencia, al servicio de cúpulas cada vez más cesaristas».

«VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD»

El recurso señala además que los estatutos del partido para el Grupo Parlamentario «no se ajustan» a la regla universal que indica que «nadie puede ser condenado sin una ley que de forma pública tipifique su conducta como punible» puesto que «nunca» han sido publicados de ninguna forma que haya permitido asegurar el conocimiento de una norma jurídica, ni siquiera por los destinatarios específicos, en este caso, los diputados del PP:

«Los Estatutos están velados por el secretismo. No son de libre acceso y tampoco nadie ha facilitado a los diputados un ejemplar autenticado».

Álvarez de Toledo denuncia haber sido «imputada y amenazada de sanción» en virtud de una norma que en el momento de adoptarse era «secreta»:

«La circunstancia de que los estatutos no hayan recibido la publicidad basta para sostener la conclusión de que carecen, en rigor, de exigencia legal y, por supuesto, de fuerza coercitiva. Por tanto, todo lo actuado en este caso -desde el acuerdo de incoación del expediente hasta la resolución sancionadora- es radicalmente nulo».

Además, añade que los estatutos adolecen de «vicios» que impide considerarlos como una norma jurídica válida al infringir entre otros, el principio de «igualdad de armas» en cuanto a los plazos permitidos para actuar de instructor y expedientado.

Señala también que esto supone también «una violación del artículo 24 de la Constitución«, que habla del:

«Derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimo, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

Otro «vicio de inconstitucionalidad» de los estatutos nombrado por Álvarez de Toledo ha sido que no se respeta el principio de proporcionalidad puesto que no hay diferencia entre la sanción correspondiente a faltas graves -como es su caso- y las muy graves.

En ambas la multa es de 500 a 700 euros

«Inexplicable».

GRAN DESPROPORCIÓN

Álvarez de Toledo ha criticado que en su caso «la desproporción es todavía mayor» puesto que recibió la notificación de la resolución en plena fiesta navideña, concretamente, el 30 de diciembre a las 22:30:

«¿Falta de tacto o voluntad de provocar la indefensión?»

Ha cuestionado también el hecho de que no votar en el Pleno una iniciativa del PP se sancione con una multa de 300 euros y sin embargo, no respetar la disciplina de grupo en las votaciones en el Pleno, se sancione con entre 500 y 700 euros:

«Incluso cuando esa acción se traduce, como en este caso, en un voto en blanco cuyos efectos prácticos son idénticos a los de una omisión».

Finalmente ha vuelto a denunciar que la posición del PP ante votaciones «importantes» como la que ha resultado su sanción, no fue definida en reunión previa con los diputados.

Algo que marcan los estatutos

Resume que:

«La realidad es que sólo hubo ordeno y mando».

Y remarca que:

«En estas condiciones ningún diputado puede ser sancionado».

COHERENCIA IDEOLÓGICA

Álvarez de Toledo recalca en el documento -como ya hizo en su escrito de alegaciones- que emitió su voto en blanco «en estricta coherencia ideológica» con las líneas básicas y principios del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones de abril de 2019. Y también, con la «línea política» marcada por los actuales líderes del partido.

Ha recordado que dicho programa defendía la despolitización de la justicia y el fortalecimiento de las instituciones

«El voto en blanco es una decisión que reivindico y que no puede ser objeto de sanción sin caer en graves contradicciones internas y externas. Sancionarme supondría vulnerar la Constitución y los procedimientos legales, incumplir los vigentes estatutos del grupo, socavar la autonomía del diputado, frustrar la regeneración democrática e impugnar el ideario del PP».

Añade que «nada, tampoco una multa» la convencerá de que existe una contradicción entre defender la despolitización de la justicia y emitir un voto en blanco en el marco de un pacto que «politiza» el Tribunal Constitucional.

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