Desalojado. Tras más de una década okupado, en el edificio de la calle Francisco Largo Caballero número 26 ubicado en Alcobendas (Madrid) ya no viven okupas. Un impresionante despliegue policial ha conseguido desalojar a los okupas que hace tan sólo unos días habían recibido la orden judicial para abandonar el edificio. Esta madrugada los antidisturbios han entrado al edificio y en tan sólo cinco horas han conseguido echar a los okupas. Durante la intervención se han vivido momentos de tensión ya que los okupas han insultado y amenazado a los agentes. La operación se ha saldado con dos detenidos.
Los antidisturbios de la UIP de la Policía Nacional han procedido al desalojo judicial de 62 familias okupas que llevan residiendo de forma ilegal desde hace 13 años en cuatro portales, correspondientes al número 26 de la calle de Francisco Largo Caballero de Alcobendas (Madrid), a poca distancia de la exclusiva urbanización de La Moraleja. Han participado 20 furgones de la UIP más agentes de la comisaría de Alcobendas y de la Policía Municipal que han acompañado a la comisión judicial durante el desahucio.
Para agilizar los desalojos se han cortado al tráfico dos manzanas y en el lugar permanecen también varias unidades de Protección Civil por si hubiera que atender alguna incidencia; de hecho, una de las vecinas desalojadas ha sufrido un desvanecimiento.
Durante el desalojo han sido detenidas dos personas. Una de ellas es una mujer de 54 años que llevaba tiempo escondida en el edificio, ya que tenía una reclamación para entrar en prisión por tráfico de drogas. En el momento del arresto llevaba ocultos 200 gramos de cocaína en la zona genital. El otro capturado es un varón que tenía una orden de detención y antecedentes por malos tratos.
Los desalojados se han quejado de la «violencia policial» con la que se ha producido el desahucio, ya que dicen que los agentes han entrado «por la fuerza» rompiendo puertas y que les han tratado «como a perros». José Manuel Barroso, abogado de muchas de las familias afectadas, ha explicado a EFE que el edificio estaba vacío cuando los inquilinos lo okuparon, y que muchos han tratado de encontrar una alternativa habitacional.
La gran mayoría de los moradores de estas viviendas son personas de origen marroquí y de clanes familiares étnicos. En varias viviendas, según las investigaciones policiales, se trapichea con droga. De hecho, en los trasteros de uno de los bloques se han descubierto estos días restos de cannabis y tiestos empleados para su cultivo con hojas frescas de esta planta. La propia compañía eléctrica cortó hace tiempo el suministro debido a un consumo desorbitado vinculado al cultivo ilegal de marihuana. Los moradores, sin embargo, volvieron a engancharse de forma clandestina.
En los inmuebles todo está lleno de suciedad y destrozado. Caminar por las escaleras es muy complicado, debido a que faltan pasamanos y muchos peldaños están rotos. Los vecinos de bloques próximos aseguran que estos edificios son un foco de inseguridad e insalubridad. La empresa promotora de estas viviendas quebró en 2009 y quedaron vacías. Fue entonces cuando comenzó su okupación. Los actuales propietarios del edificio llevan varios años litigando para recuperar las viviendas.