Ayuso abre la puerta a negociar leyes y financiación con Vox para conseguir su apoyo o abstención en los presupuestos

La presidente madrileña ha dicho que a su partido le vale con cuatro abstenciones, pero es obvio que Vox no está dispuesto a cederlas a cambio de nada.

El Gobierno de la CAM tiene a su disposición 23.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia para la región.

El partido de Rocío Monasterio ha mantenido en las últimas semanas conversaciones discretas a dos bandas con los consejeros de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y de Presidencia y Justicia, Enrique López, pero no se ha llegado a cerrar ningún acuerdo.

Al primero, Vox le ha planteado sus exigencias sobre cómo «redirigir el gasto a lo que de verdad importa». Con el segundo se ha hecho lo propio sobre las ideológicas, siendo la demanda prioritaria es la derogación de la normativa autonómica que «protege» al colectivo LGTBI.

Ayuso se ha mantenido al margen de esas mesas de diálogo que hasta ahora han quedado en nada.

Lasquetty ha sido claro con respecto a la negociación:

Como es lógico, Vox ha hablado de propuestas y nosotros estamos abiertos al acuerdo teniendo en cuenta que es un acuerdo que no puede consistir en que un grupo de 65 diputados asuma todo lo que dice un grupo de 13 diputados y deje de hacer lo que cree el grupo que votaron mayoritariamente los madrileños…

Para eso estamos negociando con nuestra mejor actitud; no llevamos líneas rojas y buscaremos el entendimiento

En el Ejecutivo autonómico están esperando a que Vox les traslade una propuesta concreta con sus peticiones a cambio del apoyo a los Presupuestos, que, por lo visto, aún no ha sido enviada. Su aceptación, ya sea parcial o total, tendría que hacerse vía enmiendas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

Monasterio, por su parte, argumenta que tampoco han puesto límites infranqueables para un acuerdo en su partido. Pero que la negociación no puede limitarse sólo al contenido de las cuentas y que tienen que darles «algo» de lo que solicitan tanto en el plano económico como en el ideológico. Es importante destacar en este sentido, que Ayuso se ha mostrado partidaria de «mejorar» las leyes LGTBI, eliminando aspectos como la inversión de la carga de la prueba -que sea el acusado quien demuestre su inocencia-. Es ese detalle claramente anti constitucional el que cita Vox cuando reclama que se deroguen dichas normas.

Más difícil encaje tiene la exigencia de gratuidad total en las etapas de educación no obligatoria -Infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP-, descartada por el Gobierno regional con el argumento de que tendría un coste de 760 millones de euros al año haciendo un cálculo «conservador».

Rocío Monasterio, sin embargo argumenta:

Aquí hay muchos recursos que se van a cosas que no son fundamentales, a campañas de cambio climático, de igualdad, a chiringuitos donde colocan a políticos… y ésa es la grasa que tenemos que reducir para estar en lo prioritario.

En el equipo de Vox sugieren también que se aparquen dos de los anuncios que hizo la presidenta en su discurso de investidura. Uno es la reducción de la ratios de alumnos por aula y otro el de las ayudas a la maternidad a mujeres de hasta 30 años. Para Vox Madrid lo ideal sería destinar ese dinero a financiar la educación privada gratuita.

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