Casi 100 días después de las elecciones arranca el nuevo Gobierno catalán. Pere Aragonès se convierte en el undécimo presidente de la Generalitat.
La agenda política del nuevo Gobierno es plenamente independentista, pero con cautela y posibilismo. Las CUP ya está amenazando con sabotear la gobernabilidad si Aragonès no cumple con los compromisos adquiridos con la causa separatista.
En estos momentos Aragonés tiene el apoyo de 74 diputados independentistas- 33 de ERC, 32 de JxCat y 9 de la CUP- es decir, 6 diputados por encima de la mayoría absoluta del parlament fijada en 68 parlamentarios.
Duras negociaciones y creación de la ‘mesa de diálogo’.
Han sido meses de tiranteces, rupturas, discusiones y enfrentamientos que han estado cerca de acabar en una repetición electoral.
La legislatura estará marcada desde los inicios por la moción de confianza que ha exigido la CUP. Esto es establecer una mesa de diálogo que evaluará los avances conseguidos y a conseguir.
La mesa de diálogo es la vía elegida para conseguir un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno de España, que hasta ahora ha negado la posibilidad de un referéndum. La decisiva rendición de cuentas se llevará a cabo dentro de dos años.
«Estaremos en la oposición si se desdice del acuerdo o claudica ante el Estado». Estas han sido las palabras de Carles Riera en la intervención de la CUP, asumiendo que votan a Aragonès con poca fe.
Riera ha clamado contra el capitalismo, el patriarcado y el «fascismo», recordando a Aragonès que si se quieren cambios radicales en Cataluña no se trata de dar estabilidad al sistema, sino de desestabilizarlo.
La hora de la verdad.
Llegados a este punto, solo pueden darse dos situaciones.
Si los independentistas catalanes cumplen su programa independentista y fuerzan al Gobierno de España a celebrar un referéndum independentista en Cataluña, se llegaría finalmente a un punto de no retorno tanto en Cataluña como en el resto de España.
Pedro Sánchez tendría que elegir entre asumir el referéndum separatista- el cual seguramente rompería definitivamente el PSOE en dos y le haría perder muchos apoyos- o negarse en rotundo al referéndum y perder el frágil apoyo independentista gracias al cual gobierna España.
Lo cierto es que la propia Constitución Española exige una casi imposible mayoría de 2/3 para celebrar tamaña consulta vinculante. Consulta que ni siquiera es constitucional si se celebra exclusivamente en Cataluña, pues rompe con el principio de soberanía nacional española. Por lo que esta opción, en principio, ni siquiera es factible para Sánchez.
En cualquiera de los dos casos, parece que un gobierno de izquierdas en España dejaría de ser viable a medio plazo.
Si las cosas van por otro derrotero y ERC y/o JuntsxCAT renuncian a la hoja de ruta con la que se han comprometido, pierden el apoyo de las Cup. Habría una nueva ruptura de gobierno en Cataluña y nuevas elecciones.
Los partidos independentistas caerían definitivamente en el descrédito entre su electorado. Tendrían ya muy complicado seguir con la misma retórica separatista y compromiso con el procés mantenidos en la última década.